“El problema real siempre fue el déficit fiscal”, dijo el jueves pasado el ministro de Economía, Luis Caputo, en referencia a los desequilibrios que presenta la macroeconomía. Esa frase resume el compromiso que tiene la nueva administración para que los números del Estado no den pérdida, incluso a costa de la licuación de gastos sociales. Caputo está tan involucrado en esa empresa que se adelantó cinco días al calendario de publicaciones y celebró que en febrero volvió a registrarse superávit fiscal financiero.
En detalle, el Sector Público alcanzó el mes pasado un superávit financiero (es decir, el resultado tras el pago de intereses) de $338.112 millones. De esta manera, el Estado registró dos meses consecutivos de excedente financiero, un hecho que no ocurría desde principios de 2011 y que permitió acumular un superávit del 0,2% del PBI en el primer bimestre del año ($856.520 millones).
“El primer bimestre del año fue extraordinario. Coincidió que, por un lado, entraron más ingresos por retenciones por la suba del dólar (+63% real) y el impuesto PAIS (+81% real), que aportó ‘extra’ por el Bopreal [bono importador] de US$2000 millones. Mientras que por el lado del gasto no hubo un ajuste de movilidad porque se rechazó la propuesta de la ley ómnibus y los bonos tampoco compensaron mucho. No es repetible”, dijo Fernando Marull, economista de FMyA.
De acuerdo con la consultora LCG, la base de la mejora del resultado fiscal respondió enteramente al ajuste del gasto, que multiplicó por más de 10 el ajuste que se reflejó en los ingresos afectados por un “contexto recesivo” y la eliminación del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría (en octubre pasado).
Un tercio del recorte del bimestre respondió a un menor gasto previsional, ya que las jubilaciones cayeron un 38% real interanual por la fórmula de movilidad previsional que rige desde 2021. Esa cifra se eleva a 45% si se considera el recorte en el resto de los gastos sociales, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignaciones Familiares Contributivas (AAFF), Potenciar Trabajo, entre otros programas.
La cancelación de obra pública representó un 20% de la caída del gasto total, el ajuste en subsidios fue del 14%, en salarios públicos se “ahorró” un 7% y en gastos operativos, solo 3%.
“Siguen quedando dudas con respecto al costo social de esta convergencia fiscal acelerada. Por el momento, la licuación sigue siendo más preponderante que la motosierra y la falta de enforcement para las reformas que el Gobierno intenta aplicar ponen dudas sobre la posibilidad de mantener el ajuste en el tiempo”, consideraron desde LCG.
Jubilaciones de Anses: pese a la alta inflación, en abril se cobrará el mismo bono que en marzo
Para Marull, en marzo habrá algunas diferencias clave. Los ingresos del Estado podrían caer “un poco” debido a que se está registrando una menor demanda por el Bopreal, el bono para importadores que desde febrero están sujetos al pago de impuesto PAIS.
En tanto, este mes se aplicó la ley de movilidad jubilatoria que significó una actualización del 27,18%, más el pago de un bono de $70.000 para los haberes mínimos, lo que implicará un mayor gasto en ese segmento (uno de los más representativos).
Aunque el viernes pasado el Gobierno había afirmado que las jubilaciones ajustarían por inflación a partir de abril, lo que significaría un mayor gasto, hoy el Boletín Oficial reglamentó los aumentos por el Índice de Precios al Consumidor a partir de julio.
“Los indicadores adelantados que confeccionamos desde Analytica con respecto a recaudación y gasto mantienen en marzo por el momento la tendencia de los meses anteriores. Más allá de la foto, la película indica que el Gobierno hizo un colchón fiscal gracias a medidas que no puede sostener, como recaudación de impuesto país por el Bopreal, nula ejecución en muchos programas, licuación de jubilaciones, entre otros. Eso le permitirá compensar meses más complejos, principalmente cuando cese la recaudación por retenciones en la segunda mitad del año”, analizó Claudio Caprarulo, director de Analytica Consultora.
De cara al segundo trimestre del año, Marull señaló que Caputo seguirá teniendo a favor los derechos de exportación (más conocidos como retenciones), el impuesto PAIS (por ley, vence en diciembre de este año) y el ajuste de subsidios para transporte, luz y gas.
A pesar de tener mayores gastos por jubilaciones, el economista consideró que se podría alcanzar la meta de superávit fiscal para este año.
“Será fundamental que en el corto plazo el Gobierno dé sostenibilidad a la consolidación fiscal. Para ello, resultará clave que se avance con el capítulo fiscal de la ley ómnibus original (que, entre otras cosas, revertía la reforma de Ganancias, modificaba Bienes Personales, e incluía un blanqueo); en segundo lugar, se ajusten las tarifas de los servicios públicos; y, por último, se modifique la fórmula de movilidad previsional (si bien podría implicar un menor ahorro, es necesario para que sea viable socialmente). También será clave la negociación con gobernadores, y que se refuerce la protección social para los sectores más vulnerables -algo en lo que también hizo énfasis el Fondo Monetario Internacional-”, coincidió la consultora económica Invecq.
