Luego de que el Gobierno anunciara, a través de su vocero, Manuel Adorni, que ponía bajo la lupa a miles de cooperativas, hoy se conoció en el Boletín Oficial la decisión del directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social [Inaes] de intimar a las cooperativas y mutuales que hayan tenido su personería jurídica hasta diciembre de 2022 y que no efectuaron presentación de documentación asamblearia y estados contables contemplados. Hay más de 10.000 cooperativas afectadas, entre ellas, decenas del agro.
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La medida se cristalizó en la resolución 878/2024, firmada por el directorio compuesto por Marcelo Collomb; Eduardo Fontenla, Fabián Brown, Ariel Guarco, Matías Kelly, Elbio Laucirica y Alejandro Russo. Allí indican que las cooperativas y mutuales comprendidas en lo dispuesto efectúen ante el Inaes las presentaciones que acrediten el cumplimiento de lo que establece. “Cualquier otra petición administrativa queda suspendida, con excepción de las correspondientes a acciones de fiscalización pública”, mencionaron.
En otras palabras, las cooperativas que no estaban rindiendo y brindando las presentaciones al Inaes, que controla el funcionamiento de las cooperativas y mutuales, podrían entrar en una etapa de suspensión de matrícula. En total, de acuerdo con el último relevamiento, hay 10.000 cooperativas de todos los rubros, incluyendo al sector agropecuario que son alcanzados por esta decisión.
El pedido surge porque en los últimos cuatro años de la gestión del expresidente Alberto Fernández no se realizaron los respectivos procesos administrativos. De acuerdo con el Inaes, si en cuatro años no se presenta la documentación requerida, las matrículas quedan suspendidas directamente. “Hay que regularizar una situación para que las cooperativas que estén en capacidad puedan recibir la ayuda, y que el Inaes lo pueda otorgar a través del fondo que aprobaron las propias cooperativas”, explicó Elbio Laucirica, presidente de Coninagro.
La intención de la convocatoria es tener regularizado todo el sistema para que esto pueda sanear a aquellas que estén en plena actividad. El 80% de los fondos que se manejan son recursos propios del cooperativismo y mutualismo, no son fondos del Estado. Si bien hay un aporte que hace el Estado, según aclararon, es mínimo. “Hay muchas cooperativas que necesitan actualizar sus informes y acreditar el cumplimiento de los mismos”, aclaró.
La legislación de las cooperativas y mutuales establece que estas hagan un aporte que es proporcional al capital cooperativo que cada una de ellas tiene, de un 2%. Este monto en una cooperativa agropecuaria se convierte en un valor muy importante, dependiendo de la estructura de cada una. “En los últimos cuatro años hubo algunas que no presentaron rendición de asambleas o de balances. Y hay otras tantas que se aprobaron”, precisó.
En rigor, de acuerdo con los datos oficiales, el 95% de las 10.000 cooperativas existentes son cooperativas de trabajo. Muchas de ellas estarían en esta situación irregular, por lo que corren el riesgo de que les saquen la matrícula.
“Esto [por el proceso] nos va a permitir una cooperativa saneada, y nos va a posibilitar ayudar a las cooperativas que están adentro”, precisó Laucirica.
