Ante la elección de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia las organizaciones aquí firmantes que representamos sectores sociales, académicos y económicos, a la ciudadanía en general y principalmente a la clase política representada en el Poder Legislativo, expresamos lo siguiente:
1. Debe primar el respeto irrestricto a la Constitución de la República. Tanto el oficialismo como los partidos de oposición deben comprender que la única manera de asegurar una justicia independiente y una democracia plural, es a través de un acuerdo político que permita asegurar una Corte Suprema de Justicia capaz de resolver controversias de manera imparcial, independiente y apegadas a la ley. Para ello, es necesario que pongan a un lado sus intereses de controlar la justicia, haciendo prevalecer la legalidad y la norma suprema que juraron cumplir y hacer cumplir durante su mandato.
2. El escalamiento del conflicto político a una crisis sería devastador para la estabilidad política y economía del país. La única alternativa que tiene el Congreso Nacional es hacer cumplir el artículo 311 de la Constitución de la República que establece una votación directa tantas veces fuese necesario para llegar a las quince magistraturas requeridas. Honduras no se merece vivir una nueva crisis ahora que el país se ha encaminado a recuperar la democracia, el Estado de Derecho y la paz social. Ante un contexto de inflación económica, desconfianza ciudadana y polarización, la falta de consensos entre los actores políticos, únicamente vendría a agravar la frágil situación del país, creando mayor ingobernabilidad afectando a la población.
3. El llamado a todos los sectores para ejercer una efectiva participación ciudadana, para velar que se cumpla desde el Congreso Nacional, una elección democrática y participativa. Es responsabilidad de la ciudadanía mantenerse vigilante, ejercer presión social y exigir el respeto de sus derechos y libertades. Por ello, instamos a la población hondureña a no permitir imposiciones contrarias a la ley o la voluntad soberana de una justicia independiente y una democracia plural.
