ROSARIO. Los números muestran una realidad que parece ajena a lo que flota en la superficie de Rosario, una ciudad aterrizada que quedó dos veces paralizada en marzo por los crímenes y las amenazas narco. En el primer trimestre de 2024 se cometieron 36 asesinatos en el departamento Rosario, un número que contrasta con los 80 homicidios que se produjeron en el mismo periodo el año pasado. Pero esta estadística, que aportaría una buena noticia, choca con un escenario nuevo. El análisis de los datos muestra que, antes de que se fortaleciera la presencia de fuerzas federales en la ciudad –hay 1450 efectivos de Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Policía Federal y Prefectura- a partir del 12 de marzo, comenzaba a cristalizarse en los meses de enero y febrero algo inusual en la historia de la violencia en esta ciudad: dejaron de enfrentarse entre sí los grupos criminales por disputas territoriales para la venta de drogas o el control del lugar.
Estos conflictos aportaban el mayor número de muertos y de heridos de armas de fuego. Un ejemplo es lo que sucede en la zona noroeste, la más conflictiva durante los últimos dos años, donde en el barrio Ludueña se registró un solo homicidio en este trimestre. En cuatro meses en 2022 se cometieron 40 homicidios en ese sector, donde se disputaban el territorio franquicias de Los Monos y Esteban Alvarado por el control de la venta de drogas al menudeo.
En otro contexto, este descenso pronunciado de la violencia se hubiera convertido en una buena noticia para el gobierno, tanto provincial como nacional, pero la realidad muestra una nueva dimensión del fenómeno mafioso. El riesgo de celebrar con ansiedad la mejora de las cifras de homicidios llevó a principios de marzo a Bullrich a valorar el descenso “impactante” de los asesinatos en Rosario por los efectos del llamado “Operativo Bandera”. Su par en Santa Fe, Pablo Coccocioni, prefirió ser más cauto en ese momento. Cinco días después ejecutaron al taxista Héctor Figueroa y dos días más tarde a otro chofer, Diego Celentano, a los que luego se sumaron los crímenes al colectivero Marcos Daloia y el sábado 9 de marzo el playero Bruno Bussanich.
Estos cuatro asesinatos tuvieron varios rasgos en común. Dos de ellos, los que tuvieron como víctimas a taxistas, se usaron balas de la Policía de Santa Fe. Las vainas pertenecen a un lote de 1.530.800 proyectiles 9 mm OT (Ojival Truncada) que fueron producidas en la planta de Fray Luis Beltrán de Fabricaciones Militares y entregadas a la provincia en agosto 2021. En ese momento el gobierno de Santa Fe encargó que en los culotes de las balas se inscribiera la sigla “PSF”. Era una manera de identificar las municiones de la fuerza, cuyo control es cuestionado históricamente.
En los otros dos asesinatos, el del colectivero Daloia y del playero Bussanich, se presume que los sicarios eligieron a sus víctimas al azar. No había un interés particular en la persona que fue asesinada, sino en el tipo de trabajo que tenía. Tras el ataque al chofer de la línea K, el gremio de UTA paralizó el transporte público. Lo mismo había ocurrido antes con los taxistas. Después de la muerte de Bussanich –está detenido un menor de 15 años como supuesto autor del homicidio- dejaron de vender combustible las estaciones de servicio. La estrategia buscada fue que los ataques paralizaran el transporte y el suministro de combustible, algo que irradió una parálisis en casi todas las actividades, como la educación y el comercio.
De estos cuatro hechos hay un solo autor material detenido, el menor de 15 años que fue detenido en su propia casa, luego de que un vecino lo denunciara para cobrar la recompensa que había ofrecido el gobierno santafesino de 10 millones de pesos. Aún no se determinaron los autores intelectuales de estos crímenes. Una hipótesis que maneja el gobierno provincial, sobre la base de fuertes sospechas en la Justicia, es que hubo cierta coordinación entre grupos criminales para llevar adelante estos ataques con el objetivo de paralizar la ciudad y generar un problema político. La respuesta violenta –de acuerdo a la mirada del gobierno provincial– tuvo su germen en las medidas que tomó Maximiliano Pullaro en los pabellones de alto perfil, donde se incrementaron los controles y las restricciones a internos que pertenecen a segundas y terceras líneas de los grupos criminales.
La investigación en torno al adolescente que habría ejecutado al playero será clave. El fiscal Adrián Spelta adelantó tras su detención que la pesquisa se enfocará en determinar los ideólogos del crimen del joven de 25 años.
Un día antes de que fuera encontrado este adolescente de 15 años, cuya detención generó un debate sobre la baja de la imputabilidad a los 14, fueron detenidos tres integrantes de un clan narco de Pérez, localidad vecina a Rosario, como responsables de la amenaza que hicieron en el country Funes Hills Miraflores, donde vive cuando visita Rosario la familia del jugador Ángel Di María.
La investigación que llevó adelante el fiscal federal Javier Arzubi Calvo, con apoyo de su par provincial Pablo Socca, se enfoca en que la orden para realizar la amenaza salió de la cárcel de Piñero. Se ordenó el allanamiento del pabellón de alto perfil donde está alojado Dylan Cantero, uno de los hijos de Ariel Cantero, conocido como El Viejo, fundador de la banda de Los Monos. Empieza a aparecer evidencia de que los grupos mafiosos están detrás de estas maniobras para generar pánico. En el caso de Di María la noticia tuvo hasta impacto internacional.
El problema ahora no es la cantidad homicidios, sino a quiénes se asesina, a la selección de las víctimas, porque los últimos homicidios solo tuvieron como objetivo –es lo que se analizó en el gobierno y en la justicia- generar un pánico social que provocó un efecto inédito en el país: una ciudad quedó en un mes dos veces paralizada por decisión del llamado crimen organizado. También a quiénes se amenaza, al elegir figuras de trascendencia pública como Di María o como fue en febrero del año pasado el ataque al supermercado del suegro de Leonel Messi.
El gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich coincidieron en encuadrar estos hechos como terrorismo urbano. Como publicó LA NACION, la propia población, imbuida en un pánico que la llevó a declarar de hecho un toque de queda unilateral.
No solo descendieron los homicidios, sino también los heridos de armas de fuego, otro indicador que muestra el nivel de violencia. No fue una cuestión de puntería, de suerte. En enero pasado se cometieron 17 asesinatos, frente a 32 de 2023, según datos del Observatorio de Seguridad Pública. En febrero se produjeron 7 homicidios, contra 16 del año pasado. Y en marzo, 12 en 2024 frente a 22 del mismo lapso el año anterior.
Con los heridos de arma de fuego la baja también es representativa. En lo que va de este año se produjeron 118 lesionados por balas, mientras que en ese periodo en 2023 fue de 249, de acuerdo a registros oficiales. En febrero, el mes que hubo menos asesinatos, fue el lapso en el que se registró la mayor cantidad de heridos, que llegó a 55. Pero el año pasado esa cifra alcanzó los 98. En enero ingresaron a los hospitales con heridas de proyectiles 29 personas y en marzo 34.
El descenso de los casos de violencia extrema está lejos de generar en Rosario un incremento de la confianza de la población de que va a estar más segura o indemne a los asesinatos al azar. Ese clima enrarecido es nuevo, a pesar de Rosario enfrenta altos niveles de violencia desde 2013, cuando se desató lo que algunos califican como la guerra narco.
El objetivo del gobierno tanto provincial como nacional, que funcionan en torno a un comité de crisis, es tratar de mostrar con el despliegue policial y de fuerzas federales que la ciudad puede retornar a cierta normalidad. Un síntoma que exhibe ese escepticismo es que durante el feriado largo bajó en un 50 por ciento la ocupación hotelera, de un turismo de cercanía que elegía a la ciudad, a pesar de sus problemas, para visitar en esta época.
