“Indicios sólidos de un acuerdo colusivo”. Con este argumento, el Gobierno dio un golpe sobre el sector de la salud privada. Dejando a un lado los manuales sobre la virtud del libre mercado para auto-regularse, uno de los eslóganes de Javier Milei desde hace años, la Secretaría de Industria y Comercio intervino en el rubro y estableció topes a los aumentos de los planes, que solo podrán ajustar por inflación.
Según explican en el Gobierno, todo surge de una investigación impulsada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) a partir de una denuncia realizada en enero por los legisladores Hernán Reyes y Juan Manuel López (Coalición Cívica), que estuvo congelada durante meses. Allí, se cuestionó a un grupo de empresas prestadoras de medicina prepaga por supuesta colusión.
Se trata de una de las “conductas anticompetitivas” penadas por la Ley de Defensa de la Competencia (25.156), que prohíbe, entre otras cuestiones, que dos o más empresas realicen acuerdos de precios, restrinjan la oferta o coordinen posturas en el mercado, que perjudiquen a los competidores o limiten la competencia en el mercado.
El organismo competente informó que avanzó en esa investigación y “determinó, de forma preliminar, que existen indicios sólidos de un acuerdo colusivo” entre las empresas de medicina prepaga. Tras esta acusación, que incluye a siete firmas (Galeno, Osde, Swiss Medical, Hospital Alemán, Hospital Británico, Medifé y Omint) que representan más del 70% del mercado, el Gobierno dispuso intervenir en el sector, con topes para el ajuste de los planes.
La decisión alcanza, por el momento, a las únicas siete empresas mencionadas en la denuncia. En la investigación de la CNDC sobre el sector, mientras tanto, no se amplió la revisión a otras prestadoras de salud privadas. “Solo se puede investigar a las empresas denunciadas”, argumentan fuentes de la Secretaría de Industria y Comercio, sobre la no inclusión de otras firmas del sector, como el Hospital Italiano, Medicus, Hominis (Sanatorio Güemes), Sancor Salud o Avalian, por mencionar algunas de las más reconocidas.
Se trata de un rubro sensible, que experimentó un shock desregulador en diciembre, con el DNU 70/23 dictado por Milei. Entre otros temas, ese decreto derogó normas que establecían las pautas que las empresas debían seguir para aplicar ajustes en sus precios y, consecuentemente, liberó el mercado para que las compañías ajustaran los valores de sus planes.
Se trata, también, de un segmento de la economía que, producto del esquema regulatorio y las políticas del gobierno anterior, había acumulado un desfasaje con respecto a los costos y a otros precios. Desde diciembre de 2018 hasta noviembre de 2023, la inflación promedio había sumado un 1429%, mientras que las prepagas habían aumentado sus valores un 1000%, según los cálculos de EcoGo, la consultora económica que dirige Marina Dal Poggetto.
Agrego el grafico de @EcoGoConsultor1 que mostró Pagni ayer de variaciones de precios relativos a feb 24 tomando como base dic 18. Abajo el mismo grafico con el mismo orden con datos a nov 23. pic.twitter.com/5UrfrIoHFK
— Marina Dal Poggetto (@mdalpog) April 9, 2024
En ese escenario, las firmas avanzaron con fuertes aumentos, con el argumento del incremento de sus costos y los haberes del personal de salud y el retraso general de sus ingresos frente a la inflación acumulada. Los ajustes, que incluso generaron reclamos y frenos en algunos juzgados, estuvieron por encima de la inflación, que se aceleró desde diciembre tras las medidas económicas del nuevo gobierno.
Según estimaciones oficiales, desde diciembre las empresas de medicina prepaga tuvieron un incremento promedio del 151% desde diciembre hasta la fecha, mientras que la inflación acumulada en el período, estimando un 10% para abril, será del 109%.
Pero la denuncia que investiga la CNDC acusa a las firmas de una colusión, al haber avanzado tras el DNU con un “aumento cuasi uniforme en los precios de los planes”, un comportamiento lejano al dogma de “competir muy bien” que pregonó Milei desde la campaña.
Entre otros “indicios sólidos”, considerados por el Gobierno en su investigación, apuntan a que, tras el DNU, las firmas aplicaron aumentos de magnitudes similares. En la denuncia de Reyes y López, por caso, se consigan que en enero los ajustes fueron del 40,5% en Galeno; 38% en el caso del Británico; 39,8% del Alemán; 40% en Swiss Medical y 39% en Medifé.
La investigación apunta también contra Claudio Belocopitt, titular de Swiss Medical y expresidente de la cámara que nuclea a las prepagas (renunció ayer a la UAS), quien en diciembre, luego del DNU, reconoció que habría reuniones entre las empresas: “Nos vamos a juntar entre todos primero porque tenemos que definir prácticas para salir de una situación que es extremadamente alarmante de manera ordenada”.
“Hay que ordenar un sistema que está muy roto y después competir libremente”, explicitó Belocopitt en esa entrevista con Radio Con Vos.
Con su decisión de la Secretaría de Industria y Comercio, interviene en el sector y establece, por un plazo inicial de seis meses, mientras avanza la investigación de la CNDC. La Superintendencia de Servicios de Salud, en tanto, realizará una presentación formal ante la Justicia para que las empresas “retrotraigan” el valor de las cuotas y realicen una “devolución” de montos a sus afiliados.
