El presidente Javier Milei autorizó al ministro de Economía, Luis Caputo, a tomar deuda por 400 millones de dólares con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF, por sus siglas) para financiar el programa Alimentar (ex-Tarjeta Alimentar), que estará bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano. Así fue publicado este viernes en el Boletín Oficial, junto con el contrato modelo que Caputo firmará, en nombre de la Argentina, con CAF.
La prestación alimentar está destinada a madres o padres con hijos de hasta 14 años inclusive que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), embarazadas que cobran la asignación por embazo, personas con discapacidad que reciben la AUH y madres con siete hijos o más que reciben pensiones no contributivas. Para mayo, los montos de la Tarjeta serán de $48.125 para las que perciben la Asignación por Embarazo y familias con un hijo; de $75.468 para familias con dos hijos; y de $99.531 para familias con tres o más hijos.
El Gobierno acordó con CAF, banco que tiene su sede en Caracas, capital de Venezuela, que el préstamo tendrá un plazo de 15 años y que durante los primeros tres años la Argentina contará con un “período de gracia” por el cual no deberá abonar intereses ni amortizaciones (pago sobre el total prestado). La tasa de interés que deberá afrontar el país resultará “de sumar el SOFR al plazo aplicable y un 2%” adicional. El SOFR es una tasa de interés publicado por la Reserva Federal de Estados Unidos, que en la actualidad se ubica en el 5,31%. Es decir, que el tipo de interés que afrontará la Argentina estará un poco por encima del 7% en dólares.
La Argentina, además de los intereses, deberá abonar la devolución del monto total en 25 cuotas semestrales a partir del mes número 36 (tercer año) desde la firma del convenio. El contrato sugiere que los montos de las cuotas sean “en lo posible iguales” para que no haya un desfasaje entre ellas.
El contrato subraya la obligación de la Argentina de “utilizar los recursos del préstamo exclusivamente para los fines previstos” en el contrato y alerta “no utilizar directamente ni por conducto del organismo ejecutor los recursos del préstamo en actividades relacionadas, directa o indirectamente, con lavado de activos, ni con el financiamiento del terrorismo, ni por personas naturales y/o jurídicas relacionadas a las mismas, ni en relación con prácticas prohibidas”.
En ese sentido, el contrato estipula la prohibición de que el Gobierno utilice los recursos para “actividades políticas”. También está vedado el uso de recursos para financiar “especulación; juegos de azar y casinos; operaciones relacionadas con la industria bélica; producción o comercialización de sustancias o especies contaminantes”, entre otras.
Según fue establecido en el Boletín Oficial, luego de que Caputo firme el contrato con CAF el Ministerio de Capital Humano pasará a ser el responsable. El organismo ejecutor designado es la secretaría nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, al frente de Pablo de la Torre, “que será el área sustantiva con responsabilidad primaria en la materia”. Mientras que la secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, que se encuentra vacante desde la renuncia esta semana de Maximiliano Keczeli, tendrá a su cargo la “administración financiera, contable y presupuestaria del programa”.
