Alta informalidad, salarios en caída libre y una legislación laboral que, según no pocos advierten, está cada vez más alejada de la realidad. La lista de factores que agravan la crisis del mapa del trabajo en la Argentina se completa con un largo etcétera que es compartido, en líneas generales, por empresarios, sindicalistas, expertos laboralistas y referentes de la política. Sin embargo, la antesala del debate sobre la nueva versión de la Ley de Bases que difundió el Gobierno sugiere que, una vez más, podría pasar de largo la oportunidad de concretar una reforma laboral o, al menos, de actualizar normativas para incentivar el trabajo registrado.

Los datos son contundentes y reflejan que, en la práctica, son finalmente minoría los trabajadores que están alcanzados por la legislación actual. La informalidad laboral llega a casi del 36% de los asalariados y a más de la mitad del conjunto de ocupados si se considera al universo total de trabajadores bajo relación de dependencia más los cuentapropistas, según cifras que surgen de analizar la Encuesta Permanente de Hogares del Indec y que describe un informe del Instituto Di Tella.

Al mismo tiempo, solo el 31% de los ocupados son asalariados registrados que trabajan en empresas privadas; es decir, están alcanzados por las normativas generales que rigen para los contratos laborales, según las conclusiones de un informe elaborado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa). Ese estudio proyecta que hay 20 millones de ocupados en el país (la EPH abarca un grupo de centros urbanos, integrado por el Área Metropolitana de Buenos Aires, las capitales provinciales y algunas ciudades como Mar del Plata, Rosario o Río Cuarto, y, por eso, la estimación es que hay 13,5 millones de ocupados solo en esas jurisdicciones).

“Los datos sugieren que no solo es urgente actualizar la legislación laboral, sino también que debería haber menos resistencias a hacerlo”, expresa el reporte de Idesa. Y agrega: “Las inercias y el conservadurismo generalmente se amparan en la irrenunciabilidad de las conquistas logradas con el tiempo de las que gozan los asalariados registrados actuales. Pero las evidencias están mostrando que éstos son solo una minoría. La mayoría de los trabajadores son monotributistas o asalariados o cuentapropistas no registrados”, se advierte.

Aun con ese panorama, las condiciones para discutir la reforma laboral en el Congreso parecen no estar dadas. Tras el acuerdo inicial al que habían arribado el Gobierno y dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) para llegar a una versión “ligth” de propuesta de reforma, el bloque de diputados de la Unión Cívica Radical (UCR), presidido por Rodrigo de Loredo, logró incluir el polémico punto sobre la eliminación de los aportes sindicales obligatorios y los fondos de las obras sociales, lo que desató la furia de la entidad gremial, complicando el trámite en el Poder Legislativo.

Hasta entonces, los acuerdos habían girado en torno de la reducción de la carga fiscal sobre el empleo; la derogación de artículos y leyes que fomentan la litigiosidad; la creación de un fondo de cese laboral como mecanismo sustitutivo de indemnización; medidas de protección contra el despido por discriminación; facilidades para el registro laboral, y la extensión del período de prueba a seis meses, sin derecho a indemnización, aunque sí con obligación de preaviso. Pero la reincorporación del ítem que impacta de lleno en el financiamiento de los sindicatos volvió a empantanar un debate necesario y, a esta altura, ineludible.

La mirada de los expertos

Los especialistas consultados por LA NACION afirman que varios factores explican el actual escenario de fragilidad laboral. Jorge Colina, presidente de Idesa, afirma: “Hemos llegado a esta situación por el estancamiento económico y, además, por la legislación laboral. Las dos cosas se retroalimentan, porque si no hay crecimiento económico no puede haber aumento del empleo formal; pero, a la vez, si hubiera crecimiento, entonces con estas leyes laborales tampoco crecería la registración, es decir, se generarían menos empleos de los que podrían crearse con una normativa más moderna”.

En Idesa sostienen que la economía argentina no ha crecido en los últimos diez años. Según el Ministerio de Economía, en el cuarto trimestre de 2023 el PBI fue de $280 billones, monto similar al del cuarto trimestre de 2013 que –ajustado por inflación– fue de $282 billones. “Como la población crece a razón de aproximadamente 1% por año, en una década, el PBI per cápita cayó 10%. Ante semejante retroceso productivo no sorprenden la caída de los ingresos reales y el deterioro en las condiciones de vida de la mayor parte de la población”, dicen los analistas de Idesa.

Juan Manuel Ottaviano, abogado laboralista e investigador del centro de estudios Fundar, considera: “Entre las razones que explican el trabajo asalariado no registrado se encuentran la inestabilidad macroeconómica, la informalidad económica de buena parte de las empresas, las dificultades del sector privado para sobreponerse a las crisis y la evasión”.

También señala que hay una combinación de factores Nuria Susmel, economista de la Fundación de Investigaciones y Estudios Latinoamericanos (FIEL). Entre ellos, afirma, están los costos de la mano de obra y los niveles de productividad y crecimiento. “El costo laboral pone un umbral para poder trabajar en la formalidad. Si no se logran cubrir los costos de producción, entonces no producís o trabajás en negro. Si la productividad de la mano de obra es alta, aun con costos laborales altos es posible producir en blanco. Pero si tenés altos costos y baja productividad, hay más chances de evadir y de trabajar informalmente, lo que termina en empleo informal”.

Según Susmel, a esos aspectos apuntaba la versión inicial del capítulo laboral del DNU 70/2023 frenado por la Justicia. “Si baja la litigiosidad se reduce el costo de la mano de obra, al tiempo que si bajan los aportes a los sindicatos se puede reasignar empleo; es decir, al reducir los costos y permitir que las empresas trabajen en blanco, eso puede bajar la informalidad”. No obstante, la economista también sostiene que la “burocracia estatal” y la carga impositiva son temas a considerar.

En la opinión de Ottaviano, los costos laborales no son una variable suficientemente representativa; según analiza, la presión impositiva se corresponde con gravámenes que no son del sistema laboral, como el IVA, que a su juicio explica gran parte de la evasión en la economía, algo que deriva en la falta de registro de los trabajadores. “La afirmación de que la presión impositiva en la Argentina es especialmente alta se extrapola a las contribuciones patronales, cuando en verdad la informalidad no se explica por eso, por los costos de contratación, ni menos aún por los costos de despido”, afirma el abogado.

Y agrega: “La reducción de los costos de despido que se sugiere con el sistema propuesto del fondo de cese laboral, solo provocaría mayor rotación y flexibilidad en el despido, mayor temporalidad laboral, lo mismo que se conseguiría con la ampliación del periodo de prueba”. Y ese efecto, al que define como una mayor “volatilidad de la contratación y el despido”, no contribuye a expandir la economía. “No se crean necesariamente puestos de trabajo, sino que se contrata y se desvincula más rápidamente”, concluye.

La reducción de la informalidad requiere, además de un contexto macroeconómico estable, medidas que apuntalen tanto la creación de nuevos empleos formales como la registración de los asalariados que operan en la ilegalidad.

La economista Roxana Maurizio, del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA-Conicet) y consultora de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sostiene: “Las medidas deben ser integrales e incluir políticas productivas, de acceso al crédito, a la tecnología y a los mercados, entre otras destinadas a aumentar la productividad, la eficiencia y la formalización de las pequeñas empresas”. Para la experta, ese tipo de políticas pueden funcionar, porque “el incremento de la productividad genera una mayor capacidad contributiva por parte de los empleadores, o bien porque la registración es una condición explícita para acceder a las ventajas que ofrecen algunos programas”. En este sentido, Maurizio subraya que “la ilegalidad laboral suele ser parte de la cadena de evasión impositiva por parte de los empleadores”.

Por otro lado, la especialista afirma que también hay que “fortalecer la inspección laboral”, y puntualiza que alrededor de un cuarto de la informalidad se concentra en establecimientos de entre 6 y 40 ocupados.

¿Oportunidad perdida?

Aunque se trata de un debate transversal para todo el mercado laboral, serán los tiempos de la política y, en particular, la estrategia y la flexibilidad que adopte el oficialismo las variables que determinen si se dan las condiciones para consensuar una reforma laboral “moderna” que promueva el trabajo formal, tal como indica el séptimo punto del Pacto de Mayo.

Sin embargo, el acuerdo inicial con la CGT y posterior puesta en jaque, tras la intervención de la UCR en la Cámara baja, que a su vez puso de relieve las internas con sus propios correligionarios del Senado –cuya propuesta había pasado el visto bueno de los dirigentes gremiales–, dificultan pensar que la reforma laboral prospere, incluso en los puntos en lo que existe cierto consenso.

“Se necesita mucha más idoneidad técnica y pericia política que la demostrada hasta ahora. Los cambios que encara el Gobierno están bien intencionados, así como los objetivos, pero introducirlos mediante un DNU iba a implicar problemas ante la justicia”, afirma Colina. Y asegura: “Hay voluntad en gran parte del Congreso para sacar la reforma laboral, pero si el oficialismo se pone en una posición inflexible, en la que no quiere que le toquen ni una coma, el proyecto no va a salir”.

Maurizio dice no estar segura de que haya un acuerdo sobre el diagnóstico de la situación laboral. “Si bien hay acuerdo respecto del impacto presente y futuro de las nuevas tecnologías y de las nuevas formas de trabajo, me parece que hay distintas miradas, por ejemplo, respecto de los factores asociados, de las causas y de las características de la informalidad laboral”. Y de eso se deriva, advierte, que haya visiones diferentes respecto de las políticas que ayudarían a aliviar el problema.

“La reforma laboral propuesta por el Gobierno parte del supuesto de que, empeorando las condiciones laborales de quienes están protegidos, se crearía empleo, se podría incluir a más personas o se mejorarían las condiciones de trabajo –dice Ottaviano–. Es una contradicción en sí misma, y además, no se incluyen aspectos modernos. Cada uno de los puntos laborales del DNU los podemos encontrar en reformas que ya se aplicaron en nuestro país (1976, 1991, 1995, 2000) y fracasaron”. Y concluye: “Una reforma requeriría un debate más amplio y consensuado”.