Con el 84,65% de los votos válidos, el presidente Nayib Bukele ganó cómodamente las elecciones presidenciales y seguirá gobernando El Salvador por otros cinco años. El oficialismo, además, pasará a tener 54 de las 60 bancas en la Asamblea Legislativa, lo cual le garantizará la mayoría calificada de dos tercios y la mayoría especial de tres cuartos, eliminando cualquier contrapeso en el Congreso y acercándose a un sistema de partido único. Hace pocos días ganó el último eslabón del poder al obtener, merced a alianzas, 43 de los 44 concejos municipales.
Bukele fue reelegido gracias a una interpretación de la Sala Constitucional de la Corte Suprema que le permitió pasar por alto las prohibiciones expresas escritas en la Constitución salvadoreña. Los jueces a cargo de dicha dudosa interpretación habían sido impuestos a dedo en 2021 por diputados fieles al oficialismo.
La alta popularidad del mandatario salvadoreño es el resultado de su cruzada contra las pandillas, que acumula más de 75.000 detenidos. El Salvador ha pasado, en una década, de ser uno de los países más peligrosos del mundo a convertirse en uno de los más seguros del continente. Entre 2015 y 2022, la pequeña república registraba 103 homicidios por cada 100.000 habitantes; hoy son menos de 8 por cada 100.000.
El gobierno asegura que, a pesar de su exitosa lucha contra las pandillas, aún existen grupos criminales que tornan necesario el dictado de una nueva extensión del régimen de excepción en todo el país, período en el que se suprimen los derechos constitucionales y de asociación, y se intervienen la correspondencia y celulares de quienes se consideren sospechosos.
De la mano de la popularidad que le ha dado su respuesta a la inseguridad, Bukele también ha ido copando importantes espacios de poder y minando la división de poderes.
Ese escenario corre el riesgo de profundizarse, considerando que en este nuevo período el mandatario gobernará sin contrapesos en el Congreso y con una oposición muy debilitada.
Bukele enfrenta el desafío de enderezar la economía y presentar un plan para garantizar los pagos de la deuda. Además, deberá demostrar que no tiene intenciones de emprender el peligroso camino hacia una dictadura velada de democracia.
