En la confección de su respuesta jurídica a la amnistía, el PP activó la pasada semana a la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado para elaborar un informe sobre las implicaciones que puede tener la medida de gracia en las autonomías. En el texto que han propuesto, y que saldrá adelante gracias a su mayoría absoluta, avisan al Tribunal Constitucional de que si no anula la norma cuando esta sea aprobada se creará un «precedente nefasto» y «nada impedirá a otra mayoría coyuntural en el futuro aprobar otras amnistías» y ofrecer impunidad a «todo tipo de movimientos separatistas y de actos insurreccionales«.
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Haciendo valer su mayoría absoluta en la Cámara Alta, los populares han convocado el próximo lunes una sesión de la Comisión General de Comunidades Autónomas para aprobar este informe contrario a la amnistía. A lo largo de 26 páginas, los populares desgranan los distintos motivos por los que consideran que la ley es inconstitucional. Sin embargo, dan pocos argumentos sobre el objeto real del informe, el contenido autonómico de la norma. Principalmente, detallan que afectaría económicamente al resto de comunidades al perdonarse los delitos de malversación que dañan la caja común.
El grueso del informe, no obstante, está destinado a ir desgranando todos los argumentos que los populares han esgrimido ya en los últimos meses. Sostienen que la tramitación es «fraudulenta«; que la Constitución no recoge la figura de la amnistía y, además, prohíbe los indultos generales; que el poder constituyente rechazó la amnistía en varias enmiendas; o que se vulnera la separación de poderes al retirar a los jueces la potestad de hacer cumplir las sentencias.
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Desprotección a las instituciones
La propuesta del PP, que podría ser modificada ligeramente este miércoles si los populares aceptan alguna enmienda, sentencia que el efecto de la amnistía es la «deslegitimación del Estado, de su Derecho y de sus instituciones» y lanza un aviso directo al Tribunal Constitucional si no deroga la ley en un futuro: «El principio de igualdad y la reserva de jurisdicción quedan completamente desprotegidos frente al legislador y cualquier mayoría absoluta futura podría excepcionarlos, aun careciendo de fundamento constitucional y sin que concurra ninguna finalidad legítima».
Y van más allá. Consideran que deja al Estado Autonómico «desprotegido» y un «precedente peligroso para su propia supervivencia». A este respecto, señalan que se ofrece «una expectativa de impunidad a todo tipo de movimientos separatistas y de actos insurreccionales que, en el futuro, puedan volver a desafiar los principios constitucionales de unidad, autonomía y solidaridad«.
La reforma constitucional
Los populares, además, insisten en que la ley de amnistía es una reforma constitucional encubierta. Este es el argumento que el PP ha utilizado para presentar un conflicto de competencias entre el Congreso y el Senado que será aprobado en la Cámara Alta la próxima semana. Los conservadores consideran que se usurpan las competencias que tendría el Senado en una reforma constitucional al tramitar la medida de gracia mediante una proposición de ley orgánica.
