El primer día en cautiverio se la pasó llorando, acostado en un colchón. No podía creer lo que le pasaba. Al siguiente pensó es escaparse. Pero pasaban las horas y el calvario para Javier Moscuzza, un empresario supermercadista secuestrado en octubre de 2020, no cedía. Sus captores lo amenazaban con cortarle los dedos de las manos con un machete, simularon fusilarlo y lo llevaron hasta el fondo de la casa donde lo tenían encerrado para mostrarle un pozo, su tumba. Una pesadilla que no terminaba ni cuando su familia pagó un rescate de 65.000 dólares en criptomonedas. La víctima fue liberada después de convencer a los delincuentes que si lo soltaban él les podía conseguir más dinero.
“Pensé: cobran, me matan y se van”, sostuvo Moscuzza, de 50 años, hoy ante los jueces Germán Castelli, José Michilini y Nelson Jarazo, integrantes del Tribunal Oral en lo Federal (TOF) N° 2 de La Plata, a cargo del juicio donde se juzga a los sindicados captores. En la audiencia, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la auxiliar fiscal María Laura Ustarroz.
La víctima, su esposa y sus hijos ya no viven en la Argentina. Tras el secuestro se fueron a vivir al exterior. “Me destruyeron. Tuve que dejar el negocio y el país. Mis hijos, de un día para el otro, perdieron a los amigos, su barrio y dejaron de ver a sus abuelos”, afirmó Moscuzza cuando el juez Castelli le preguntó por las consecuencias de su secuestro.
Como informó LA NACION en su momento, el secuestro de Moscuzza tuvo características inéditas en la historia criminal argentina: fue el primer rescate que se pagó en criptomonedas y las llamadas extorsivas las llevaron adelante delincuentes que llamaban desde Colombia y Venezuela.
“Me amenazaban a cada rato para que hable y le consiga más dinero. Desde el primer momento me hicieron pensar que me iban a matar. Me mostraban un machete y me decían que me iban a cortar los dedos. Gatillaron un arma [un simulacro de que lo iban a asesinar]”, recordó Moscuzza y se quebró emocionalmente. Tuvo que tomar agua para poder volver a hablar.
El caso tiene un condenado, pero no en la Argentina, en Venezuela: Rafael Ángel Carrillo Rodríguez, un joven venezolano que trabajó en el supermercado que la víctima tenía en Quilmes y que logró fugarse antes de que lo atraparan.
Carrillo Rodríguez fue el cerebro detrás del plan. Antes de lo que lo atraparan huyó a su país natal, donde finalmente fue detenido. Si bien se había solicitado su extradición, nunca se concretó y, tras admitir su participación en el rapto y cautiverio de Moscuzza, fue condenado a la pena de 13 años y cuatro meses de cárcel.
En la audiencia de hoy, Moscuzza sostuvo que todos los delincuentes tenían voz y voto. Si bien él habla con Carrillo Rodríguez porque lo conocía, su exempleado no tomaba las decisiones, las ponía en discusión con sus cómplices.
”¿Tuvo posibilidad de escaparse?”, le preguntaron a Moscuzza en medio su declaración. “Sí, el cuarto día de cautiverio, después de que arreglaron el pago del rescate con mi familia, me sacaron a un patio y la medianera con la casa vecina no era alta. Tenía la posibilidad de saltar”, respondió. Pero no saltó y esperó que lo liberaran.
Según dijo la víctima, el pago del rescate fue “mejicaneado”. “El que llamaba [para negociar] lo hacía desde Colombia e hizo transferir las criptomonedas en otra cuenta”, recordó el empresario.
Moscuzza convenció a los delincuentes de que afuera él podía conseguir más dinero. Quisieron hacer un “cambio” por su esposa: tenerla cautiva a ella y que el supermercadista saliera a conseguir la plata que le exigían.
“Arreglamos que salía y cuando hacía la denuncia le aseguraba a la policía que no conocía a nadie y que hipotecaba mis propiedades para darle el dinero que querían. Me dijeron que si salía mal, iban a matar a toda mi familia”, sostuvo Moscuzza.
La víctima, finalmente, fue liberado el 18 de octubre de 2020. Lo liberaron a pocos metros de su supermercado situado en el centro de Quilmes. Pocas horas después declaraba ante detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes y ante la fiscal federal Silvia Cavallo, a cargo de la investigación. Ese mismo día fue a reconocer la casa de Los Hornos, en La Plata, donde estuvo cautivo.
En su declaración de hoy, en todo momento, Moscuzza quiso que quedara claro que el dueño de la casa donde estuvo cautivo sabía que en el inmueble había una persona secuestrada, a pesar de que en ese momento estaba preso.
“Me destruyeron. Fue un desastre”, sostuvo la víctima con voz firme antes de terminar su declaración.
En el banquillo de los acusados
El TOF N° 2 de La Plata juzga a cuatro supuestos partícipes del secuestro extorsivo: Jean Carlos Rivero Márquez y Junior Argenis Páez Peña, de nacionalidad venezolana, Jesús Teodosio Ramos Paz, un sindicado narco nacido en Perú, y Matías Avellaneda.
Johan Esneider Angarita León, otro supuesto secuestrador, se encuentra prófugo desde el 30 de octubre de 2020. Sobre él pesa una orden de captura internacional.
Tras admitir su responsabilidad en el plan criminal, Carrillo Rodríguez fue condenado a la pena de 13 años y cuatro meses de cárcel por los delitos de secuestro y “porte ilícito de arma de fuego”, informaron a LA NACION fuentes judiciales.
Cuando Moscuzza lo conoció, Carrillo Rodríguez vivía en una pensión situada cerca de su supermercado de Quilmes. Le dio trabajo como repositor desde el 6 de septiembre de 2017 hasta el 31 de julio de 2018. “Como empleado no puedo decir nada, trabajaba”, recordó el empresario.
Dejó de trabajar para Moscuzza porque quería conseguir empleo como vigilador privado. Carrillo Rodríguez hizo los trámites en la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC, el ex Renar) para ser legítimo usuario de armas de fuego. Consiguió los permisos, según Moscuzza.
Como no consiguió trabajo como vigilador, volvió a pedirle empleo a Moscuzza, pero el supermercadista le dijo que ya había contratado a otro repositor, aunque lo recomenzó a su hermano, dueño de una empresa constructora, donde estuvo tres o cuatro meses.
Carrillo Rodríguez dejó de trabajar para el hermano de Moscuzza porque dijo que se iba a dedicar al negocio de las criptomonedas. En ese momento estaba de novio con la encargada del supermercado, que también renunció con el mismo objetivo. La pareja tuvo un hijo.
“El imputado Carrillo Rodríguez fue detenido en Venezuela en función de la orden de captura vigente. Su extradición fue rechazada y tras ser juzgado en dicho país, se lo condenó a la pena de 13 años y cuatro meses de prisión por los delitos de secuestro extorsivo y ´porte ilícito de arma de fuego´. Así surge de lo comunicado por la Dirección de Asuntos Internacionales del Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela”, explicaron a LA NACION fuentes judiciales.
La víctima fue secuestrada el 13 de octubre de 2020. Moscuzza fue liberado cinco días después, a las 10. Para ese momento, su hermano había transferido 65.000 dólares en criptomonedas. La investigación ya se había iniciado cuando la víctima estaba cautiva, tras la denuncia de la familia.
La investigación estuvo a cargo de la fiscal Cavallo, que tuvo la colaboración de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (Ufese), hoy Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (Ufeco), conducida por Santiago Marquevich, y de detectives de la policía bonaerense y la Policía Federal Argentina (PFA).
“Durante el periodo de tiempo que la víctima estuvo privada de su libertad, los captores grababan videos como prueba de vida. Los mensajes extorsivos eran enviados por WhatsApp a una línea telefónica de Colombia desde donde, posteriormente, lo remitían al teléfono del hermano de Moscuzza, a quien le exigían dinero por su liberación”, explicó el juez federal de Quilmes, Luis Armella, cuando procesó a dos supuestos integrantes de la banda.
La fiscal Cavallo y los detectives policiales lograron ubicar la casa de la localidad platense de Los Hornos en la que había estado cautiva la víctima. En un allanamiento, los investigadores secuestraron el machete que fue reconocido por el supermercadista como el elemento que sus captores utilizaron para amenazarlo.
“Cuando les decía que si me liberaban les podía conseguir más dinero, hablaban entre ellos y llegaron a decir que se habían equivocado, que tendrían que haber secuestrado a mi esposa para que yo pagara”, sostuvo Moscuzza en citada entrevista con LA NACION.
