CÓRDOBA. A casi dos meses de que la fiscal de Villa María Juliana Company pidiera la elevación a juicio de la causa iniciada contra Leonardo Cositorto y otros por las presuntas estafas piramidales ejecutadas a través de la firma Generación Zoe, el abogado del principal imputado presentó una denuncia penal contra la representante de la acusación pública: la acusa de “presionar a testigos”, del “manejo abusivo de la investigación” y de omisión de deberes de funcionario público.
El abogado Guillermo Dragotto presentó este martes la denuncia en el marco de la causa caratulada como “Abellonio Silvana Verónica-Asociación Ilícita”; lo hizo en su carácter de defensor de Cositorto y Maximiliano Batista. En el escrito de 44 páginas, señala que hay “antecedentes de irregularidades y arbitrariedades” durante el proceso llevado a cabo por la fiscal “desde el comienzo mismo de la investigación”. Consultada por LA NACION, Company declinó hacer comentarios.
La causa tiene 26 sospechosos procesados incluidos en la requisitoria de elevación a juicio. El exjuez Héctor Luis Yrimia sigue prófugo y con un pedido de captura internacional. Vive en Medio Oriente. Cositorto está preso en el penal de Bouwer desde abril de 2022, a la vez que acumula imputaciones y prisiones preventivas dictadas por jueces de Salta, Rosario y Corrientes, y está bajo investigación en otras varias jurisdicciones.
En la denuncia, el abogado da cuenta de casos en los que, a su entender, hubo “presión de la fiscal a testigos”, lo que demostraría que “la voluntad” de Company “estaba dirigida a detener a Cositorto y a Batista sin importar la cantidad y calidad de prueba obtenida”.
Otra “irregularidad” a la que se refiere es el “manejo abusivo de la investigación”. Señala que “la pérdida de objetividad e imparcialidad queda demostrada en el propio expediente” y cita como ejemplo un hecho de mayo del 2022 en el “que amenaza al Jefe de la Policía Federal Argentina con denunciarlo si brinda la información recabada de los aparatos electrónicos secuestrados a los imputados a otro juzgado o fiscalía que esté investigando posibles hechos cometidos por Cositorto o Batista, demostrando un elevado nivel de autoritarismo”.
Para la acusación de “omisión de deberes de funcionario público”, el letrado hace referencia primero a hechos relacionados con los pedidos de traslado por cuestiones de salud de Cositorto, donde la fiscal no habría respetado procesos ni plazos establecidos, e incluso habría filtrado a la prensa los datos, lo que podría –está en potencial en el texto de la denuncia– haber provocado un llamado “por parte de un interno anunciando una posible fuga de Cositorto que hizo cambiar de parecer a la fiscal, forzando mediante una cadena de decretos, el pretendido dejar sin efecto el acuerdo de traslado”.
El segundo hecho se refiere al requerimiento de elevación a juicio, donde hace una “descripción cabal de lo que sería una conducta típica de ‘lavado de activos’” que “no denunció” a la Justicia Federal de Villa María.
“De la investigación que llevó adelante, siempre sostuvimos que lo ocurrido en Villa María era una acción autónoma e independiente de Claudio Álvarez [otro imputado en la causa], que abrió su propia empresa, y que nunca se pudo probar que fueran Cositorto o Batista; queda descripto que lo entregado por las víctimas fue a parar a bienes adquiridos por Álvarez y las empresas que manejaba. Hay un lavado de activo y ella omitió denunciarlo. Además, por una cuestión de economía procesal, todo debería ir a la Justicia Federal de Villa María”, dijo Dragotto a LA NACION.
