Autoridades del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), consideran que es oportuno que se haga un desarme general, como una medida para detener los altos índices de criminalidad en Honduras.
En ese sentido, el presidente del CAH, Fredis Cerrato, se refirió al asesinato del abogado Melvin Bonilla, y considera que es el Estado el que debe desarrollar las políticas de protección para los profesionales del derecho en el país.
“No es al Colegio de Abogados de Honduras, al que le corresponde desarrollar las políticas de seguridad, es lamentable decirlo, pero no hay protección”, señaló el dirigente gremial en declaraciones a Radio América.
Cerrato arguyó que las políticas de protección para los abogados son muy limitadas para el gremio que pasa usualmente expuesto, “otro tema preocupante es la impunidad, por eso los criminales hacen fiesta en Honduras”, apuntó.
