El uso de detectives privados para controlar qué hacen los trabajadores ha sido históricamente un filón de roces judiciales, al mezclar dos materias especialmente delicadas: el control laboral y la intimidad. Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) acaba de arrojar luz sobre esta problemática, en concreto, sobre cómo controlar a los empleados que gozan de libertad para organizar sus horarios y desplazamientos con un coche de empresa. Y ha concluido que, cuando un subordinado tiene este poder, contratar a un detective para seguirlo no es una medida excesiva, si existen sospechas sólidas de que el empleado está engañando de alguna forma a sus superiores.
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