ROSARIO.– “Patricia Bullrich, metiste a todos los presos en un mismo pabellón, ahora vamos a desangrar Rosario y Buenos Aires”. El cartel, un pedazo de tela pintada con aerosol rojo, fue colgado ayer en uno de los puentes de la avenida Circunvalación, una arteria muy transitada en Rosario.
Las amenazas contra funcionarios nacionales y provinciales aparecen casi a diario, y en su mayoría expresan el enojo de los grupos criminales por las medidas de mayor rigor y control que se adoptaron en los penales de Santa Fe y las cárceles federales, donde están presos los líderes de las bandas narco y sus lugartenientes.
La tela con la amenaza apareció algunas horas después de que, tras un fuerte operativo la Policía Federal Argentina (PFA), fuesen arrestadas diez personas que pertenecían a dos bandas distintas y que, según apunta la investigación, realizaban tareas coordinadas de tráfico de drogas y de lavado de activos.
De acuerdo con la pesquisa que realizó la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Jorge Benegas, que sería un histórico testaferro del jefe narco Esteban Alvarado, trabaja de manera conjunta con gente vinculada al expiloto peruano Julio Rodríguez Granthon, ambos presos en los penales de Ezeiza y Marcos Paz, respectivamente. En los operativos se secuestraron seis kilos de cocaína que tenían la marca de un delfín, algo que abre conjeturas sobre la procedencia de la droga.
La primera respuesta de Bullrich se conoció a través de las redes sociales: “Los vamos a meter presos a todos. Se les acabó la joda”.
Por la tarde encabezó una conferencia de prensa en el Ministerio de Seguridad de la Nación, donde expuso detalles del operativo realizado un día antes por la PFA para desmontar una red de lavado narco. Y se refirió nuevamente a la amenaza que apareció colgada en un puente de esta ciudad: “No tengo miedo, los que deberían tener miedo son los delincuentes”.
Además, la funcionaria a cargo de las fuerzas federales de seguridad indicó su convencimiento de que “la narcocriminalidad en Rosario derivó en narcoterrorismo”.
Por su parte, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, expresó su respaldo a la ministra de Seguridad de la Nación al señalar: “Las organizaciones criminales nos tienen acostumbrados a este tipo de amenazas. Desde el 10 de diciembre, los presos dejaron de estar de fiesta: antes tenían teléfonos celulares, visitas íntimas y pedían comida por delivery. Se terminó la fiesta en el servicio penitenciario de la provincia y federal”.
El 19 de marzo pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un hábeas corpus presentado por la defensa de Alvarado, en el que se habían objetado las condiciones de alojamiento en la prisión que le impuso el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario tras el intento de fuga del penal de Ezeiza.
La decisión del máximo tribunal se conoció diez después de que se produjera en Rosario una sucesión de crímenes que provocaron terror en la población. Fueron asesinados dos taxistas, un colectivero y un empleado de una estación de servicio. Los homicidios fueron elegidos al azar y buscaron provocar pánico en la ciudadanía. Los sicarios fueron, en su mayoría, menores de edad.
El martes pasado se llevaron adelante más de 30 allanamientos que terminaron con siete detenidos, entre ellos cuatro menores, que serán imputados el martes próximo. La investigación apunta a que “hubo acciones coordinadas”, como señaló el fiscal Adrián Spelta, entre distintas bandas criminales, bajo una estrategia que habría sido delineada por Alvarado. No descartan que estos actos “narcoterroristas”, como fueron calificados por el gobierno nacional y la administración provincial, se hubieran planificado como una forma de presión a la Corte, que finalmente rechazó el reclamo de Alvarado por las condiciones de detención.
Alvarado actuó con otros jefes narco, como Claudio “Morocho” Mansilla, con quien se intentó fugar de Ezeiza en marzo del año pasado, y con Alejandro Núñez, conocido como Chucky Monedita, preso en el penal de Piñero, en Santa Fe. La sospecha es que las órdenes para causar terror en Rosario se las dieron a mujeres durante visitas íntimas. Estos detenidos están bajo regímenes especiales de detención, en los que se restringen las llamadas telefónicas y las visitas, pero esa decisión no alcanza a los encuentros íntimos, que están regulados por ley.
La hipótesis que tienen las autoridades es que las amenazas y los atentados se produjeron como una muestra de desesperación de estos grupos criminales. Con las condiciones actuales de detención, con mayores controles y restricciones, los narcos ven que el negocio mafioso y la venta de drogas minorista pueden entrar en decadencia, porque no logran controlar como antes los resortes de los emprendimientos criminales.
Por eso, en el gobierno provincial pronostican que van a seguir las amenazas y que se van a producir, probablemente, hechos violentos, ya no con enfrentamientos entre bandas como sucedía antes, sino contra otros blancos.
Lo que se ve sobre la superficie es que las intimidaciones continúan, como la que tuvo como blanco a Bullrich, pero los hechos de violencia en Rosario bajaron durante el primer trimestre del año con respecto a 2023.
El acuerdo entre bandas
Los números muestran una realidad que parece ajena a lo que flota en la superficie de Rosario, una ciudad aterrorizada que quedó dos veces paralizada en marzo por los crímenes y las amenazas narco. En el primer trimestre de 2024 se cometieron 36 asesinatos en el departamento de Rosario, un número que contrasta con los 80 homicidios que se produjeron en el mismo período del año pasado. Pero esta estadística, que aportaría una buena noticia, choca con un escenario nuevo.
El análisis de los datos muestra que, antes de que se fortaleciera la presencia de fuerzas federales en la ciudad –hay 1450 efectivos de Gendarmería, PFA, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura– a partir del 12 de marzo, comenzaba a cristalizarse en los meses de enero y febrero algo inusual en la historia de la violencia en esta ciudad: dejaron de enfrentarse entre sí los grupos criminales por disputas territoriales para la venta de drogas o el control del lugar.
Estos conflictos aportaban el mayor número de muertos y de heridos de armas de fuego. Un ejemplo es lo que sucede en la zona noroeste, la más conflictiva durante los últimos dos años, donde en el barrio Ludueña se registró un solo homicidio en este trimestre. En cuatro meses en 2022 se cometieron 40 homicidios en ese sector, donde se disputaban el territorio franquicias de Los Monos y Alvarado por el control de la venta de drogas al menudeo.
No solo descendieron los homicidios, sino también los heridos de armas de fuego, otro indicador que muestra el nivel de violencia. No fue una cuestión de puntería, de suerte. En enero pasado se cometieron 17 asesinatos, frente a 32 de 2023, según datos del Observatorio de Seguridad Pública. En febrero se produjeron siete homicidios, contra 16 del año pasado. Y en marzo, 12 en 2024, frente a 22 del mismo lapso del año anterior.
Con los heridos de arma de fuego la baja también es representativa de la disminución de la lucha territorial entre narcos. En lo que va de este año se produjeron 118 lesionados por balas, mientras que en ese período en 2023 fue de 249, de acuerdo con registros oficiales. En febrero, el mes que hubo menos asesinatos, fue el lapso en el que se registró la mayor cantidad de heridos, que llegó a 55. Pero el año pasado esa cifra alcanzó los 98. En enero ingresaron a los hospitales con heridas de proyectiles 29 personas y en marzo, 34.
Sin embargo, el descenso de los casos de violencia extrema está lejos de generar en Rosario un incremento de la confianza de la población de que va a estar más segura o indemne a los asesinatos al azar.
Ese clima enrarecido es nuevo, a pesar de que esta ciudad enfrenta altos niveles de violencia en las calles desde 2013, cuando se desató lo que algunos califican como una
