En un contundente pronunciamiento, la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires advirtió que la Argentina atraviesa una crisis económica y cultural de extrema gravedad y recordó que “la designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación implica un acto de suma trascendencia institucional”.
Marcó, así, sus discrepancias con la postulación del juez federal Ariel Lijo para ser designado miembro de la Corte Suprema, designación impulsada por el presidente Javier Milei.
“La cobertura de cualquier vacante que se produzca en el alto tribunal de la República requiere del nombramiento de juristas relevantes e imparciales, que no solo posean condiciones de idoneidad para el ejercicio de esa alta función que les encomienda el Estado sino, fundamentalmente, una acrisolada moral pública, en el sentido que le atribuye el art. 19 de la C.N. a las acciones privadas de los hombres”, expresó la corporación, en una declaración firmada por su presidente, Juan Carlos Cassagne, y el secretario, Eduardo A. Sambrizzi.
Aunque no menciona el nombre de Lijo, la Academia Nacional de Derechos y Ciencias Sociales se hace eco de las impugnaciones y cuestionamientos a la candidatura promovida por el Poder Ejecutivo Nacional.
Añade que “la designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación implica un acto de suma trascendencia institucional, habida cuenta de la misión que debe cumplir, a fin de preservar la separación de los poderes y resolver los conflictos que se suscitan entre ellos, así como para tutelar la realización efectiva de la justicia, en el ámbito de su competencia constitucional”.
La entidad ubica la propuesta en el contexto de la grave crisis económica y cultural que vive el país. “Una debacle extraordinaria, que nos retrotrajo a la condición de los países más carenciados de la población mundial”, describe en el pronunciamiento.
“El Poder Judicial no escapa a la decadencia en la que se halla nuestra República y urge recuperar su prestigio, fortaleciendo su independencia e idoneidad, ya que constituye la institución encargada de garantizar la vigencia formal y material del sistema que prescribe nuestra Carta Magna”, señala la Academia Nacional de Derecho.
El pronunciamiento
“La Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires ha venido siguiendo, con particular interés y preocupación, los acontecimientos políticos que han sucedido a partir de las últimas elecciones nacionales. Resulta un hecho auspicioso para nuestra Republica la normalidad con que transcurrió el proceso electoral, así como el grado de participación ciudadana que acudió a los comicios, lo que representa un genuino valor para nuestra democracia, basada en la libertad, independencia de los jueces y alternancia de los poderes Ejecutivo y Legislativo”, expresó la institución.
“Para reparar ese serio peligro –prosiguió- se consideró que era preciso acudir a los remedios extraordinarios prescriptos en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución nacional, con el fin de superar la crisis mediante medidas fundadas en la imperiosa necesidad y urgencia y abordarlas en conjunto, para poder reiniciar el camino hacia la recuperación económica, social y cultural de nuestro país”.
“Estamos convencidos de la necesidad de que todos los cambios legislativos que se propician deben respetar las normas y principios constitucionales que proclaman los postulados del Estado de Derecho vigentes en toda democracia civilizada, comenzando por el principio de legalidad”, agregó, la Academia Nacional de Derecho al referirse a los desafíos planteados.
Tras señalar que “la reversión del estatismo es un hecho valioso y debería adoptarse como política de Estado”, sostuvo que “su desarrollo e intensidad ha oscurecido durante muchos años el porvenir que preanunciaba la realización del programa de gobierno pensado por la generación de 1837, con Echeverría y Alberdi a la cabeza y ejecutado con reconocidas y valiosas acciones por los gobernantes de la generación de 1880″.
Precisó, además, que dicho programa fue “un acontecimiento histórico remarcable, liderado e impulsado por las presidencias de Avellaneda, Roca y Pellegrini, que nos permitió alcanzar los primeros lugares en el mundo hacia el Centenario patrio de 1910.
“Pero, a la sombra del estatismo y populismo que practicaron muchos de los gobiernos posteriores, fueron creciendo privilegios, dádivas y actos de corrupción que ensombrecieron el prestigio internacional de la República provocando una frustración ciudadana que no es posible reparar con los mismos remedios que la ocasionaron”.
La Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales expresó en su declaración que “el Poder Judicial tampoco escapa a la decadencia en la que se halla nuestra República y urge recuperar su prestigio, fortaleciendo su independencia e idoneidad, ya que constituye la institución encargada de garantizar la vigencia formal y material del sistema que prescribe nuestra Carta Magna”.
“Tales razones –concluyó la institución, condujeron a que esta Academia emitiera un pronunciamiento con fecha 1 de diciembre de 2023 criticando la iniciativa de promover juicio político a los integrantes de la actual Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
