El Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC) de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentó este miércoles una denuncia ciudadana ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
Esto debido a las irregularidades en las compras de emergencia efectuadas por la Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) en el marco de la crisis sanitaria por COVID-19.
El ALAC, parte de la red global de Transparencia Internacional (TI), solicitó al TSC investigar los hallazgos de la auditoría social realizada por la ASJ.
Esto en relación a cinco procesos de compra efectuados durante la gestión de Marco Bográn, exdirector de Invest-H, para la compra de:
-450 ventiladores mecánicos pulmonares por L 342.4 millones, 250 mil kits de pruebas COVID-19 por L 46.5 millones, equipo de bioseguridad para la Secretaría de Salud por L 197 millones, 290 ventiladores mecánicos pulmonares por L 231 millones y siete hospitales móviles de aislamiento y siete plantas de tratamiento de desechos médicos por L 1,186 millones.
Los resultados de estos procesos de auditoría social fueron plasmados en cinco informes presentados al público por el capítulo de TI en Honduras, en los cuales se refleja:
-Falta de planificación de las compras decisiones arbitrarias, millonarios pagos anticipados sin garantías, inexistencia de penalidades por entregas tardías y otros riesgos de corrupción.
Con respecto a la denuncia presentada, ALAC solicitó la asignación de auditores con capacidad técnica comprobada, experiencia e independencia, para investigar los hallazgos.
presentados en los informes, considerando los graves perjuicios provocados por las acciones de Invest-H, los cuales trascienden lo patrimonial y económico, imposibilitando al Estado de Honduras garantizar la salud y la vida de cientos de miles de hondureñas y hondureños.
El TSC, como ente rector del sistema de control de los recursos públicos, debe cumplir con su mandato constitucional y apegarse a la ley, respetando el debido proceso y actuando de forma independiente e imparcial para asegurar que la persona o personas involucradas respondan ante la ley y la sociedad hondureña, deduciendo la responsabilidad administrativa o civil que corresponda, y en caso de encontrarse indicios de responsabilidad penal, remitir el expediente al Ministerio Público de manera inmediata.
Para evitar afectar la integridad de las investigaciones y la confianza de los resultados, ALAC llamó al magistrado presidente, Juan José Pineda Varela, a excusarse del conocimiento y participación en las actuaciones que surjan de la denuncia, así como en las decisiones a nivel del pleno. Caso contrario, procederá a solicitar su recusación al resto del pleno del TSC.
Asimismo, pidió la separación de los auditores que han ingresado al TSC a través de las influencias del magistrado presidente, ante cualquier conflicto de interés basado en parentesco o vínculo de amistad.
Los centros ALAC tienen presencia en más de 60 países, con el objetivo de facultar a las personas, familias y comunidades para denunciar la corrupción de manera segura. Además, brindan asesoramiento y apoyo gratuito y confidencial a las víctimas y testigos de corrupción, permitiéndoles hacer valer sus derechos, buscar reparación y defender la justicia, acceder a la información pública y demandar instituciones transparentes.
Los informes de la auditoría social practicada por ASJ a los procesos de compras de Invest-H en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19 se encuentran disponibles en: https://asjhonduras.com/covid19/index.html
