«Necesito parar y reflexionar» han sido las palabras más comentadas de la carta de Pedro Sánchez donde avanza su posible dimisión como presidente del Gobierno. El comunicado ha surgido a raíz de la investigación judicial a su esposa, Begoña Gómez por tráfico de influencias.
En la situación actual, el presidente del Gobierno cuenta con cuatro opciones ante la comparecencia del lunes 29 de abril donde determinará si continuará ejerciendo sus funciones como presidente del Gobierno.
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La denuncia, presentada por el sindicato ultraderechista Manos Limpias, el cual ya ha dicho que podría basarse en fake news, ha sido interpretado como un intento de lawfare contra el presidente del Gobierno.
El término ‘lawfare’ tiene su origen entre la combinación de las palabras inglesas ‘law’ (ley) y ‘warfare’ (ir a la guerra). En los países anglosajones suele hacer referencia a la «guerra jurídica», y se utiliza para describir las situaciones donde se produce una instrumentalización de la justicia y sus instituciones.
Esta «guerra jurídica» consiste en utilizar distintos procesos legales para destituir cargos públicos. Es decir, utilizar el sistema judicial de un país con motivos partidistas. En nuestro idioma encontramos algunos sinónimos como ‘judicialización de la política’ o ‘persecución judicial’, y ambos se refieran al empleo de la justicia como herramienta política.
