La denominada “tasa vial” avanza en los distritos del conurbano bonaerense. Cada vez son más los intendentes que se suman a cobrar un plus sobre el precio de la venta de combustibles, que ya existía en muchos municipios. Pero, en los últimos días, se acumularon nuevos proyectos aprobados y en vías de aprobación en los Concejos Deliberantes de distritos como Almirante Brown, Lomas de Zamora, Quilmes, Berazategui, San Vicente y Lanús, entre otros. La medida genera críticas empresarias y diferencias con jefes comunales que la rechazan, aunque mayoritariamente se aplica.

En los últimos días avanzó la medida, en paralelo, en distritos gobernados por el peronismo en la tercera sección electoral del Gran Buenos Aires. Se trata de una “Tasa de mantenimiento por el uso de la red vial municipal” del 2% del precio libre de impuestos por cada litro o fracción expendido.

El avance es en grupo. En Almirante Brown, donde gobierna Mariano Cascallares, la ordenanza ya se aprobó. En Lomas de Zamora, distrito comandado por Federico Otermín, se prevé que el visto bueno del Concejo Deliberante llegue la semana que viene. En Quilmes, municipio que lidera Mayra Mendoza, la iniciativa también se pondrá a consideración de los concejales en los próximos días. En Lanús, donde el intendente es Julián Álvarez, fuentes locales auguraron a LA NACION que el Concejo la tratará, quizás, a fin de mes.

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En Lomas y Quilmes ya se anunciaron protestas opositoras, con recolección de firmas y manifestaciones, respectivamente.

En los fundamentos de las ordenanzas que se elevaron a los Concejos Deliberantes figuran argumentos que vinculan la tasa con las medidas de ajuste del presidente Javier Milei. “La definición del gobierno nacional de suspender todo financiamiento de la obra pública, decisión arbitraria y anticipada en el mes de diciembre de 2023, no puede ni debe detener la planificación y ejecución de las políticas públicas en materia de infraestructura vial que esta administración municipal se comprometió a realizar para sus vecinos”, es uno de esos párrafos.

“No hay recursos de Nación para obras en la calle; hay cero pesos de inversión”, justificaron la tasa desde un municipio del conurbano.

“Hay algunos municipios que tienen la tasa desde hace 10 años. Hoy, con los ajustes, todos miramos el detalle. Hay una caída de la actividad que redunda en baja de ingresos”, dijo un intendente a LA NACION.

Más allá del recorte del Gobierno, el movimiento conjunto de los intendentes apunta también a evitar que los usuarios se vuelquen a cargar combustible en estaciones de servicio de comunas libres de tasa. “La queja que había es que, si tenés la tasa en un lado y en otro no, la gente se va a cargar a ese otro lugar. Por eso, se está uniformando”, abundó el jefe comunal consultado.

La tasa existe desde hace años en distritos que gobierna Juntos por el Cambio, como San Isidro ($6 por litro, recaudarán en 2024 unos mil millones de pesos, pero el gobierno de Ramón Lanús analiza si la elimina) o Vicente López (gobernado por Soledad Martínez; se cobra $0,88 por litro de nafta premium).

También rige en los peronistas San Fernando (desde 2013), Tigre (se repuso este año) y Hurlingham (desde 2015), entre otros. En Pilar se cobra recientemente (la Coalición Cívica fue a la Justicia y pidió su inconstitucionalidad); Merlo es otro distrito que la aplica desde hace años.

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En un comunicado, la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (Cecha) repudió este lunes “la avidez recaudatoria” de los municipios por “una tasa impropia e inconstitucional”. Y rescató a los intendentes Lucas Ghi, Fernando Gray y Diego Valenzuela: “Celebramos que los municipios de Morón, Esteban Echeverría y Tres de Febrero hayan escuchado el reclamo de los vecinos y de nuestras instituciones al eliminar la llamada ‘tasa vial’”. La alícuota tampoco rige en distritos como Ensenada, Berisso, San Martín, San Miguel o Moreno, según pudo averiguar LA NACION.

 

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