El impuesto a las Ganancias, ahora bautizado como Impuesto a los Ingresos Personales, el que más molesta a los asalariados formales, ha cavado una grieta entre los gobernadores. Pero, más allá de esta disputa concreta, hay que reconocerle a la política argentina una enorme virtud: siempre encuentran consensos a la hora de subir los impuestos.
El punto de desencuentro ha trazado una teórica división que podría resumirse en una consigna: los mandatarios del Norte contra la liga de los Sur, con Buenos Aires en una posición híbrida. ¿El motivo? Unos, los de arriba, insisten para que el menor salario bruto alcanzado por ese impuesto sea el más bajo posible mientas que los otros pujan por un monto mucho más grande. El gobernador bonaerense es el “distinto”: no quiere que nada cambie influenciado por la cuestión ideológica.
El punto de discordia es el siguiente. En el Norte tiene una estructura laboral muy distinta donde el universo de los alcanzados por la reposición del impuesto no es tan alta mientras que, en el Sur, el mercado laboral es distinto y sí hay una porción importante que volvería a tener que tributar. Preguntará el lector qué pasa con Buenos Aires. Pues no importa demasiado el contribuyente para el gobernador Axel Kicillof. Lo que rige sus movimientos es la mirada política. Dice que no hay que gravar el salario, pese a que jamás levantó esa bandera mientras era ministro de Economía de Cristina Kirchner, y además, no quiere deshacer aquella medida del cuarto kirchnerismo en campaña, cuando todo valía para entronar a Sergio Massa en la Casa Rosada.
El planteo se reduce en posiciones concretas. El Norte quiere Ganancias con el tope más bajo posible y el Sur pretende un menor salario bruto alcanzado mucho más alto. “Es el gran tema de desacuerdo entre los propios gobernadores. De acuerdo a lo que se acordó el viernes, las comisiones técnicas de Nación y provincias empezarán a debatir todos los temas pendientes tanto de la nueva “Ley Bases” como del capítulo fiscal [que irá al Congreso como una ley separada]. Imaginamos que esto sucederá estos días como para que después de los feriados largos de Semana Santa se empiece a debatir en el recinto. Pero con todo acordado. Ganancias, donde hay muchas diferencias, es el gran tema a definir”, dijo una fuente oficial con acceso a las oficinas donde se debate el asunto.
De acuerdo al paquete que por ahora es borrador, el renombrado impuesto a los Ingresos Personales prevé que empezarán a tributar los asalariados que tengan un salario bruto de $1.250.000, o $1.053.000 en mano) para el caso de los solteros, mientras que quien tiene dos hijos menores de 18 años y cónyuge, tendrá un piso de $1.590.062 brutos, o lo que es lo mismo, un salario mensual de $1.393.000 de bolsillo.
No obstante, para conviviente, la persona en cuestión no debería superar como ingresos propios los $2.360.829 en todo 2024, según lo establece el proyecto. A su vez, la deducción por hijo podría hacerse si se trata de menores de 18 años o si están incapacitados para el trabajo. En el primer caso, la declaración produce que se descuente del ingreso un monto de $92.494 mensuales antes del cálculo del impuesto; en el segundo caso, lo deducible es de $184.988 mensuales.
Dentro del nuevo esquema de discusión que planteó el Gobierno con los gobernadores, y que formalmente empezó el viernes pasado con la reunión en la Casa Rosada que presidió en Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, la cuestión de Ganancias se posó fuerte en la conversación. De hecho, aquel viernes fue unánime el comentario en Balcarce 50 respecto de que la última palabra la tendrá esa comisión técnica y que seguramente, el monto final, será acordado por los mandatarios provinciales.
Quizá una anécdota sirva para ilustrar las posturas. Transcurría aquel encuentro y, en una charla, un gobernador se sinceró. Contó que en su provincia, apenas unos pocos miles eran alcanzados por el impuesto a las Ganancias, con lo cual, no era un tema que le preocupara demasiado. “Tengo unos pocos que pagan pero, sin embargo, que lo reestablezcan me genera una enorme cantidad de ingresos”, le dijo, palabras más, palabras menos, a su interlocutor. Y luego se explayó: “Me significa alrededor de 8% más de coparticipación”. De más está decirlo, pero el hombre habita en el Norte.
El esquema actual, el de la ley 27.725 aprobada por el Congreso en septiembre último y hasta ahora no reglamentada, rige desde lo percibido en enero, aunque en los últimos meses de 2023 y por modificaciones hechas por decreto, ya estuvieron vigentes reglas similares en lo referido, por ejemplo, a la manera de definir quiénes tributan y quiénes no.
Las reformas más recientes, impulsadas en plena campaña electoral por quien era ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa, llevaron a que muchos de los asalariados antes alcanzados dejaran de pagar el tributo, y a que la mayoría de quienes lo siguen abonando lo hagan con una modalidad de cálculo que fue modificada. Cuando se hicieron esos cambios, que tuvieron el voto favorable del presidente Javier Milei en su rol de diputado, no se previó una contrapartida por la caída de la recaudación de recursos para el Estado, un efecto que era imposible desconocer. Pasó un tiempo y la elección. En estos meses, algunos trabajadores sonrieron. Ahora les tocan las carcajadas a los gobernadores y al Jefe de Estado. No importa mucho si para hacerlo deban borrar lo que firmaron en plena campaña. Vale todo a la hora de aumentar impuestos.
