El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha autorizado a Japón a verter al océano las aguas residuales de Fukushima, la planta nuclear que sufrió una explosión de gran magnitud tras el tsunami que golpeó el país en marzo de 2011. Hasta ahora, la empresa eléctrica que opera la central, Tepco, había estado almacenando el líquido que empleaban para enfriar los reactores en aproximadamente 1.000 tanques gigantescos, lo que equivale a una acumulación de más de un millón de toneladas de agua. 

Japón ha declarado que continuar con la metodología actual no es sostenible a largo plazo, por lo que solicitan vaciar los depósitos en el Pacífico de forma progresiva durante los próximos 30 años.

Los últimos análisis han determinado que el plan cumple con los estándares de seguridad internacionales. No obstante, la decisión no cuenta con la simpatía de sus países vecinos: China y Corea del Sur. Además, la sociedad civil y diversos organismos medioambientales han mostrado su desacuerdo con la última resolución de la ONU, y sostienen que el agua contiene partículas radiactivas que pueden dañar los ecosistemas del océano y poner en riesgo la supervivencia de algunas especies marinas. 

¿Qué contienen las aguas contaminadas de Fukushima?

Todas las plantas nucleares liberan agua tratada al mar de manera rutinaria, por ello existen regulaciones que obligan a las empresas a realizar filtrados para que los niveles de contaminación se encuentren por debajo del límite. En el caso de Fukushima, Tepco cuenta con un Sistema Avanzado de Procesamiento de Líquidos que ya estaba en marcha antes del accidente de 2011 y que logra reducir el grado de radiactividad de la mayoría de partículas, salvo del carbono-14, el tritio y otros isótopos radiactivos como el estroncio-90.

Estas sustancias se emplean como forma de combustible nuclear, que impulsa la generación de energía en las centrales, y son complejas de separar del agua. Asimismo, en 2021, expertos en derechos humanos de la ONU advirtieron de que, concretamente, el tritio presente en el agua puede unirse a otras moléculas y viajar a través de la cadena alimenticia, afectando negativamente a la salud de plantas, peces y seres humanos.

La misma ONU advirtió en 2021 de los peligros de verter el agua residual de Fukushima al océano.

Mientras, Japón continúa insistiendo en que los niveles de sustancias contaminantes en el agua almacenada serán «una gota en el océano, tanto en términos de volumen como de radiactividad». Y la ONU, por primera vez, se alinea con esa hipótesis: el director general del OIEA, Rafael Grossi, ha asegurado recientemente que el plan tendrá un impacto “radiológico insignificante en la gente y el medio ambiente”.

Una decisión en tela de juicio

A pesar de que Japón cuenta con el apoyo técnico y la supervisión del OIEA, la noticia no ha sido respaldada por parte de la comunidad científica y las organizaciones medioambientales. De hecho, antes de que se diese luz verde a la ejecución del plan, Greenpeace publicó un informe en el que mostraba una postura escéptica con respecto al proceso de tratamiento de las aguas contaminadas. 

Por otro lado, China tampoco ha legitimado la decisión: la relación entre ambos países es compleja actualmente y Pekín advierte de que si la iniciativa procede, Japón deberá «atenerse a las consecuencias». En cambio, mientras Seúl cree en las conclusiones de la OIEA, la población surcoreana está preocupada y se han iniciado protestas por todo el país. 

Los expertos en medio ambiente aconsejan a Japón mantener el agua contaminada en los depósitos hasta que se desarrollen tecnologías más sofisticadas que aseguren un filtrado total de las partículas radiactivas. Sin embargo, aún se desconoce si Japón esperará a contar con la aprobación de sus vecinos y de la sociedad civil para poner en marcha el vertido.

Tanto Japón como la OIEA han asegurado que otras plantas nucleares activas vierten líquido al océano con niveles más elevados de tritio que los de Fukushima. Y, a modo de demostrar apoyo a las conclusiones de su vecino -con el que busca mejorar sus relaciones diplomáticas-, el primer ministro surcoreano, Han Duck-soo, se ofreció públicamente a beber el agua filtrada para evidenciar que es segura. 

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