El proyecto de medidas fiscales que el Gobierno envió al Congreso incluye una nueva amnistía, con blanqueo y moratoria. Siempre hay contribuyentes que, al haber transitado por la informalidad, acumularon recursos que necesitan ser usados, para adquirir bienes registrables, o para incorporarlos en procesos productivos. Esto pasa, sobre todo, luego de períodos con alta presión impositiva, controles cambiarios y una obscena inseguridad jurídica.
Pero el desafío del Gobierno para seducir a los potenciales candidatos no es menor. A quienes adhirieron al sinceramiento fiscal que hubo durante la gestión de Cambiemos les quedó un sabor bastante amargo por las persecuciones fiscales del último gobierno kirchnerista.
Para buscar el éxito del proyecto, se introdujeron propuestas que permitirían blanquear activos sin costo (o a costo bajo) y hasta el propio ministro de Economía, Luis Caputo, las promocionó en la red X.
1. Regularización gratis. Se permitiría blanquear activos sin costo hasta US$100.000. Si se tratara de dinero en efectivo, para no tributar el impuesto del blanqueo –de 5%, 10% o 15% según la etapa en que se haga la regularización–, debería depositarse en una cuenta especial en el país. Lo mismo pasaría con depósitos en el exterior, porque se requeriría su repatriación (¿temporal?).
Si no se modificara este requisito, debería permitirse una rápida extracción o un rápido uso de los fondos, para no desincentivar el ingreso al plan. Quienes ahorran en billetes o depositan dinero en el exterior no son nada proclives a dejarlo en una cuenta del país.
Otro aspecto que resta atractivo es que el tope de fondos a blanquear para la liberación del impuesto aplica por grupo familiar: se computa todo lo que blanqueen ascendientes, descendientes (hasta el primer grado por consanguinidad o afinidad), cónyuge y/o conviviente. Esta limitación, que puede ser eludida, complejiza el sistema y su control.
2. Otras posibilidades sin cargo o low cost. Existe otra alternativa, sin cupo, para dinero o títulos valores en el país o en el exterior: depositar el dinero –o el producido de los títulos– en cuentas especiales que se abrirían en entidades financieras y en agentes de liquidación y compensación (ALyC). Se permitiría no pagar el impuesto del blanqueo por estos activos solo si los fondos quedan en el sistema financiero hasta el último día de 2025. De lo contrario, habría una retención del 5%.
En cómo le vaya al plan influirá la amplitud del destino que se le pueda dar a los activos depositados. Sería deseable permitir la inversión, por ejemplo, en acciones, deuda pública y privada, fondos comunes y fideicomisos locales –sin límite–, Cedear y ADR.
Buena parte de quienes ingresan en las amnistías fiscales no ven con buenos ojos inmovilizar los fondos. Para ellos existiría otra opción: los depósitos o inversiones en cuentas especiales podrían transferirse –sin tributar– hacia otras cuentas, que podrían ser abiertas no solo por quienes regularicen activos. Esto permitiría negociar los depósitos –contra un descuento– con sujetos a los que sí les resulte atractivo el uso de las cuentas especiales.
Cualquier vendedor de bienes y servicios podría aceptar como medio de pago la transferencia de esos fondos hacia una cuenta especial propia. Esos depósitos podrían circular como un medio de pago, que debería permanecer en el sistema financiero para evitar el impuesto.
Según el proyecto, no se abonará la carga fiscal del blanqueo sobre los fondos depositados en una cuenta especial que sean usados para cancelar el impuesto generado por otros bienes. Tampoco se aplicará sobre los fondos destinados al régimen de pago anticipado de Bienes Personales, contenido también en el paquete fiscal.
Finalmente, se le permite a la reglamentación eximir del impuesto a los activos en el país que determine. La amplitud de esta delegación podría resultar una llave que potencie la performance del blanqueo.
3. Evitar retenciones. Hay otro aspecto no menor: la ley debería disponer que las transferencias desde, hacia y entre cuentas especiales no estén sujetas al impuesto a los débitos y créditos ni a ninguna retención o percepción nacional, provincial o municipal. No hay buenos antecedentes: en otros blanqueos algunas provincias rapiñaron fondos mediante sus criminales regímenes de recaudación anticipada.
Sin perjuicio de que una regularización gratuita o a bajo costo puede resultar atractiva para algunos, el mayor aliciente para formalizar sería que el Gobierno tenga éxito en doblegar la crisis económica, proyectando un país más respetuoso del derecho de propiedad. También sería deseable blindar la seguridad jurídica de quienes regularicen y de quienes no –por estar al día–, con una cláusula de estabilidad fiscal para impuestos patrimoniales.
