El debate sobre la “regeneración democrática” puesto sobre la mesa por Pedro Sánchez forma parte ya de la agenda y, sobre todo, del discurso del Gobierno, pero las medidas deberán esperar. Fuentes de Moncloa señalan que no se presentarán iniciativas encaminadas a “democratizar” el sistema judicial, incluyendo reformas para forzar la renovación del el CGPJ si persiste el bloqueo del PP, y luchar contra la desinformación, hasta después de las elecciones europeas. Eso sí, desde el círculo de colaboradores del presidente del Gobierno advierten que la regeneración democrática “no se combate solo con un paquete de medidas”. “Tiene que haber conciencia social”, añaden las mismas fuentes para insistir en que “solo con medidas difícil defenderte” ante lo que denominan “máquina del fango”.
Como ejemplo, apuntan al tono de la oposición en la sesión de control al Gobierno este martes en el Senado. “Esperemos algo más de autocensura por su parte”, señala un ministro socialista del núcleo duro de Pedro Sánchez para reconocer que sin presión social no se revertirá esta situación. “El Gobierno no tiene una varita mágica para todo”, concluye. El objetivo del Ejecutivo, en primer lugar, pasa por abrir el debate y que tanto los partidos como sindicatos y organizaciones de la sociedad civil lo hagan suyo para lanzar sus propias propuestas.
A partir de este debate, el Gobierno planteará sus propias propuestas. “En tiempo y forma”, según explicaba este martes la portavoz y ministra de Educación y Deportes, Pilar Alegría, advirtiendo además que este “no es un debate de regate corto” y que requiere “templanza y serenidad”. A pesar de ello, desde el Ejecutivo avanzan que se inclinan por apoyar la tramitación de las iniciativas que puedan presentar otros grupos parlamentarios.
Tanto ERC como Podemos ya han presentado iniciativas en el Congreso. Los primeros con un paquete de medidas “sobre la lucha contra la corrupción, las cloacas del Estado y la guerra judicial en el Estado español” para someterlo a debate en el pleno del Congreso. Entre sus propuestas, modificar la ley reguladora del CNI, la Ley de Transparencia y Buen Gobierno y la Ley de Secretos Oficiales, así como derogar íntegramente la denominada ley mordaza. Los diputados morados, por su parte, han registrado en el Congreso una proposición de ley de registro de intereses de las personas propietarias o directivas de medios de comunicación con el objetivo de «democratizar el poder mediático en España”.
Los socios de coalición abogan por cambiar el sistema de mayorías para la elección de los vocales del CGPJ. A través de una mayoría simple, en lugar de cualificada de tres quintos, para hacerlo sin el concurso del PP. Desde la parte socialista del Gobierno no cierran esta puerta e, incluso, la deslizan al asegurar que “quien tiene capacidad de aprobar es el Congreso” y que “todos los poderes del Estado dimanan de la soberanía popular”.
Ultimátum sobre el CGPJ
Con todo, apuntan que esperarán primero a lo que diga la Comisión Europea, pues está ejerciendo las labores de mediación. El plazo que ponen para tomar la iniciativa es el mes de junio, “cuando termine el mandato de la Comisión”, según fuentes de Moncloa. Entienden que mantener el bloqueo es “insostenible” y están determinados en hacer cambios porque “si el PP no acuerda ahora, tampoco lo va a hacer en el resto de la legislatura”.
La Comisión Europea ya rechazó la propuesta de rebajar las mayorías parlamentarias y el Gobierno tanteará con Bruselas los movimientos que pueda hacer en esta línea. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viene avanzando en su ronda de entrevistas tras decidir seguir al frente del Gobierno que si continúa el “secuestro” del CGPJ, “el Parlamento necesitará articular mecanismos para poder salir de esta situación».
El espejo de la ley europea de medios
Sobre la lucha contra la desinformación, en Moncloa ponen como referente para las iniciativas que puedan tomar la ley europea de Libertad de los Medios de Comunicación que acaba de entrar en vigor. Entre otras cuestiones, obliga a declarar la propiedad de los medios. En esta línea, Sánchez ha apelado en sus recientes entrevistas a la necesidad de una mayor transparencia, sobre todo en lo referente a la financiación de los medios. “Se dice que la desinformación nos viene de fuera, de Putin, pero resulta que tenemos dentro el caballo de Troya”, señaló en una entrevista la pasada semana con la Cadena Ser. Asimismo, reiteró la necesidad de orientar el debate, previo a la elaboración de medidas legislativas, al “dinero que hay detrás de la máquina del fango”.
El marco legislativo para la lucha contra los “bulos” se enmarca en el Plan de Acción contra la Desinformación creado en 2018, dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad. En esta línea, los socialistas se comprometieron en su programa en culminar la aprobación de la Estrategia Nacional de Lucha contra las Campañas de Desinformación. Desde el Ejecutivo vienen situando la desinformación como una amenaza global que afecta a la democracia, con apelaciones directas a periodistas y medios para «difundir información contrastada y confiable.
El plan del Gobierno, en el que entre otros organismos implica a la Secretaría de Estado de Comunicación, buscaría “atajar la desinformación, se pretende incrementar la integridad electoral y garantizar que los sistemas electorales sean libres y justos, así como fortalecer la libertad de expresión y el debate democrático”.
