El viernes 17 de marzo Ricardo Bottega (60) ingresó en un pozo de bombeo de la localidad de Blaquier y no volvió a salir a la superficie. Nicolás Sánchez fue el bombero que llegó como parte de la primera dotación, en respuesta al llamado del responsable de la planta cloacal. A poco de bajar, se descompensó también. En una cadena de rescate, lo mismo les sucedió a Juan Ramón Sánchez (padre de Nicolás), Mateo Pellegrino, Carlos Renger y Alejandro Centeno. Para el pueblo bonaerense de 800 habitantes, las seis muertes representan la mayor tragedia de su historia. Al momento, la carátula de la causa es “averiguación de causal de muerte”. Mientras la Justicia investiga, a de 15 días del hecho que azotó al partido de Florentino Ameghino, las familias de los fallecidos tratan de entender qué sucedió.

Como era frecuente hace más de dos décadas, Bottega había sido contratado por el municipio para hacer tareas de mantenimiento de bombas. Ese día, debía cambiar las guías del sistema que estaba ubicado en el lugar llamado El Cigarro. Dado que el agua de Blaquier tiene mucha concentración de salitre y suele dañar más rápido los materiales, tareas como esas se solían hacer con cierta regularidad. Las varas de metal que aquella misma mañana quitó el bombista, servían para elevar la bomba desde el fondo a la superficie. Por eso, para realizar el recambio, desagotó previamente el pozo.

“Alrededor de diez horas el pozo estuvo vacío. Sin agua, el escaso remanente de desechos que había quedado fermentó y se generaron gases tóxicos. Por eso, cuando bajó por segunda vez a la tarde, se descompensó. A la mañana nada de eso había pasado todavía”, contó a LA NACION Guillermo Bottega (35), hijo del primero de los fallecidos en el pozo cloacal de Blaquier.

Bottega es un apellido que en la zona de Florentino Ameghino se asocia hace muchas décadas con los molinos y las bombas. Además de Ricardo, muchos en la familia eran reconocidos por el oficio. Así como él y sus hermanos habían aprendido el oficio de su padre, su hijo lo aprendió también de él. Por eso, no solo el fallecido conocía el lugar; su hijo también. “Esa bomba manda agua a una laguna. El pozo tiene 6 metros de profundidad y un diámetro de 2,5 metros. Los gases se produjeron ahí en el fondo, según nos explicaron”, dijo Guillermo.

Para Bottega (hijo), el trabajo no implicaba ningún riesgo; por eso no logra explicarse bien lo que sucedió. “El pozo estuvo mucho tiempo sin agua y en ese lapso los gases se concentraron. Estos pozos, sin embargo, suelen tener salidas para los gases; no sabemos si estaban funcionando bien”. Pese a que muchos en el pueblo comentaron que el problema podría haber sido eléctrico, el bombista aclaró que es imposible: “la bomba había quedado arriba”.

“Averiguación de causal de muerte”

“La fiscalía le solicitó al municipio los documentos que demostraban la relación contractual con el bombista que estaba a cargo de los trabajos, entre otros oficios que también expidió”, sostuvo el intendente de Florentino Ameghino, Nahuel Mittelbach. “Por otra parte, algunos funcionarios se presentaron espontáneamente para prestar declaración”, señaló.

La justicia penal está trabajando para esclarecer el hecho. Martín Hugo Laius, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) 8 del Departamento Judicial de Junín, es el fiscal que está a cargo de la investigación. Hasta este momento, la carátula de la causa es “averiguación de causal de muerte”.

Además de los peritajes que se hicieron horas después de la tragedia, la semana pasada la Policía Federal (PFA) realizó también algunas tareas investigativas. “La división especializada en químicos de la PFA realizó peritajes en el lugar”, señaló el intendente. “Entendemos que los resultados van a estar en los próximos días. Cuando tengamos acceso a la causa conoceremos qué dicen”, indicó.

Luego de la instancia penal por las seis vidas que se llevó El Cigarro, probablemente haya demandas civiles. “Obviamente el municipio, como desde el primer momento, va a estar a disposición de la Justicia para aportar todo lo que se requiera“. Respecto a la consulta sobre si había algún seguro contratado, el municipio señaló que todos los empleados municipales tienen un seguro de Accidente de Riesgo del Trabajo (ART), pero el caso de Bottega era diferente: “No estamos hablando de un empleado, sino de una persona que prestaba servicios como un tercero. El municipio, en esas situaciones, no es la parte obligada a la contratación del seguro”, manifestó.