CÓRDOBA.- Una nueva resolución judicial reactivó el conflicto entre las monjas de clausura del monasterio San Bernardo de Salta y el arzobispo Mario Cargnello, fundamentado en que las carmelitas apoyan la devoción a la Virgen del Cerro, que no es reconocida por la Iglesia. En el marco del proceso cautelar civil (no es una causa penal) abierto hace dos años, la jueza de Violencia Familiar y de Género, Carolina Cáceres Moreno, ordenó sostener las medidas de restricción e intimar a Cargnello y a otros tres sacerdotes a que hagan capacitaciones en género e inicien un tratamiento psicológico.

Ante el pedido de los abogados del Arzobispado de que el proceso se cerrara porque llevaba dos años sin novedades, Cáceres Moreno respondió con una resolución de 87 páginas en las que mantiene las restricciones de acercamiento al monasterio para Cargnello, el sacerdote Lucio Ajaya, el obispo emérito Martín de Elizalde y el vicario judicial Loyola Pinto y de Sancristóval.

Además, los intima a realizar las capacitaciones y a presentar los certificados y que inicien tratamientos psicológicos “a fin de que modifiquen patrones de comportamiento”. “Concluyo y afirmo –dice la magistrada en la resolución– que las carmelitas han padecido hechos de violencia de género en el ámbito institucional del tipo religiosa, física, psicológica y económica por un lapso de más de 20 años”.

La resolución indica que las decisiones deben ser notificadas al papa Francisco, vía el delegado pontificio Javier Belda Iniesta “en su carácter de garante del Acuerdo celebrado entre las partes en fecha 27/08/22″.

Apelación

La medida, que no está firme, será apelada por los abogados del Arzobispado quienes sostienen que “no hay fundamentos” de por qué se mantienen las medidas de restricción si en dos años no hubo novedades; plantean que incluso el monasterio San Bernardo dejó de estar bajo la jurisdicción de Cargnello hace un año y medio y grafican con que De Elizalde vive en la provincia de Buenos Aires y hace al menos dos años que no va a Salta. “La jueza le corrió vista varias veces a la fiscal penal, quien rechazó actuar”, indicaron.

El proceso cautelar se inició días antes de la Semana Santa de 2022, con una presentación de la entonces priora del convento, María Fátima del Espíritu Santo. La entonces abogada de las religiosas, Claudia Zerda Lamas, explicó a este medio que las monjas sufrían “hostigamiento” desde 1999.

La adhesión de las monjas carmelitas descalzas del convento San Bernardo a la Virgen del Cerro genera molestia en la Iglesia y esas diferencias son la base de algunas de las situaciones que integran el proceso judicial. El enfrentamiento se espiralizó hasta contar con la intervención del Vaticano y el inicio de una investigación judicial sobre la Fundación de la Virgen del Cerro y su relación con el monasterio.

El 30 de marzo de 2022, doce días antes de la presentación judicial, un documento del Vaticano advirtió a las carmelitas que se nombrará un “auxiliar apostólico” y les pidió que no se involucren con la “vidente”, como llama a María Livia Galliano, la mujer que dice tener “apariciones” de la Virgen del Cerro.

La Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, de la que dependen las monjas de clausura del convento San Bernardo, es la que emitió el documento, que lleva la firma de José Rodríguez Carballo, arzobispo secretario.