El pleno del Tribunal Constitucional ha decidido que también revisará la ley por el derecho a la vivienda aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en mayo del año pasado -justo antes de las elecciones-, en función de los recursos de inconstitucionalidad presentados por la Generalitat y la Xunta de Galicia contra la ley aprobada en mayo del año pasado al considerar que invade competencias autonómicas. Con anterioridad se admitieron a trámite las impugnaciones presentadas por el Parlament y el PP.
El Govern impugnó los 15 apartados de su artículo 2, así como el 12, el 15, 16, 17, 18 y 27, así como la disposición transitoria primera y disposición final séptima. Por su parte, la Xunta de Galicia impugnó el 3, 11.2, 16, 18, 19 y 27, así como la disposición adicional tercera, las transitorias segunda y tercera, la disposición final quinta, y la disposición final séptima.
En sus recursos la Generalitat y la Xunta de Galicia alegan que estos preceptos podrían vulnerar sus competencias autonómicas en materia de vivienda. En total la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la es objeto de ocho recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
También ha sido recurrida por 50 diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por el Parlament y por los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Illes Balears y Madrid y por el Gobierno vasco. Una a una todas las impugnaciones, que no coinciden en todos los artículos impugnados, se han ido admitiendo a trámite por el alto tribunal. En su primera sentencia se marcará el criterio que se seguirá para resolver todas las objeciones planteadas.
