Las listas de precios en la primera semana de abril comenzaron a llegar a los supermercados con aumentos que no llegan a los dos dígitos en ningún caso. “En diciembre, en el peor momento, previamente a la asunción de Milei, teníamos a razón de 40.000 cambios de precio por mes. Hoy apenas estamos llegando a los 1500, y concentrados sobre todo en algunos rubros como el de almacén. Pero la cantidad y la proporción están cayendo mucho”, reconocen en una de las grandes cadenas de hípermercados. La recesión está haciendo gran parte de la tarea sucia.
Con ventas que caen en términos interanuales a razón de dos dígitos, las empresas ya no están teniendo más margen para trasladar a precio el incremento de costos. Stock sobra y ahora es cuestión de mantener la rueda girando. Vender poco es mejor que vender nada. De continuar con esta tendencia, abril promete entregarle al gobierno de Javier Milei una cucarda más que esperada: una inflación núcleo corriendo a una velocidad de sólo un dígito. Los economistas privados, sin embargo, adelantan que el ajuste de tarifas de gas y de agua le adicionará al número final de IPC de abril entre 3 y 5 puntos.
El Banco Central compró US$468 millones y acumula US$12.200 en la era Milei
Milei flameará en alto la bandera de la desaceleración inflacionaria en abril. También anunciará en algunos días que en marzo volvió a tener superávit financiero, con una caída en el gasto en términos reales del orden del 36% (“una carnicería”, según describe un economista que sigue de cerca los números fiscales). La motosierra en la plantilla estatal estará haciendo mucho ruido en estos días, pero la realidad es que en los números fiscales finales terminará pesando mucho más la licuadora de salarios, que no alcanzan con sus paritarias a cubrir la inflación. Como en los meses anteriores, también habrán colaborado en el resultado los recortes a las provincias, el congelamiento de la obra pública y la licuación del gasto social. Todos ponen.
Pero los desafíos hacia adelante serán tanto o más grandes que los que debió enfrentar en sus primeros meses de gobierno. No basta con números fiscales o de inflación. Por lo pronto, todo indica que el Gobierno demorará más de lo esperado en poder avanzar con medidas de fondo, como el levantamiento del cepo, la ley de Bases o el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Hace tres semanas, en una comunicación informal con los representantes del Board, los burócratas del FMI debieron salir a aclarar ante la consulta de uno de sus accionistas que la cifra de US$15.000 millones de la que en reiteradas ocasiones hablaron desde el Gobierno argentino es por ahora “inapropiada”, según revelaron las fuentes. Tanto entre los accionistas del Fondo como los burócratas que llevan el caso argentino volvieron a poner sobre la mesa sus temores por la cuestión social. La portavoz del FMI Julie Kozack reconoció el jueves los logros del Gobierno, pero insistió, tal como lo había hecho hace unos días el chileno Rodrigo Valdés, en “mejorar la calidad del ajuste” fiscal. Las discusiones continuarán a mediados de mes, cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, viaje a Washington para la reunión de primavera del FMI y del Banco Mundial.
En el Gobierno reconocen que “difícilmente” lleguen al 25 de mayo con la ley de Bases aprobada. “Y el Pacto de Mayo debiera ser pos ley de Bases”, admite una fuente. Una vez transitado ese camino político, la idea sería poner en marcha la unificación del mercado de cambios. “Salvo que el FMI nos preste US$ 15.000 millones, para levantar el cepo hace falta plata. Una vez cerrado todo el capítulo político, con más reservas, que estamos acumulando, y algo de plata del FMI recién podríamos avanzar con eso”, especula la fuente.
Las demoras amenazan con ralentizar la recuperación de la economía y no ayudan a las finanzas de las provincias, que sin un acuerdo fiscal, se encuentran cada vez más estresadas. Los ensayos que hicieron algunas, como Córdoba, para renegociar bonos no tuvieron buena receptividad de los acreedores. El caso de La Rioja opera como un disuasivo para la mayoría: los acreedores ya le advirtieron que irán a los tribunales de Nueva York si el gobernador Ricardo Quintela no paga los US$26,3 millones que debía haber abonado en febrero último. Por eso en las últimas semanas, muchas salieron a intentar financiarse con pesos en el mercado local para cumplir con sus vencimientos. Mendoza colocó un bono por $77.000 millones; la municipalidad de Córdoba consiguió $30.000 millones; y Entre Ríos estaría por cerrar un préstamo sindicado por unos $70.000 millones. “Lo máximo es aspirar a pagar el próximo vencimiento. Mostrar buena voluntad con los bonistas, para después sentarse e intentar renegociar los futuros vencimientos. Esto es común para casi todas las provincias”, reconoció un hombre que forma parte de las discusiones.
Son muchas las cuestiones que esperan a que la ley de Bases y el Pacto Fiscal salgan de agenda para captar la atención del Gobierno. El Embajador de los Estados Unidos, Marc Stanley, ya le hizo llegar al Gobierno su inquietud porque finalmente la Argentina no opte por la tecnología china, de Huawei, para el desarrollo de la red de 5G en el país. No sólo les preocupa la base militar en la Patagonia –tal cual quedó de manifiesto con la visita en las últimas horas de la comandante en Jefe del Comando Sur, Laura Richardson–: para Estados Unidos, es estratégico que las telecomunicaciones no queden tampoco en manos chinas. Es un reclamo que viene desde hace años, pero que ahora volvió a cobrar fuerza. “Hoy los chinos nos regalan literalmente la tecnología con financiación y plazos –explica una fuente del Gobierno–. Nos sirve para bajarle el precio a Estados Unidos; si nos igualan la oferta, será Estados Unidos, sino, es China”, subrayó. Milei ha probado hasta ahora ser más pragmático de lo que admite su discurso.
También en el Gobierno, en otra señal de alineamiento con los Estados Unidos, avanzan en un nuevo plan para la Hidrovía, la ruta fluvial más importante del país, y clave para el transporte de granos. Ya hace semanas que hay reuniones entre los principales actores del sector privado involucrados en el negocio –como la Cámara de Puertos; la Bolsa de Comercio de Rosario; la Cámara del Acero, entre otras–, con Mauricio González Botto, el secretario de Empresas y Sociedades del Estado, el hombre del Ministerio de Economía que tiene a su cargo la revisión y la posible reestructuración de las compañías públicas. La idea sería volver a plantear un esquema en el que no sea el Estado sino los privados los que asuman el riesgo de licitar el dragado y el balizamiento de la Hidrovía.
No serán anuncios grandilocuentes como el fin del cepo o la dolarización, pero, entretanto continúan las grandes discusiones, el Gobierno de Milei promete asestar algunos golpes fuertes en algunos sectores puntuales. El expresidente del Banco Central (BCRA) Federico Sturzenegger, hoy a cargo de llevar adelante gran parte de los proyectos de desregulación de la economía, tiene previsto liberar por completo el negocio de la vacunas contra la aftosa, en manos casi exclusivas desde hace ya años de la empresa Biogénesis Bagó. Según explican quienes conocen el negocio, hoy hay una resolución vigente del Senasa que exige que la vacuna contra aftosa ofrezca protección contra cuatro cepas, de las cuales dos ya no están en circulación desde hace décadas. Como las vacunas disponibles en países vecinos no contemplan esas dos cepas ya casi extintas, el negocio queda en manos de una sola empresa nacional, que hoy ofrece una de las vacunas más caras de la región, a razón de dos dólares por dosis, cuando en Paraguay se consigue entre US$0,24 y US$0,35; en Uruguay, a US$0,70; o en Bolivia y en Brasil, a US$0,50. Sturzenegger tendría previsto avanzar con la eliminación de esa resolución del Senasa, para así poder habilitar la importación de vacunas. Ya la empresa Tecnovax le envió una carta al Senasa pidiendo autorización para importar vacunas de Brasil. Sería toda una revolución para el negocio ganadero.
Con un equipo de varios asesores, Sturzenegger –el ideólogo de la Ley Ómnibus y del DNU 70– estaría estudiando además todos los decretos publicados en últimos años. De 70.000 decretos, ya identificaron un listado de 4500 sobre los cuales avanzar. Los decretos que vieron la luz durante la administración de Alberto Fernández son los primeros en ser revisados. Es posible que varios sean dados de baja pronto. La motosierra regulatoria promete avanzar sin clemencia.
