En un contexto global de crecimiento potencial “limitado”, la mejora de la economía pasa necesariamente por “aumentar la productividad“. Se trata del “único mecanismo”, frente a la mera acumulación de factores productivos, que puede generar “crecimiento sostenible” en el largo plazo. Por ello resulta “crucial” acometer una serie de reformas estructurales para mejorar la “débil” dinámica de la productividad española.
Así puede resumirse la extensa intervención del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en la asamblea anual de socios del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), celebrada este martes en Madrid. Acompañado por Fernando Ruiz (CEO de Deloitte España) y Francisco J. Riberas (presidente del IEF), el gobernador, ha señalado que todavía tenemos un “amplio margen” para implementar estas medidas. Especialmente para combatir la dualidad del mercado laboral y eliminar la regulación que afecta a la competitividad del tejido empresarial y el capital humano español.
Tal como reflejan las encuestas realizadas por el IEF, a pesar del crecimiento de la economía de los últimos años, estamos en un proceso de desaceleración. La economía crecerá moderadamente y los encuestados valoran su estado actual con un 5,6 sobre 9 (por debajo de valores de 2017). Entre los retos que tiene la economía española está el de la productividad, que ha crecido un 0,2% de promedio anual entre 1997 y 2017. Esto es, dos décimas menos que la media de la zona del euro en el mismo periodo.
Uno de los retos propios de la productividad española es el dinamismo empresarial, es decir, el equilibrio positivo entre la creación y la destrucción de empresas en la economía. Según ha expresado Hernández de Cos, es esta dinámica “la que está en el origen de las ganancias de productividad de las economías”. Además de la recuperación más lenta que en otras ocasiones (y que sí afecta a países como Alemania o Francia), España presenta dos “anomalías” que tiene que atender especialmente.
Por un lado, una productividad “muy reducida” de las empresas de nueva creación. Por otro, la “débil” correlación del tamaño las empresas españolas y su productividad. No es que sea extraño que las nuevas empresas produzcan menos que sus homólogas al llegar al mercado. Sin embargo, las cifras indican que esa brecha natural entre las empresas nuevas y las ya establecidas es “mucho mayor” en España que en otros países de Europa.
Al menos cinco son las causas de esta baja productividad empresarial española, según ha enumerado el gobernador. La calidad de los factores disponibles (capital humano); el acceso y asimilación de la financiación (en un país que está “bancarizado”); la inversión en innovación; la regulación de los mercados y el grado de competencia sectorial.
Entre los factores regulatorios que afectan a la productividad se encuentran la “disparidad” de las regulaciones fiscales, tanto autonómicas como locales. También las propias regulaciones destinadas a las PYME, y que en muchos casos, si no “desincentivan” su crecimiento, directamente “lo impiden”, ha criticado. Por otro lado, Hernández de Cos ha señalado la elevada tasa de abandono escolar y la escasa formación de los trabajadores como otras causas importantes que menoscaban la productividad española.
“Hay que mejorar las capacidades y combatir la dualidad del mercado laboral” tanto desde el nivel educativo más básico como en las empresas, ha apuntado. La formación continua de los empleados debe ser un elemento “estratégico” para todas las empresas. La FP Dual tan alabada en Alemania le resulta Hernández de Cos “difícil de trasladar” a nuestro país. Es más importante atacar la temporalidad del empleo aumentando el “atractivo” del contrato indefinido, ha defendido.
Además es importante que estos trabajadores funcionen dentro de un entorno “innovador”. Otro elemento en el que la estadística “no nos deja muy bien”, ha comentado el gobernador. Las inversiones públicas y privadas en I+D en España durante el año 2016 se sitúan en un 25% y un 50% por debajo de la media europea, respectivamente. Esto ha provocado que la brecha de capital tecnológico entre España y la Unión Europea haya seguido aumentando.
