Eliminar la Ley de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y restituir el texto original de la Constitución de la República, son dos de las acciones inmediatas que deberá tomar el próximo gobierno, según el analista político, Olban Valladares.
En su análisis la Ley de las ZEDE no admite revisiones ya que no solo es una violación a la Constitución de la República, sino que es una afrenta a la dignidad nacional.
«El próximo gobierno tiene que tomar dos acciones inmediatamente después que tome posesión de su cargo», recomendó.
La primera es derogar la Ley de las ZEDE en su totalidad; y la segunda, restituir el texto original de la Constitución de la República que manda la prohibición de la reelección del primer mandatario del país.
Valladares considera que el marco jurídico y la estructura accionaria de las ZEDE, constituyen una total y flagrante violación a los artículos pétreos de la Constitución de la Republica.
Además, es una bofetada al pueblo hondureño que observa estupefacto como un grupúsculo de funcionarios tarifados entregan el país con todo y su marco jurídico.
Se otorgan concesiones con beneficios exclusivos exagerados, vedados a los nacionales y, sobretodo, sometiendo la dignidad de un pueblo que por su ingenuidad y buena fe se ve forzado a tolerar semejante abuso.
El analista exhortó al Ministerio Público a investigar de oficio y con urgencia ese tipo de concesiones que muchas veces representan que las dadivas, las coimas, comisiones y sobornos hayan alcanzado cifras inimaginables para los beneficiarios.
Explicó que poner en riesgo la soberanía nacional implica, prostituir la nación al mejor postor y mantener a Honduras en los peores niveles de la injusta distribución de la riqueza.
Además, se reviven las exclusivas e históricas “zonas americanas” de las empresas bananeras o la zona inexpugnable privilegiada del otrora Canal de Panamá bajo bandera extranjera.
Involucrados cometieron el delito de “traición a la patria”
Todos los hondureños involucrados directamente en la gestión, diseño, autorización y posible operación de las ZEDE han cometido el imprescriptible delito de “traición a la patria. Escudados en una transitoria impunidad e inmunidad, concedida ilegalmente por los ideólogos, gestores y operadores del régimen actual», expresó.
Agregó que esas personas se creen inmunes a las sanciones que establece la ley y olvidan que, más temprano que tarde, vendrán autoridades responsables, que no vacilarán en derogar la ignominiosa ley, y arremeter con la justicia y la ley en la mano, contra los gestores de esta afrenta al país.
Recordó que la destitución de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional, en diciembre del 2012, bajo el argumento infame de vincularlos con el crimen organizado, no fue más que una represalia, mediante un plan maquiavélico, para destruir la patriótica postura de los magistrados defenestrados, al haber declarado, inconstitucional, el proyecto de las ZEDE y también, por oponerse a las pretensiones de una reelección del Ejecutivo.
«Este actuar, lógicamente, requería la oprobiosa compra de conciencias en el Congreso Nacional y el engrosamiento de los bolsillos de algunos legisladores sin patria», declaró.
Reiteró que las ZEDE, a todas luces, viola la soberanía territorial, jurídica y administrativa del Estado como lo señalan juristas nacionales y de estudiosos profesores de derecho, extranjeros, sorprendidos por esa aberración jurídica.
Las ZEDE fueron creadas desde el 2013 bajo el argumento de generar fuentes de empleo en sectores como la salud, educación, infraestructura y para mejorar las condiciones de vida de la población.
«Esta es otra de las concesiones con beneficios ‘fantasmas’ que ha otorgado este Gobierno en la última década, muy similar a otros en el campo vial, en comunicaciones, aeropuertos y en otras actividades, en que Honduras termina pagándoles a los concesionarios, porque no se alcanzan los utópicos rendimientos proyectados para esas obras», concluyó.
El modelo de las ZEDE en Honduras es una idea importada cuyo promotor extranjero, original, renunció al proyecto en sus primeras etapas, denunciando desviaciones de los objetivos básicos, por personas (empresarios del patio, políticos inescrupulosos y caballeros de industria extranjeros) que vieron una oportunidad de oro, para explotar sin lastima las riquezas naturales del país con la sobreprotección del Estado.
