El Gobierno busca por estas horas asimilar el sacudón que le provocó la convocatoria de la CGT a un nuevo paro general, solo 24 horas después de que sus principales dirigentes estuvieran en la Casa Rosada y protagonizaran junto a los más encumbrados funcionarios de la administración de Javier Milei la primera ronda de diálogo con el sector. “Le estamos buscando la vuelta, porque así no cierra”, afirmaron este jueves en la sede gubernamental.
De todos modos, fuentes oficiales consultadas por LA NACION aseguraron que la medida de fuerza -convocada para el 9 de mayo- es “perfectamente legítima”, ya que “el sindicalismo tiene que representar a sus trabajadores”. La reacción del Gobierno frente al segundo paro en cuatro meses se enmarca en la búsqueda de recomponer el vínculo con los sindicatos. Por este motivo, el tono de las declaraciones es distinto a los momentos de mayor tensión.
De hecho, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el ministro del Interior, Guillermo Francos; y el asesor presidencial Santiago Caputo, los tres funcionarios con más peso interno en el Gobierno -solo superados por Karina Milei- recibieron a Héctor Daer, Gerardo Martínez, Hugo Moyano, Andrés Rodríguez y otros jerarcas sindicales el miércoles. Tras ese encuentro, reconocieron que uno de los puntos de mayor conflicto es la falta de homologación de los acuerdos paritarios.
“La propuesta, como está, no flota”, dijeron desde el corazón de la administración libertaria y agregaron que están tratando de buscar alternativas. Respecto del paro afirmaron que que si bien la posibilidad de que se concretara no se habló directamente en la reunión del miércoles, sí sobrevoló la situación de Camioneros y la falta de homologación del acuerdo del gremio, lo que motorizó los últimos cruces con Pablo Moyano, del ala más dura de la CGT.
“Se planteó el tema de los acuerdos paritarios. Varios estaban siendo aprobados después de la revisión. Los representantes de los gremios nos plantearon un apoyo a la paritaria de Camioneros y hablaron de las paritarias en general. Están siendo analizadas por la Secretaría de Trabajo”, dijo Francos sobre el tema de la homologación. En tanto que otras fuentes al tanto de las negociaciones completaron: “Se van a homologar siempre y cuando sean razonables y no estén impugnados”.
Más allá de esa diferencia y del anuncio del paro, la búsqueda del oficialismo de mantener los vínculos con el sindicalismo se mantiene intacta. De hecho, aseguran que prevén consultarlos y tener en cuenta su opinión por el texto entregado esta tarde por el radicalismo respecto de la reforma laboral, con la que se busca incluir en la nueva ley de Bases, parte de lo que contenía el DNU 70/23 en lo referido a ese capítulo y que quedó paralizado por la Justicia por un amparo sindical.
“Va a hacer ruido”, comentó el jefe de Gabinete Posse a los radicales, según deslizó uno de ellos, en referencia a la parte de la iniciativa que elimina la cuota sindical. Sin embargo, la posición del Gobierno marca un cambio con lo que venía sucediendo con los gremios y desde la Casa Rosada recuerdan que hasta fines de diciembre pasado, cuando se presentó el megadecreto, venían teniendo una “buena sintonía” con el sindicalismo.
En la misma línea, reconocían que la dureza del texto en cuanto a reforma laboral sorprendió “con razón” a los referentes gremiales. Ese tramo se judicializó y su amparo por parte de la justicia la inmovilizó, lo que motivó que los radicales pidieran al gobierno incluir parte de ese contenido para tratar en la nueva ley de Bases. En la nueva versión que es considerada “light” se contempla por parte del bloque radical que los aportes sindicales sean optativos.
No obstante, el Gobierno tiene previsto retirarlo si consideran que puede complicar su tratamiento. “Los vamos a consultar”, insistían esta tarde en Balcarce 50. El de el próximo 9 de mayo será, de concretarse, el segundo paro general de la CGT, que batió su propio récord este verano al frenar el país el 24 de enero, a 45 días de la asunción de Milei, quien se convirtió así en el mandatario al que más rápido se le declaró la medida. El récord hasta entonces lo tenía Fernando de la Rúa, a 77 días de haber llegado al poder.
Este miércoles por la noche, tras más de dos horas y medias de reunión, tanto desde la órbita del Gobierno como desde la central obrera coincidieron en calificar el encuentro como “positivo” y que se desarrolló “en términos muy cordiales”. “Fue una buena reunión”, calificó una fuente de la CGT, que agregó que se habló sobre la posibilidad de conformar una “mesa de diálogo” con la idea de juntarse periódicamente.
Allí los sindicalistas mostraron voluntad para acompañar una reforma laboral, siempre y cuando sea una versión “light”. Por caso, que no elimine la cuota sindical, no restrinja el financiamiento de las obras sociales ni limite el derecho a huelga, pero que propicie una ampliación del período de prueba antes de que un trabajador quede en condición de efectivo en relación de dependencia. Este jueves, sin embargo, se lanzaron hacia una nueva medida de fuerza.
