Nota del editor: David Gray Adler es un académico experto en derecho constitucional y presidente de The Alturas Institute, una organización sin ánimo de lucro que busca impulsar la democracia estadounidense mediante la promoción de la Constitución, la igualdad de género, la educación cívica y la protección igualitaria de la ley. Es coautor de «The War Power in an Age of Terrorism» (El poder de la guerra en una era de terrorismo). Las opiniones expresadas en este artículo corresponden exclusivamente a su autor.
(CNN) — Las posibilidades hipotéticas de que el presidente Donald Trump se auto indultara antes de dejar el cargo se esfumaron cuando la Cámara de Representantes abrió el debate para someterlo a juicio político acusándolo de «incitación a la insurrección» y votó a favor de procesarlo en una votación bipartidista (232 votos a favor y 197 en contra) el 13 de enero.
La Cláusula de Perdón de la Constitución, Artículo 2, Sección 1, establece que el presidente puede otorgar indultos por delitos contra Estados Unidos «excepto en casos de juicio político». Esta cláusula prohíbe a un presidente perdonar a cualquier persona, incluido él mismo, que sea objeto de este tipo de juicio una vez que comience el debate sobre los delitos establecidos en los cargos del juicio político.
Esta limitación constitucional a la facultad de indulto refleja la profunda influencia de la historia jurídica inglesa en la redacción de las cláusulas de juicio político e indulto. Los que las escribieron, muy conscientes de los enfrentamientos que hubo en el siglo XVII entre el rey y el parlamento sobre el alcance de esos poderes, estaban decididos a proteger el poder de someter a alguien a juicio político de la intromisión del ejecutivo a través de la autoridad para conceder indultos. Aunque las restricciones en la Cláusula de Perdón parecen referirse solo a delitos específicos que se abordan en los procedimientos de juicio político, los antecedentes y la historia de la ley inglesa son una muestra contundente en contra de la autoridad del presidente para auto perdonarse.
La postura frente a los poderes de indulto y juicio político se modeló a partir de un episodio clave en la historia legal inglesa, llena de convulsiones y crisis, que enfrentó durante un siglo al rey y el parlamento con respecto a dos poderes fundacionales que dieron forma a la evolución de la ley inglesa. Se trata de un caso en el que la concesión del perdón por parte del rey a otro fue en realidad un intento de absolver sus propias fechorías.
En 1678, el Parlamento estaba indignado tras descubrir las maniobras subrepticias del conde de Danby, el lord tesorero de confianza al servicio del rey Carlos II de Inglaterra, para inclinar la política exterior de Inglaterra hacia Francia y solicitar una pensión, es decir, un soborno, al rey Luis XIV para pagar a Carlos II, como parte de un plan para restablecer la influencia del catolicismo romano en Inglaterra, una acción que ofendió los sentimientos e infringió las normas del Parlamento.
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Lord Danby estaba al servicio del rey Carlos II, quien había trazado el plan y le había dado a su ministro principal las instrucciones que debía seguir. La caída de Danby se gestó cuando escribió una carta a Ralph Montague, un cortesano e intermediario inglés para el arreglo con el rey Luis. Esta carta llevaba la firma de Danby, y cuando se hizo pública, la Cámara de los Comunes se enfureció.
El Parlamento no tenía autoridad legal para acusar al propio rey, por lo que los legisladores iniciaron un proceso de juicio político contra Danby. Danby fue acusado de «alta traición y otros delitos graves». Carlos, ansioso por proteger a su leal ayudante, trató de bloquear la acusación marchando a la Cámara de los Lores y declaró que había autorizado las acciones de Danby, que le había concedido un perdón y que Danby había sido despedido.
El Parlamento, sin embargo, no aceptó nada de esto. Sir Francis Winnington, un ex procurador general considerado por los historiadores como un gran abogado, comprendió de inmediato la grave amenaza que esto suponía para el poder de juicio político. Declaró lo siguiente: «El juicio político no tiene sentido si hay un perdón que nos tapa la boca». Para una nación en la que la responsabilidad ejecutiva todavía estaba en una etapa incipiente, no se iba a tolerar que un perdón monárquico frustrara un juicio político. En un siglo repleto de crisis constitucionales entre los Comunes y la corona, Carlos no quiso enfrentar una más. Voluntariamente retiró su perdón a Danby, quien fue enviado a la Torre de Londres, donde estuvo detenido durante cinco años. Las convulsiones legales y políticas que rodearon el asunto Danby llegaron a un final repentino cuando el rey Carlos disolvió el parlamento.
Esta negativa del parlamento a aceptar el perdón de Danby por parte del rey Carlos, seguida dos décadas más tarde de la promulgación de la histórica Ley de Asentamiento de 1700 que excluye la petición de perdón para un juicio político, dejó una impresión indeleble en los redactores de la Constitución. Gouverneur Morris, de Pensilvania, invocó el escándalo de Danby en la Convención Constitucional de 1787 para resaltar su temor y el de los demás delegados de que «el presidente pudiera ser sobornado para traicionar su confianza».
Si el parlamento inglés hubiera aceptado el indulto, el rey habría tenido la libertad de proteger a los ministros de la investigación parlamentaria y el juicio político, y así quedar fuera del alcance del parlamento. Para los miembros de la Cámara de los Comunes que veían el poder de juicio político como un medio para preservar al gobierno y someter a los ministros corruptos, no se podía tolerar un acto de clemencia por parte del ejecutivo.
Los redactores de la Constitución estadounidense no estaban dispuestos a permitirle a su propio ejecutivo recién creado un poder que se le denegó al rey de Inglaterra. No hay mención de auto-indultos en las actas de los debates en la Convención Constitucional o evidencia de discusión de tal autoridad en «The Federalist Papers» (El Federalista), los «Anti-Federalist Papers» o cualquier documento contemporáneo en el marco de la Constitución. El mero hecho de insinuar semejante autoridad hubiera suscitado acusaciones de simpatías monárquicas.
Es razonable pensar que los redactores de la constitución no imaginaron que algún día sería necesaria una prohibición específica en la constitución contra el auto indulto ejecutivo. Cuando el padre de Carlos II, Carlos I, fue condenado a muerte en el Tribunal Superior de Justicia, en 1649, por traición, asesinato y otros delitos de tiranía, negó hasta su decapitación que el tribunal tuviera autoridad jurisdiccional sobre el monarca. Pero a lo largo de la historia inglesa, ni él ni ningún otro monarca reclamó jamás el poder de perdonarse a sí mismo.
Los redactores de la Constitución concedieron al presidente de Estados Unidos menos, no más, poderes los que tenía el rey. Pero digamos que Trump, habiendo desobedecido las leyes tantas veces antes, intenta perdonarse a sí mismo por cualquier delito que pudiera haber cometido fuera del ámbito de la prohibición a los perdones relacionados con un juicio político.
Un auto indulto así tendrá una utilidad limitada considerando el tipo de desafíos legales que podría enfrentar Trump. El indulto presidencial no se aplica a los delitos estatales, lo que significa que aún podría enfrentar cargos derivados de investigaciones estatales y municipales que se llevan a cabo actualmente en Nueva York.
La Corte Suprema ha dejado claro que las decisiones constitucionales requieren con frecuencia el recurso a argumentos, reclamos y prácticas históricas. Al no existir una afirmación textual en la Constitución de la autoridad presidencial para auto-perdonarse, y careciendo incluso de una pizca de evidencia en la historia legal angloamericana que sustente la existencia de semejante poder, o siquiera una afirmación en ese sentido por un solo delegado en la convención, la premisa de un auto-perdón de Trump debería ser tan ridícula para los construccionistas laxos y estrictos en cualquier tribunal como su afirmación de que el presidente está dotado de un poder «absoluto».
Y cuando Trump intentó efectivamente ejercer el poder absoluto en Washington el 6 de enero al incitar a sus seguidores a revocar una elección, desencadenó los cargos imperdonables de juicio político que deberían, si falla todo lo demás, deberían ser contundentes en cualquier corte o tribunal.
