¿Por qué una resolución que abarca a un grupo de entidades –y, por tanto, a un grupo de afiliados– y no a todas las que subieron sus cuotas en porcentajes similares? La inquietud surgió de forma inmediata entre los actores del sector y, con mayor intensidad aún, entre los usuarios del sistema que fueron dejados al margen, luego de que el Gobierno anunció su decisión de establecer límites para los incrementos de cuotas en la medicina prepaga, instrumentada a través de muna medida que en la práctica implica una baja importante respecto de los montos que se pagan hasta este mes.
La gestión de Javier Milei pasó, en cuatro meses, de disponer la liberación absoluta de los precios de los planes de salud, una decisión incluida en el DNU 70, de diciembre último, a definir reglas que, más allá del camino transitado para definirlas, implican topes a los aumentos, con una particularidad: son reglas que discriminan, porque algunas entidades deberán aplicarlas y otras no, sin que eso esté justificado en comportamientos diferentes respecto de los precios.
Concretamente, lo resuelto es que, para definir cuánto cobrar a sus afiliados, siete prepagas deberán considerar el valor de sus cuotas de diciembre de 2023 y aplicar, como máximo, la inflación acumulada en lo que vaya del año, según el último dato disponible al período correspondiente. Por ejemplo, si en los cuatro primeros meses del año se acumulara una variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 65%, y si la facturación se emitiera a mediados de mayo (cuando se conozca la inflación de abril), los precios serían un 65% más altos que los de fines del año pasado. En la práctica, los importes hoy facturados son muy superiores y, por eso, la medida implica una baja muy significativa de los precios, pero solamente para quienes están en esas siete prepagas.
En las entidades en cuestión está, según el Gobierno, aproximadamente el 75% de los afiliados al sistema. El resto no queda sujeto a esa regla y las empresas en las que están pueden seguir cobrando –en principio y de no mediar una posible pronta decisión judicial–, según sus criterios. Los incrementos acumulados desde enero y hasta el mes actual son de entre 140% y 165%, en general. Y para mayo se anunciaron en muchos casos subas que rondan el 10%.
La explicación dada por el Gobierno a la discriminación es que la resolución es una “medida de tutela”, emitida sobre la base del dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNFC), hecho a su vez en repuesta a una denuncia que presentaron en enero referentes de la Coalición Cívica por supuesta cartelización. Y en esa presentación se mencionó a las siete entidades a las que abarca ahora la decisión oficial: Galeno, Medifé, Swiss Medical, Omint, OSDE, Hospital Británico y Hospital Alemán.
“Eso no está en control del Gobierno, sino de los denunciantes”, señalaron desde el Gobierno, ante la consulta de LA NACION sobre por qué no se pudo llegar a emitir una medida generalizada. “La investigación no puede incluir a empresas no denunciadas, por riesgo de que se caiga por temas procesales”, agregaron las fuentes.
Hernán Reyes, legislador porteño y uno de los denunciantes ante la CNDC, afirmó por su parte que, si bien el Gobierno –en el marco de una decisión tomada a partir de aquella presentación– no podría haber emitido una medida involucrando a entidades no notificadas de una investigación contra ellas, sí podría haber avanzado previamente para determinar qué otras empresas estaban presuntamente actuando de forma abusiva, para darles aviso e incluirlas en el expediente. De esa manera, dijo, sí podría haber habido una medida menos restringida. Según Reyes, desde la CNDC no se agregaron argumentos a lo que habían sido presentado inicialmente, ni se amplió la investigación.
Referentes del sector afirmaban ayer que, más allá de las consideraciones sobre la medida en sí, no parece sostenible que no abarque a todas las entidades. Entre la que quedan afuera hay algunas que tienen una población amplia de jubilados, especialmente afectados por la liberación de precios dispuesta por el Gobierno que, a la vez, mantuvo congelados los haberes de la Anses en enero y febrero, los dos meses en que hubo incrementos más fuertes de las cuotas. “Va a haber presión de los afiliados”, consideró un directivo del sector, que rescató un dato no menor, considerando cómo se gobierna en estos tiempos: hubo muchas menciones en la red social X de entidades no incluidas, como el Hospital Italiano o Sancor Salud.
Desde el Gobierno señalan que la resolución emitida se complementa con la presentación hecha ante la Justicia por la Superintendencia de Servicios de Salud, también por supuesta cartelización: allí se pide que se le ordene a un grupo de empresas (nuevamente, no a la totalidad de las que hay en el sector) que retrotraiga los valores a diciembre y que devuelva parte de lo cobrado en los últimos meses.
El pedido abarca a 18 entidades que, según el Gobierno, reúnen al 90% de los afiliados. Se trata de Medicina Esencial, Accord, Prevención, Hominis, Avalian, Federada Salud SIPSSA, Hospital Italiano, Luis Pasteur, OSDE, Medifé, Sancor, Jerárquicos Salud, Medicus, Met Córdoba, Swiss Medical, Omint y Galeno. Entre las no incluidas, curiosamente hay dos que sí están alcanzadas por la resolución de Comercio: el Hospital Alemán y el Hospital Británico.
Si prospera la medida, habrá consecuencias positivas para los bolsillos de muchas personas, pero, al mismo tiempo, se expandirá aún más el efecto de inequidad que se está generando a partir de la decisión tomada administrativamente por el Gobierno. Habrá más reglas diferentes según en qué prepagas se esté.
Más allá del impacto desigual para empresas y afiliados de las decisiones oficiales, hay un eslabón de la cadena del sector de la salud que, según advierten sus referentes, agravará su crisis: el de los prestadores, como clínicas y centros de diagnóstico, que no son propiedad de financiadores (prepagas y obras sociales).
Los que dan servicios a las prepagas tienen la actualización de sus aranceles atada a la suba de cuotas. Además, los cobran con demora, lo cual tiene una especial repercusión negativa en tiempos de alta inflación. El año pasado, mientras las prepagas advertían que las alzas autorizadas por el gobierno de entonces iban bastante por detrás de las subas de sus costos, los pacientes notaban cada vez problemas en las prestaciones: cobro o intentos de cobro de copagos, demoras en los turnos, salida de médicos de las cartillas y congelamiento de reintegros. “El tema –vaticinó un referente de la actividad– será el próximo que en materia de salud volverá a tomar protagonismo en la agenda pública”.
