El nuevo proyecto de “Ley de bases” que el presidente Javier Milei envió al Congreso incluye la reforma del sistema vigente de Defensa de la Competencia. Pero la propuesta divide a los expertos: para algunos, la iniciativa oficialista es un paso adelante para terminar con las cartelizaciones y los monopolios; pero, para otros, podría resultar contraproducente y quitarle herramientas a los funcionarios que deben lidiar con casos sensibles como el que enfrenta por estas horas al Gobierno con las prepagas.
La reforma abarca todo el Título VII del proyecto oficialista. Son 74 artículos que comenzaron a tomar forma dos años atrás, de la mano del asesor sin cargo oficial en la Casa Rosada, Federico Sturzenegger, según reconstruyó LA NACION, cuando el borrador circuló desde mediados de 2022 entre expertos y expertas del sector privado a los que el equipo de asesores de la entonces precandidata presidencial Patricia Bullrich solicitaron ideas y sugerencias.
En esencia, el proyecto dispone la derogación de la ley vigente desde 2018 –la 27.442–, que creó la “Autoridad Nacional de la Competencia”, aunque en los hechos jamás se llegó a constituir, por lo que continuó vigente la vieja Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) que esa norma venía a desactivar y reemplazar, en tanto que la Secretaría de Comercio, liderada por un funcionario político, quedó a cargo de emitir las resoluciones del sector.
Ahora, Milei propuso crear una “Agencia de Mercados y Competencia” y un “Tribunal de Defensa de la Competencia”, que dividen las aguas. Para el oficialismo y algunos especialistas, el nuevo diseño agilizará los trámites para ocupar esos cargos, les dará nuevas herramientas para investigar y sancionar prácticas desleales y despolitizará toda su actuación.
A tal punto llega la obsesión por quitarle cualquier tinte político al área de Defensa de la Competencia que el borrador fija, incluso, que el responsable a cargo de la eventual Agencia –al que se denominaría “secretario”– tendría vedada “cualquier actividad partidaria” durante su mandato de cinco años, renovable por cinco años más, además de que no debería haber “desempeñado cargos partidarios” durante el quinquenio previo a su designación.
La propuesta oficialista cosecha respaldos entre algunos expertos, como el economista Esteban Greco, quien presidió la CNDC durante la presidencia de Mauricio Macri. Afirmó que la iniciativa mantiene “lo sustancial” de la ley de 2018, en cuya redacción fue clave, pero “simplifica el procedimiento de designación de una autoridad de aplicación independiente”, lo que consideró “fundamental” para que el país cuente con un régimen protección de la competencia “moderno”.
“El gran déficit que tiene el sistema argentino es que la autoridad de aplicación debe ser independiente y profesional ante los casos sensibles que debe analizar, y arribar a sus conclusiones sin influencias políticas”, remarcó a LA NACION. Y durante las últimas décadas, la CNDC lidió con múltiples casos “sensibles”: desde la denuncia por cartelización en la obra pública que derivó de la “causa Cuadernos” –y que se cerró de una manera muy controversial–, la fusión Cablevisión y Telecom o, por estos días, la acusación del ministro de Economía, Luis Caputo, contra las empresas prepagas. Controversias en las que a menudo se dirimen miles de millones.
En ese contexto, para Greco, “el proyecto es un buen proyecto, del que no comparto todo, pero al que ya se le aplicaron varias correcciones cuando se discutió en el Congreso por primera vez [como parte del proyecto de ley ómnibus que el Gobierno luego retiró] y se envió al recinto el dictamen de mayoría. En ese sentido, no hay que comparar el proyecto que ahora impulsa el oficialismo con la ley actual, la de 2018, porque no terminó de aplicarse, sino con la situación actual, que se apoya en estructuras de los años ‘80 o más atrás”.
Otros expertos, sin embargo, no están tan seguros. El abogado Pablo Trevisán, quien compartió como vocal el período de Greco en la CNDC, consideró que el proyecto resulta “innecesario, inconveniente e inoportuno”. Entre otros motivos, porque al simplificar los trámites para designar al eventual secretario de la Agencia y a los cinco miembros del Tribunal, que quedarán sujetos a la propuesta del Presidente en vez de un concurso, “podría reducir la garantía de independencia”, además de que en la práctica, el proyecto podría debilitar a la autoridad competente.
“La discusión que en estos momentos mantiene el Gobierno con las prepagas ayuda a poner sobre el tapete cómo es la legislación sobre Defensa de la Competencia y las autoridades del sector”, planteó Trevisán, quien inició una acción preventiva de daños en tribunales en representación de una jubilada de 82 años afectadas por las subas de las prepagas, más una denuncia ante la CNDC. En ese contexto, estimó que el nuevo proyecto “le quitaría facultades y reduciría la gravedad de las sanciones que la autoridad podría imponer”.
El sucesor de Greco como presidente de la CNDC durante la gestión de Alberto Fernández, Rodrigo Luchinsky, coincidió con Trevisán. Celebró “la preocupación [de la Casa Rosada] por revisar la arquitectura institucional del sistema de Defensa de la Competencia”, pero alertó que, de aprobarse, “el nuevo proyecto reduciría las herramientas básicas de sanción, facilitaría la concentración de los mercados e incluso, la discrecionalidad del Poder Ejecutivo”.
En ese sentido, estimó que el titular de la Agencia podría por sí solo aprobar o condicionar operaciones de eventual concentración económica. “Sobre esto realmente no existen antecedentes imitables. La decisión más importante de una autoridad ‘antitrust’ es, justamente, condicionar operaciones. Son decisiones muy excepcionales y que requieren gran respaldo institucional porque implican de algún modo limitar el accionar de un grupo empresario. Por eso, todas las agencias ‘antitrust’ son colegiadas, y muchas de ellas con participación de la oposición política, como en Estados Unidos”, ejemplificó. “Como la aprobación de las operaciones de concentración económica no es revisable judicialmente porque son decisiones de política económica –abundó–, dejar esa responsabilidad en un funcionario designado discrecionalmente por el gobierno no parece razonable”.
Greco, por el contrario, no ve con malos ojos que una persona lidere la Agencia, dentro de un sistema que también incluya un tribunal. “Modelos similares se aplican en Chile y Brasil, por ejemplo, y aquí se plasmaría con nuestras propias particularidades”, estimó. “Más allá de eso, lo importante es que hay que lograr que la ley de 2018 o este proyecto se apliquen de una buena vez. Si en estos momentos hay impulso político y consenso entre las fuerzas que integran el Congreso para avanzar para que esta reforma prospere y se ejecute, hay que aprovecharlo”.
Para Trevisán, la mejor opción pasaría por aplicar la ley vigente en su totalidad, en vez de impulsar una reforma. “La ley que se aprobó en 2018 logró un consenso muy alto entre los técnicos y todos los sectores políticos, pero lo que falló fue su aplicación porque Macri demoró los concursos hasta que fue demasiado tarde y Alberto Fernández jamás mostró interés; al contrario”, precisó.
“Ahora, Milei designó por decreto a las nuevas autoridades de la CNDC, que son muy buenas y con experiencia”, destacó, en alusión a Alexis Pirchio, quien asumió como presidente, y a Lucas Trevisani, Florencia Bogo y Eduardo Montamat como vocales. “Si hay voluntad política, en cinco meses, Milei podría completar los concursos para activar de una buena vez la demorada Autoridad Nacional de la Competencia, en vez de dar vueltas con una nueva reforma, que puede o no salir”.
