El viciado proceso electoral que lleva adelante la dictadura de Nicolás Maduro es un completo muestrario de irregularidades y atropellos.
Luego de la cuestionada proscripción a María Corina Machado, elegida en las primarias como candidata de la oposición mayoritaria a quien todas las encuestas daban como favorita, el régimen decidió anular 14 partidos políticos, con la intención de limitar aún más las posibilidades de que se postule un candidato que enfrente a Maduro el próximo 28 de julio.
Ante tal circunstancia, la oposición designó a una reconocida intelectual, Corina Yoris, para reemplazar a la proscripta Machado, pero tampoco pudo presentar su postulación.
Minutos antes de que expirara el plazo, el gobernador del estado de Zulia, Manuel Rosales, sindicado como un títere que dará legitimidad a unas amañadas elecciones, logró inscribirse. Maduro volvió a demostrar que no está dispuesto a respetar la Constitución ni a cumplir con el Acuerdo de Barbados, firmado con los Estados Unidos, por medio del cual se comprometía a garantizar elecciones libres, transparentes y sin proscripciones.
Machado convocó para hoy a una protesta mundial contra el bloqueo electoral y alentó a los más de 7 millones de inmigrantes venezolanos a inscribirse en los registros electorales consulares para poder votar y a denunciar cualquier impedimento.
Bajo supuestos delitos de traición a la patria, la dictadura chavista acusó a la principal fuerza opositora de pretender asesinar a Maduro, encarceló a colaboradores cercanos a Machado, persiguió a dirigentes del partido Vente Venezuela y se encargó de no actualizar el registro electoral.
Recientemente, y luego de que seis dirigentes opositores a su gobierno ingresaran a la embajada de la Argentina en Caracas, lejos de responder desde la diplomacia, Maduro decidió cortarle el suministro de energía eléctrica y de agua a la residencia.
Es de esperar que los venezolanos que exigen un cambio no cesen en sus reclamos, que la comunidad internacional, a través de los organismos pertinentes, abandone su tibieza y que los Estados Unidos, ante el incumplimiento del Acuerdo de Barbados, reimplanten las sanciones económicas suspendidas, de tal manera que el dictador venezolano se vea obligado a garantizar el derecho de los electores a decidir libremente su futuro.
