Apenas conocido el anuncio del paro general de la CGT del próximo 9 de mayo, en Casa Rosada lo consideraron “perfectamente legítimo”. El primer frío del otoño asomaba en el Patio de las Palmeras cuando un hombre del corazón de la administración libertaria justificó: “el sindicalismo tiene que representar a los trabajadores”. La medida de fuerza, la segunda de la Central en los cuatro meses de gestión de Javier Milei, no sorprendió, ni indignó, en la sede de Gobierno que lejos de la confrontación eligió priorizar el diálogo que empezó a construir oficialmente con los líderes sindicales apenas menos de 24 horas antes del anuncio. Lejos de broncas o críticas públicas pusieron la mira en el objetivo mayor y a largo plazo: el vínculo con la CGT, en una relación que saben que no está, ni estará exenta de tensiones, como las que generan las faltas de homolagaciones de acuerdos paritarios o una posible reforma laboral cuando haya otro contexto parlamentario. “El tema es tener una relación, que hasta ahora no la tuvimos”, admiten.

En esa línea, en Balcarce 50, reconocían que el gobierno y los sindicatos habían tenido algunas buenas primeras conversaciones muy en el comienzo de la administración, pero que eso se rompió de cuajo rápidamente, cuando a fines de diciembre desde el Gobierno dieron a conocer el DNU 70/2023 en cuyo capítulo de reforma laboral avanzaban de lleno con los intereses más palpables del sector. La respuesta de la CGT fue casi inmediata con el anuncio de su primer paro general, que se concretó el 24 de enero. Fue el más rápido que la central de trabajadores le hizo a un presidente, batiendo con 44 días de ejercicio al que le hicieron a Fernando De La Rúa, a 77. El récord se completó además con llamar a ese primer paro después de 4 años de no hacerlo, pese a que en la gestión de Alberto Fernández los salarios perdieron brutalmente frente a la inflación con un silencio atronador del sindicalismo que en las últimas elecciones apoyó la campaña del por entonces responsable de Economía, Sergio Massa.

Desde entonces a este abril, en el que el Ejecutivo cifra buena parte de sus expectativas en lo que puede pasar en el Congreso con la ley de Bases, el sindicalismo logró frenar el capítulo de la reforma judicial en la justicia través de amparos. Y el oficialismo encontró un salvoconducto a eso con el pedido de la UCR de agregar en la nueva versión de la ley de Bases parte de lo que el capítulo de la reforma contemplaba en el DNU. Pero en una versión “light”. Esa versión es la que el propio gobierno buscó mostrarles a los sindicalistas el miércoles a la tarde, pero debió esperar porque el radicalismo la entregó un día después. No obstante, se las adelantaron informalmente y los sindicalistas hicieron un primer guiño.

La idea del Gobierno es que el proyecto se incorpore y salga, pero fundamentalmente, que salga. Con lo cual, si algo de reforma laboral, como el punto de la cuota solidaria, donde podría haber diferencias con los gremios, lo llegara a trabar, no tendrían mayores problemas en cambiarlo. “La postura ahí es que necesitamos que se destrabe y salga. No queremos empantanarnos en algo y menos cuando no la redactamos nosotros”, se sinceró otra de las voces consultadas.

A días del comienzo del tratamiento en el Congreso, el Ejecutivo cifra expectativas en lo que plantearon los radicales en su texto, que apunta a generar empleos, con las bajas en las multas, la extensión del período de prueba y deja para más adelante las reformas más de fondo o estructurales. “La lógica es reactivar la economía simplificar, regularizar, agilizar. que cuando la economía esté todo simplificado”, dicen. Luego, confían, con mayoría parlamentaria, podrá llegar la reforma estructural. También, más tensiones con los gremios. Para eso será clave el diálogo y la relación que empezaron a cimentar el miércoles.

El origen de la convocatoria y la tensión latente

El origen de la convocatoria a los líderes gremiales, entre los que sobresalieron los nombres de Héctor Daer, Hugo Moyano, José Luis Lingeri, Gerardo Martínez y Carlos Acuña, según reconstruyó este diario, se fue charlando en diferentes momentos en el grupo de extrema confianza que rodea al líder libertario: su hermana y secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y el estratégico asesor Santiago Caputo, sus dos personas más cercanas, junto a los dos leales, Nicolás Posse, jefe de Gabinete, y el ministro del Interior, Guillermo Franco.

“Fue algo que se charló internamente para ver cómo se hacía para recomponer una relación que desde nuestro punto no tenía por qué tenía ser conflictiva”, describieron. El tema, aseguran, empezó a tomar forma semanas atrás y en Balcarce 50 descartan de plano que tuviera que ver con la amenaza de un nuevo paro general que sobrevolaba desde hace días. “El tema estaba dando vueltas desde antes y se aprovechó para convocarlos”, dijeron y resaltaron: “vinieron con muy buena predisposición”.

Luego de esas primeras charlas que se fueron dando, el tema siguió más que nada en manos de Caputo, el hombre en quien Milei más confía, y Francos, porque el titular de Interior ya tenía relación con la mayoría de los sindicalistas por su pasado peronista y había sido quien encaró los primeros contactos entre ambos sectores tras el triunfo de noviembre. Los primeros llamados y sondeos los canalizó a través de Martínez y Daer. Era fines de marzo y hubo varios llamados y buena receptividad desde un sector clave que aún no podía terminar de entender cómo a cuatro meses de la llegada de un nuevo gobierno aún no había piso oficialmente la Casa Rosada. En paralelo el Gobierno encaminaba la recta final de la ley de Bases y parecía despejar uno de sus escenarios más incómodos.

La idea del gobierno con los gremios es, según describen, ir, básicamente, conociéndose y “construyendo confianza” al tiempo que agregan que son perfectamente conscientes de que “naturalmente” será una relación con diferencias y tensiones. Así como saben que a medida que se avance en el tiempo en el que ellos cifran las expectativas en poder avanzar con una reforma laboral más profunda y abarcativa, como la que tenían pensada inicialmente, esas tensiones se profundizarán. “Naturalmente habrá diferencias pero habrá que ir saldándolas. La idea es tener, más allá de la diaria y la coyuntura, seguir manteniendo el dialogo”, completan de cara al futuro sobre el camino que iniciaron el miércoles y el que buscarán que se mantenga con una mesa de diálogo que propuso y motorizará Francos.

En las tensiones inmediatas, por lo pronto, están las que generan las homologaciones que reclaman las diferentes gremios, pero en especial Camioneros. Desde el gobierno aseguran que ya se holgaron varias y que otras están a la firma. “Conceptualmente la postura es seguir homologando mientras todo esté dentro de lo razonable y sin cuestiones jurídicas por saldar con impugnaciones con algunas Cámaras”, describen. Allí está precisamente el grupo del gremio de los Moyano, con el que se encierran las mayores diferencias, contrapuntos y negociaciones en ciernes.