MENDOZA.- No se detienen los robos y entraderas en la provincia del oeste argentino, en medio de la crisis económica y social que vive el país. Aunque los homicidios vienen en baja, la inseguridad vuelve a estar a la orden del día no solo en la capital y zonas urbanas, sino en sitios más alejados de la ciudad y en áreas rurales.
Esta realidad se ha vuelto una preocupación constante tanto para la población como para las autoridades, que buscan dar respuestas, aunque los recursos materiales y humanos no aparecen con gran despliegue en las calles y de manera cotidiana, según advirtió LA NACION en una recorrida por distintos departamentos de la provincia cuyana. Se da una particularidad: mientras más lejos de las ciudades cabeceras está la población, el problema de la inseguridad se vuelve mayor.
A la espera del procesamiento de los datos estadísticos oficiales, suministrados por el Ministerio Público Fiscal, LA NACION pudo saber, de altas fuentes del oficialismo, que los delitos de hurto y robo se incrementaron un 30% en lo que va de 2024 en relación con el primer trimestre del año pasado. Esto muestra un escenario complejo hacia adelante y se ve reflejado en el crecimiento de los reclamos ciudadanos de mayor presencial policial en las calles de la provincia. La crónica diaria así lo deja ver cada vez que se pone sobre la mesa el tema que inquieta a los funcionarios locales.
De hecho, el gobernador Alfredo Cornejo (UCR), en los últimos días, admitió la problemática, aunque ponderó que se han reducido los delitos violentos, al tiempo que despegó a Mendoza de la realidad que transita Rosario y la provincia de Santa Fe. En esa línea, detalló que los asesinatos se redujeron un 10% en 2023, en comparación con lo ocurrido en 2022, siendo el valor más bajo en dos décadas. De igual forma, apuntó a la necesidad de acelerar las tareas judiciales y a un mayor compromiso de las comunas, algo que encuentra resistencia entre los intendentes.
Hasta ahora solo se registró, hace dos semanas, un megaoperativo con allanamientos en los barrios del oeste de la comuna de Godoy Cruz, vinculado, principalmente, a la venta de estupefacientes y en coincidencia con la ofensiva oficial en Rosario que busca frenar el avance de la violencia narco.
“Decir que estamos hartos de los robos es poco. Acá no vemos móviles policiales, estamos súper desprotegidos. Es insoportable vivir así. Podés perder todo en cualquier momento, incluso la vida. Por eso, en cualquier momento me voy del país; quiero evitar ser uno más en las estadísticas”, dijo a LA NACION Eduardo, vecino de Colonia Segovia, uno de los distritos de Guaymallén, el municipio más poblado de Mendoza y jaqueado por los hechos delictivos. Lo mismo se escucha en la voz de los habitantes de otras localidades como Rodeo de la Cruz, Los Corralitos o Villa Nueva. Algo similar ocurre en los departamentos de Las Heras y Maipú, en los distritos de Rodeo del Medio y Beltrán, o en Luján de Cuyo, en las localidades de Vistalba y Blanco Encalada, entre otras.
La indefensión no solo se percibe con fuerza en las áreas más alejadas, sino que en la capital hay constantes reclamos de vecinos, visitantes y comerciantes, con la mira puesta en el Ministerio de Seguridad que conduce Mercedes Rus.
“No se puede caminar tranquilo ni en el microcentro. Tenés que estar alerta todo el tiempo. Ya me robaron el celular y también me quisieron abrir el auto a plena luz del día. ¿Policías? Bien, gracias”, se lamentó Mayra, una profesional oriunda de la comuna de Luján de Cuyo que dos veces a la semana tiene que hacer diligencias en la capital provincial, donde incluso hay un cuerpo de preventores comunales.
También en el concurrido Parque General San Martín hay alertas de los visitantes por la falta de vigilancia y por la presencia constante de malvivientes que están al acecho. Según pudo saber LA NACION, es escaso el plantel de efectivos dispuestos en la zona, que no supera los cuatro policías en buena parte de la jornada y para un complejo que tiene casi 400 hectáreas. “El parque se está poniendo peligroso; es raro ver algún uniformado. Pasa todo tipo de gente, todo el tiempo, y hay zonas donde tampoco se ven cámaras”, contó preocupada a LA NACION una deportista que suele recorrer el espacio verde tres veces por semana.
Con “mayor inteligencia” por parte de los uniformados y “mayor celeridad” del Poder Judicial se podrían “bajar más rápido” los niveles de inseguridad, indicó el gobernador en los últimos días. “Hoy tenemos más organizado el Estado, y gracias a esto hemos bajado los delitos violentos, pero aún no hemos bajado todos los delitos”, sostuvo Cornejo.
También expresó: “Sin dudas, tenemos altos niveles de inseguridad. Aunque algunos quieren compararnos con un cantón suizo, creemos que podemos asimilarnos a un cantón suizo si unimos todos los procedimientos penales y hacemos una policía mejor. Si involucramos a los municipios en la prevención y muchos contribuyen, estoy seguro de que bajamos arrebatos y entraderas”, definió.
“No se ven policías ni móviles en las calles, no se puede tapar el sol con las manos. Hay que sincerar todo o ver qué medidas tomar”, contó a LA NACION uno de los intendentes más importantes de la provincia, aunque considera que la tarea contra el delito la debe asumir con todo el Poder Ejecutivo provincial y no las comunas.
Así, la acción y participación de los municipios es motivo de controversia por estas horas, ya que el gobernador quiere una presencia más activa en la lucha contra la inseguridad, aunque el personal no está cabalmente capacitado para repeler el delito.
“Los intendentes no están de acuerdo; pueden llegar a colaborar con cámaras. Hay falta de decisión política en todos los niveles frente a la demanda de la gente. Acá la realidad es que nadie quiere asumir costos frente a la gravedad de un hecho delictivo, aunque es verdad que la Provincia debe hacerse cargo de brindar seguridad con más policías, móviles y tecnología“, dijo a este diario otro jefe comunal del mismo color político que Cornejo.
Frente a este escenario complejo, al que se suman los reclamos salariales de los agentes de la fuerza, en los últimos días el mandatario acusó recibo de los planteos ciudadanos y buscó repartir responsabilidades oficiales a la hora de combatir el delito, poniendo nuevamente el ojo en la Justicia. “El Ejecutivo tiene el arma para la prevención más relevante, que es la policía, pero el Fuero Penal es igual de responsable a la hora de construir mayor seguridad”, sostuvo Cornejo.
Bajo este escenario de llamados de atención transcurre la realidad delictual en la provincia cuyana, donde hay comunas que destinan recursos en seguridad, más allá de tener la luminaria en condiciones o los árboles podados.
“El monopolio de uso de la fuerza lo tiene el gobierno provincial, con la Policía de Mendoza, nunca los municipios. No creo que sea viable o exitoso la conformación de cuerpos de preventores municipales porque no pueden bajar ni a un pibe de un columpio. Las comunas no deben desarrollar patrullas; sí colaborar con el soporte tecnológico, pero siempre debe haber un policía”, acotó otro jefe comunal de la oposición consultado por LA NACION.
Así las cosas, las voces desde los diversos sectores políticos son coincidentes. “Lo positivo es que Cornejo reconoce que estamos en problemas, que se ha incrementado el delito. Pero no hay autocrítica de que faltan móviles y policías”, completó una alta fuente del radicalismo local, a la espera de una reacción mayor en el combate de los hechos que tienen en vilo a la ciudadanía, en el día a día.
