Luego de anunciar que se auditarán todos los pedidos realizados en el contexto de las leyes de reparación patrimonial para víctimas de terrorismo de Estado, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, sugirió que las irregularidades detectadas en la tramitación y pago de estas prestaciones “no podrían haber ocurrido sin una ayuda política”.
“No se pueden haber dado estos hechos si no existiera alguna actuación de un funcionario público. Era un festival de pagos, de crear estructuras para generar plata del Estado”, sostuvo el funcionario en declaraciones a LN+.
En ese sentido, señaló que las anomalías fueron halladas a partir del descubrimiento de “distintos juicios con autoprocesamientos confirmados por la Cámara [Nacional de Apelación en los Criminal y Correccional Federal] de gente que, con documentos falsos, con testigos falsos y formularios falsos, inventaba y reclamaba ser víctimas y que percibieron más de 150 mil dólares por ese concepto”.
“Hay otro juicio más donde descubrimos una maniobra fraudulenta donde se presentaban personas que ya habían cobrado y volvían a cobrar, se presentaban personas que eran de Uruguay y reclamaban el periodos como si hubieran estado detenidas acá. Son más de 100 juicios que ganaban”, detalló.
Frente a estas circunstancias, afirmó que el Ministerio de Justicia actúa como querellante en esta causa y solicita que “se apunte al secuestro y decomiso del dinero”. “Lo vamos a recuperar, que devuelvan el dinero, porque si lo introdujeron al mercado pueden estar cometiendo lavado de dinero porque tiene origen ilícito”, agregó.
La auditoría en cuestión será sobre un total de 7996 indemnizaciones, además del caso de 14400 personas exiliadas. “Ahí tengo mucha trampa de quién estuvo y quién no. Son 350 juicios de 100 mil dólares cada uno”, precisó.
En tanto, contó que para esa tarea está formando un cuerpo de auditores ya que deben analizar un total de 2550 juicios en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos. “Mucho está pago y mucho falta por pagar. Hay mucho justo y muchísimo pecador, lo que quiero es descubrir la banda de pecadores. Quiero ver los expedientes, esto me divierte y me apasiona bastante”, manifestó.
En el comunicado que difundió el ministro para anunciar la medida, detalló que la auditoría surge a partir del fallo de procesamiento dictado en la causa ‘Martínez Moreira, Adrián y otros s/defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita’, y que confirmó la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal”.
“En dicha causa, se procesó a un conjunto de personas por los delitos de asociación ilícita, falsificación de documentos públicos y privados, uso de documentos públicos, falso testimonio, falsa denuncia, estafa y defraudación en perjuicio de la Administración Pública Nacional. A su vez, existen otras causas penales en trámite por irregularidades surgidas por pagos duplicados o realizados a personas que carecen de documentación que respalde su pedido”, detalla.
En consecuencia, resuelven: “El Ministerio articulará medidas para no abonar las sumas económicas de los beneficios a quienes no correspondan. Asimismo, perseguirá la devolución de las sumas pagadas por el fraude y que han sido cobradas indebidamente para que se restituyan a las arcas del Estado”.
