LA PLATA.- Con la presentación de una nueva denuncia y el intento de reactivación de una causa paralizada desde hace cinco años, un grupo de abogados insiste en requerir a la Justicia que determine la responsabilidad penal que pudo caberle a las autoridades de la época en la trágica inundación que asoló a La Plata el 2 de abril de 2013 y que dejó como saldo al menos 89 muertes y una ciudad diezmada con pérdidas materiales por miles de millones de pesos.

Los letrados, que actúan en paralelo ante distintos estrados, buscan aportar nuevos elementos hasta ahora no evaluados por los magistrados y tienen un objetivo común: impedir que en lo penal opere la prescripción por el paso del tiempo e insistir en el procesamiento por el presunto delito de estrago y malversación de fondos públicos de los máximos. Por cuerda paralela avanzan decenas de causas civiles en busca de resarcimiento económico.

Hasta el momento, la Justicia penal bonaerense ha rechazado consecuentemente todas las hipótesis y líneas de investigación que plantean la posibilidad de imputar a exfuncionarios. Los principales apuntados van desde quien fuera intendente platense en aquel momento, Pablo Bruera y funcionarios de su gabinete hasta el exgobernador y actual secretario de Turismo, Deportes y Ambiente de Javier Milei, Daniel Scioli. También la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner integra esa lista.

“Nosotros vamos a insistir hasta el final y si en la justicia argentina no se quieren hacer cargo recurriremos a tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, advirtió el abogado Federico Bojanovich, que el pasado 4 del corriente presentó ante la fiscalía de turno una denuncia para que se investigue el rol de los funcionarios con responsabilidad como para poder haber impedido que la inundación se convirtiera en una tragedia.

Bojanovich ejerce la representación legal del también abogado Ricardo Wagner, quien sufrió un grave perjuicio en varios locales de su propiedad y que, a su vez, lleva adelante una de las decenas de causas civiles iniciadas en el fuero Contencioso Administrativo para reclamar al fisco un resarcimiento económico por las consecuencias de aquella precipitación que en menos de 24 horas acumuló el inusitado volumen de 392 milímetros y que para los especialistas constituyó la mayor catástrofe hidrometeorológica de que haya registro acaecida en ciudades en toda la historia nacional.

En marzo de 2019, la jueza Claudia Elizabeth Greco halló en las filas del Estado un único responsable de lo ocurrido y condenó al titular de Defensa Civil de La Plata, Sergio Ariel Lezana, por “incumplimiento de los deberes de funcionario” a pagar una multa de 12.000 pesos además de aplicarle una inhabilitación para ocupar cargos públicos. En rigor, guiado por una estrategia del defensor oficial Juan Di Nardo, Lezana se declaró culpable y así evitó el desarrollo del juicio oral y un eventual acopio de nuevas pruebas.

Un dato que llama la atención en este nuevo giro del caso es que, siendo Scioli uno de los principales apuntados, dos de los abogados que impulsan las investigaciones están ligados a La Libertad Avanza. El año pasado Bojanovich se postuló por LLA para conquistar la intendencia de Ensenada; en tanto, Marcelo Peña llegó a ser precandidato a intendente de la fuerza liderada por el presidente Milei aunque desistió de presentarse por diferencias con la diputada Carolina Píparo, entonces aspirante a la gobernación. Consultados al respecto ambos aseguraron que su intervención y compromiso en estas causas es meramente profesional y no se vincula con sus posiciones personales en la arena política.

“Escándalo”

Para Wagner aquel juicio fue un escándalo: “un verdadero monumento a la corrupción que dejó al descubierto todo lo sucio de la política que abarca tanto al gobierno como a los poderes legislativo y judicial”, aseveró. Y agregó: “Es inaudito que no haya responsables cuando hay informes técnicos que advertían por la posibilidad de la catástrofe y también hay pruebas de que no se usó el dinero destinado a obras hidráulicas”.

Bojanovich explicó a LA NACION que “a raíz de las causas en el fuero Contencioso Administrativo iniciadas por varios vecinos que han reclamado indemnizaciones por lo por la pérdida no sólo de vidas sino también de sus bienes, su patrimonio se han conseguido importantes pericias criminalísticas e hidrológicas que para nosotros configuran el delito de estrago que la Justicia se negó sistemáticamente a investigar para terminar reduciendo todo a un incumplimiento de los deberes de funcionario público con pena es de una multa irrisoria e inhabilitación”.

Ahora, Bojanovich y Wagner trasladaron varias de las pericias realizadas en el marco de los juicios indemnizatorios a los tribunales penales ya que, según su criterio, aportan nuevos elementos nunca analizados por la justicia en lo criminal en base a documentos administrativos y pericias criminalísticas e hidrográficas que dan cuenta que existían suficientes advertencias que indicaban que la ciudad se iba a inundar y no se hizo nada al respecto.

Entre la documentación presentada hay dos informes que Wagner destaca. En uno de ellos, el perito e ingeniero civil Marcelo Soncini concluye en base a una serie de estudios y proyecciones entre otras cosas que “la inundación podría haberse evitado proyectando y dimensionando las obras con una recurrencia de acuerdo con Soncini considero que para la fecha de la trágica tormenta en La Plata no se habían adoptado las medidas aconsejables para disminuir el riesgo que provocaría una inundación pese a que existían suficientes informes y alertas al respecto”. Por último el especialista cita un informe en el que se advierte hacia el futuro que debido a la situación de vulnerabilidad hídrica de la ciudad “las obras estructurales actualmente en ejecución resultarán insuficientes para canalizar la demanda de retiro o escorrentía”.

A su turno, en una pericia criminalística realizada por el experto Nelson Castillo se señala que la expansión urbana de La Plata provocó “la ocupación sobre áreas no aptas para la urbanización, en tierras con muy baja calidad ambiental y alto grado de peligrosidad hídrica”. Según Castillo, ese fenómeno responde a la ausencia de regulación adecuada que, como consecuencia, “disminuye la calidad de vida y aumenta la vulnerabilidad de los habitantes, principalmente en el caso de urbanizaciones informales en tierras cercanas a arroyos con alto grado de peligrosidad hídrica y la degradación ambiental”. Todo lo cual, enfatiza Bojanovich, genera las condiciones para la tragedia.

El caso recayó en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 16, a cargo de Juan Cruz Condomí Alcorta, quien por estas horas evalúa la pertinencia de la causa en la que tiene intervención el Juzgado de Garantías 5 conducido por Marcela Garmendia. Si bien el fiscal no hizo declaraciones públicas, en su entorno comentaron que es muy probable que decida rechazar el planteo o derivarlo hacia la fiscalía que intervino originalmente y recordaron que en la Justicia penal platense prima la idea de que los posibles delitos cometidos por funcionarios ya han sido investigados sin hallarse ningún elemento para avanzar en imputaciones. “Estas presentaciones solo buscan vidriera de una manera ruin y con un tema tan sensible”, adelantó una fuente del Ministerio Público Fiscal con despacho cercano al del fiscal general Héctor Vogliolo.

Como sea, lo cierto es que, llamativamente, ningún funcionario de primera línea fue llamado a prestar declaración ni procesado.

Causa suplementaria

En paralelo avanza muy trabajosamente el abogado Peña, que en su momento elevó sin suerte una queja a la Suprema Corte de Justicia para que se anulara el juicio en el que fue condenado Lezana.

Peña concentra su tarea en la Instrucción Penal Preparatoria 13275/13 Alcance 1, que es un expediente que, por pedido de las defensas de las víctimas, la jueza Greco accedió a dejar abierto por si aparecían nuevos elementos para determinar responsabilidades políticas de la tragedia. Esa causa, que lleva cinco años sin demostrar avance alguno, se originó con el fin de poder dilucidar el destino de partidas asignadas a obras de saneamiento de arroyos y desagües de la ciudad de las diagonales y fondos provistos por organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo para evitar inundaciones, así como esclarecer las presuntas irregularidades en el manejo de las actas de defunción de víctimas con el fin de reducir el número total de muertos reconocido oficialmente.

El representante legal apunta contra varios funcionarios públicos, entre ellos Scioli y quien fuera oportunamente su ministro de Infraestructura, Alejandro Arlia -ya fallecido-, y les achaca el uso sin control de partidas presupuestarias destinadas a mejoras y mantenimiento de los desagües pluviales de la ciudad. “Llamativamente hay constancias de que ese dinero se gastó pero las obras nunca se realizaron. Por ello los responsables de manejar ese dinero deben ser imputados por malversación de caudales públicos y asociación ilícita”, aseguró.

Peña plantea que no solo se desviaron partidas que podrían haber evitado la catástrofe sino que “también hubo groseros manejos posteriores para obstruir e impedir que se conozca la verdad sobre lo ocurrido”. En tal sentido, el letrado dice recordar vívidamente las maniobras, que él mismo denunció durante la única audiencia que tuvo el juicio oral, por las que referentes y punteros políticos contactaban a abogados o directamente a víctimas de la inundación para ofrecerles dinero para desistir de seguir adelante con las actuaciones. “Hicieron todo lo posible para taparlo, una vergüenza absoluta”, enfatiza. Y agrega: “Hubo una estrategia judicial para evitar que las responsabilidades políticas fueran investigadas a fondo y así forzar la prescripción”.

Bojanovich, Wagner y Peña evaluaron también la posibilidad de presentarse como particulares damnificados y pedir medidas para determinar si puede determinarse que entre el cúmulo de restos hallados en depósitos del cementerio local en total estado de abandono puede haber fallecidos producto de la inundación.