El Gobierno dio marcha atrás con las modificaciones a la industria del tabaco en la nueva Ley de Bases por presión de la Tabacalera Sarandí, la empresa de Pablo Otero, pese a que fue cuestionado por el presidente Javier Milei por el lobby que realizó en el Congreso para que no se tocara el marco tributario del rubro, que lo haría pagar impuestos en igualdad de condiciones con el resto de los jugadores del mercado.
Entre los diputados hubo fuertes acusaciones cruzadas, que apuntaron a varios legisladores en particular por haber puesto como condición el retiro del capítulo tabacalero para apoyar al resto de la norma, según pudo saber LA NACION en base a los testimonios de cinco de ellos.
El diputado que hizo más fuerza para que se quite el capítulo fue Cristian Ritondo, el jefe del bloque de Pro, que lo habría puesto como uno de los no rotundos de la bancada que preside, en las conversaciones con el Poder Ejecutivo. Interesados en el tema también estuvieron Diego Santilli, Carlos Castagneto, extitular de la AFIP durante el gobierno de Alberto Fernández que no buscó cobrarle las deudas a Tabacalera Sarandí, y Carlos Zapata, de La Libertad Avanza. LA NACION se comunicó con cada uno de ellos, que prefirieron no hacer comentarios.
En el seno del rubro tabacalero hay dos empresas, Tabacalera Sarandí (que produce Red Point y Kiel) y Massalin Particulares (Marlboro, Phillip Morris, entre otros), se disputaron esta serie de artículos que cambiarían completamente las reglas del juego con las que las empresas se manejaron hasta ahora.
Desde 2017, año en el que fue establecido, Tabacalera Sarandí y otras que empezaron como pymes (Bronway, por ejemplo) no pagan el impuesto interno mínimo. Se trata de un monto fijo, hoy de $517,5 por atado de cigarrillos, que funciona como un piso base de tributación, tomado a cuenta del porcentaje total del gravamen, con intención tanto recaudatoria como extrafiscal, es decir que apunta a encarecer los paquetes para desincentivar el consumo.
A través de una serie de cautelares, Sarandí consiguió no pagar el tributo al advertir la desventaja de una pyme frente a una multinacional, lo que le permitió ofrecer sus productos a un precio hasta 50% inferior que sus competidores. Pasó, desde entonces a la fecha, de un cerca de 8% a un 45% de participación en el mercado.
El artículo 189 y subsiguientes de la ley ómnibus modificaban ese panorama al elevar el impuesto interno, al tiempo que eliminaban el mínimo y establecían que la base de tributación sería la que informe como valor de venta al público la tabacalera, aunque si se verifica que es 20% inferior al que efectivamente se encuentra en los puntos de distribución, podrá tomarse como base imponible el relevamiento mensual que haga el Ministerio de Salud (un punto polémico, porque implicaría una auditoría permanente de los puntos de venta por parte del Estado).
El impuesto, además, se elevaría a 73%. Con estos cambios, el mínimo dejaría de existir y todas las empresas pasarían a tributar lo mismo. Estos problemas en la industria del tabaco no competen solamente a las empresas, sino que le traen al Estado una recaudación inferior a la que podrían percibir de cobrar a todas las empresas el impuesto mínimo. A mayo de 2021, el saldo a favor para la AFIP se calculó -de manera retroactiva- en $40.000 millones de ese entonces. Pero el Estado nunca ejecutó la orden a su favor. Fuentes del sector estiman, y le acercaron al Gobierno, que la pérdida para el Estado habría sido de US$2000 millones en los últimos ocho años.
En la industria hay dos cámaras principales: la CIT (Cámara de la Industria del Tabaco), que contiene a Massalin y a British American Tobacco, y CANET (Cámara Nacional de Empresas Tabacaleras), que agrupa a pymes como Bronway, Formen, Tabes y Cigarrillos y Tabacos SA, que si bien en un primer momento lograron las mismas medidas judiciales que Sarandí para no pagar el mínimo, fueron perdiendo cautelares y ahora sí tributan, pese a ser muy menores en tamaño a su competidora. Ambas expresaron apoyo a la eliminación del impuesto mínimo. Sarandí, pese a cuestionar la constitucionalidad del mismo, se opone.
La causa en la que esta empresa obtuvo la cautelar para no pagar el mínimo se encuentra en la Corte Suprema. Fue iniciada en 2017 con la AFIP como querellante -Massalin Particulares se presentó como tercero interesado en este proceso- y, en 2021, obtuvo un primer fallo del máximo tribunal que dejó sin efecto la medida temporal que les permitía eludir ese tributo pero no resolvió la cuestión de fondo. Sin embargo, en junio de 2022, el juzgado Contencioso Administrativo Federal 6, a cargo de Enrique Lavié Pico, dictaminó sobre el fondo y determinó la inconstitucionalidad del impuesto interno mínimo. Ahora resta que la Corte dictamine sobre el fondo de la controversia.
La confrontación judicial tiene otros capítulos en el fuero penal. En el juzgado criminal y correccional 4 tramita una denuncia de Sarandí contra Massalin Particulares caratulada “en defraudación al Estado”. Maximiliano Rusconi, conocido por haber representado de Julio De Vido y Cristina Kirchner, solicitó el 8 de enero que se habilite la feria judicial por la aparición de “hechos nuevos de extrema gravedad”.
Concretamente, se refirió a una nota periodística no firmada, publicada en el portal La Política Online, en la que se aseguraba que los artículos de la ley ómnibus habían sido elaborados por Javier Ortiz Batalla, quien sería exfuncionario del Banco Ciudad durante la época de Federico Sturzenegger y exvicepresidente de Massalin Particulares. No se ofreció prueba, pero se solicitó que se citen a declarar a los mencionados y que se pida a distintos organismos información sobre visitas y líneas telefónicas de los mismos.
En el Congreso, la cuestión fue debatida el 11 de enero entre las 23:05 y las 23:35, por lo que pasó inadvertida de la mirada pública. Sin embargo, de acuerdo con diversas fuentes de la Cámara baja, transcurrieron múltiples reuniones entre diputados y representantes de los sectores en privado. El resultado y el panorama actual es que varios plantearon opciones alternativas a la reforma incluida por el Ejecutivo. Entre los interesados se encontraron Ritondo (Pro), Santilli (Pro), Castagneto (UP) y Zapata, de La Libertad Avanza, entre otros.
La Tabacalera Sarandí, de propiedad de Otero, fue cuestionada también por otros tres puntos. Primero, por informar precios a la AFIP por debajo de su valor de venta, según documentos públicos del organismo. Por ejemplo, para enero, enviaron valores de $278 para un Red Point común de 20 y $253 para un Kiel. A los primeros se los encuentra entre $650 y $750 en los quioscos, por lo que la base imponible para el impuesto es menor a la que debería ser por el precio al público.
En segundo lugar, Sarandí, en el fuero contencioso administrativo, obtuvo una cautelar contra una resolución que obliga a las tabacaleras a informar los movimientos de su materia prima. En tercer lugar, según información a la que accedió LA NACION, aun en junio del año pasado, cuando las importaciones se encontraban prácticamente cerradas, Sarandí continuaba importando tabaco de Brasil (en ese mes, por US$5,58 millones), pese a que en el mercado interno hay stock para abastecerse.
“Estamos alertando lo que podemos que la ley ómnibus es una ley Massalin temporada tres. Se escriben sus propias reglas porque concentran la totalidad del mercado. Pretenden que el Ministerio de Salud ponga 200 empleados a chequear precios porque quieren generar una base imponible presunta. Delirio absoluto, no va a pasar porque es un delirio jurídico”, dijo Pablo Otero a LA NACION, y agregó, sobre el caso judicial: “La ley actual no aplica. La Corte suspendió una cautelar, pero la Justicia en Contencioso fallo a favor de la empresa y determinó que la 27430 era inconstitucional”.
Las modificaciones también incluyen la aplicación de un gravamen a los cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros dispositivos como los calentadores de tabaco, aún prohibidos por Salud. Se les establece una tasa de entre 20% y 25%, inferior a los cigarrillos, lo que fue cuestionado por la Tabacalera Sarandí. Massalin Particulares está muy interesado en que se habiliten estos productos, ya que el modelo de negocios de la compañía a nivel global viró a este tipo de alternativas, que ya fueron introducidas en otros países de la región, como Chile.
