La cena anual del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) brindó el escenario donde este lunes por la noche confluyeron gobernadores, ministros nacionales y legisladores oficialistas, peronistas y radicales junto a empresarios, diplomáticos y líderes de opinión. El tema dominante en el evento, epicentro del debate político y económico, fue la marcha de la economía y el próximo debate de la “Ley de bases” en el Congreso, junto a la sensación generalizada entre los mandatarios y parlamentarios de que el proyecto superará la Cámara de Diputados.
“Si no, estamos al horno”, advirtió un mandatario provincial que llegó cuando terminaba el bandejeo de canapés y copas de vino para pasar al Salón Ocre de la Rural, donde se desarrolló el evento.
Entre los funcionarios nacionales estuvieron el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el de Educación, Carlos Torrendell. Esperado, el ministro del Interior, Guillermo Francos, no llegó, lo mismo que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, afectada por unas “líneas de fiebre”.
Entre los libertarios se mostró el senador Francisco Paoltroni (Formosa), que rechaza la postulación del juez Ariel Lijo para la Corte Suprema. También la diputada Lilia Lemoine, que se mostró optimista sobre la aprobación de la ley ómnibus y todavía rumiaba sobre el quiebre del bloque libertario.
Los gobernadores, que trabajan en múltiples programas con el Cippec dijeron presente. Entre ellos, Martín Llaryora, de Córdoba; Raúl Jalil, de Catamarca; Leandro Zdero, de Chaco, y Rogelio Frigerio, de Entre Ríos.
Los opositores “dialoguistas” se reunieron en diversos corrillos donde se conversaba sobre el futuro de la ley ómnibus.
La creencia generalizada era que esta vez será aprobada, porque el Gobierno había hecho lo que no hizo antes: dialogar con los diferentes bloques. Estaban entusiasmados con la norma como un camino de salida hacia la “normalización”. Incluso algunos radicales, que aportaron su propio proyecto de reforma laboral, que es visto con buenos ojos por el Gobierno.
Los gobernadores observaban en particular el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que busca asegurar la continuidad de beneficios, por dos años, para proyectos de empresas argentinas o extranjeras. Los mandatarios se sumaban al consenso de que el proyecto avanzará en Diputados. Piensan en el Senado.
Otro punto muy conversado fue la ausencia de una reforma laboral en el proyecto de ley enviado por el Presidente, más allá del aporte que presentó la UCR. Los libertarios confiaban en que se podía agregar este capítulo al proyecto oficial, pero algunos gobernadores no quieren saber nada de sumarle temas al proyecto: creen que todos intentarán hacer agregados y se corre el riesgo de que todo quede empantanado.
El Gobierno intenta destrabar la reforma laboral contenida en el DNU y frenada por la Justicia, pero trabaja en los dos frentes, el legislativo y el judicial. “El que se demuestre más rápido y eficaz”, deslizaba anoche un funcionario.
El otro asunto que sobrevoló todas las mesas fue la postulación del juez Lijo y del catedrático Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema. En los corrillos judiciales nadie creía que Lijo consiguiera los votos, pero dejaban abierta la puerta ante el silencio del kirchnerismo. Otros temían que García-Mansilla quede en el camino. “Son dos caras de la misma moneda”, sintetizó un invitado.
