El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este jueves, por unanimidad, solicitar un informe al Servicio de Inspección para recabar información sobre las circunstancias que han permitido la huida de Karim Bouyakhrichan, cabecilla de la conocida como ‘Mocro Maffia’ y considerado en Holanda como ‘el enemigo público número uno’, tras su detención el pasado 24 de enero en Marbella (Málaga).
Todos los vocales se han mostrado conformes en la necesidad de indagar en la descoordinación judicial que ha provocado que el líder mafioso que amenaza de muerte a la princesa heredera al trono holandés, Amalia de Orange, pudiera huir, al quedar en libertad bajo bajo fianza por decisión de la Audiencia de Málaga, a pesar de que sobre él pesa una orden europea de detención librada por las autoridades judiciales de Países Bajos que se tramita en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.
Karim Bouyakhrichan escapó tras quedar en libertad provisional el 18 de marzo por decisión de la Audiencia Provincial de Málaga, que únicamente le impuso como medidas cautelares la retirada de su pasaporte, la obligación de personarse en el juzgado cada 15 días y el pago de una fianza de 50.000 euros.
La Audiencia de Málaga tomó esa decisión pese a reconocer que sí existía riesgo de fuga, «toda vez que el recurrente es ciudadano extranjero, sin que conste que tenga bienes raíces en España, en donde ha venido viviendo en una casa propiedad de su esposa Melanie», especificaba el auto de libertad, que también recuerda que su pareja «vive en Dubai, y solo viene a Marbella de vez en cuando». Por su parte, la Audiencia Nacional no había decretado todavía una orden de detención para garantizar su entrega a Holanda.
Bouyakhrichan, neerlandés de origen marroquí y hermano de Samir Bouyakhrichan, asesinado en Benahavís (Málaga) en 2014 y de quien heredó el liderato de uno de los clanes más importantes de la ‘Mocro Maffia’, firmó en el juzgado más próximo a su domicilio hasta el pasado 15 de abril. Además de la causa en la que se le impuso la fianza y por la que le reclama Países Bajos, el clan ha estado implicado en numerosas investigaciones policiales al sospecharse que funciona como punto de conexión de narcotraficantes latinoamericanos y europeos.
