El pasado martes, se publicó en el BOE una norma que permitía a empresarios afectados por crisis inesperadas, como la pandemia o la Guerra de Ucrania, paralizar su actividad y acogerse a un régimen especial de ayudas (los nuevos ERTE). Pero la regulación de esta herramienta legal no vino sola. Escondido en sus disposiciones finales, el Real Decreto 608/2023 recoge un cambio mayúsculo en las reglas del despido colectivo y de enorme repercusión para los empresarios: a partir de ahora, las empresas tendrán que avisar con seis meses de antelación a la autoridad laboral y a los sindicatos si planean cerrar uno o varios centros de trabajo, y ello supone el despido de 50 trabajadores o más.
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