Ariel Lijo es un eslabón crucial en la compleja trama de intercambio de favores y dinero entre sectores de la Justicia, el espionaje y dirigencias de la mayoría de los partidos políticos. Una plataforma de protección y permanencia en el poder para un grupo significativo de ellos, como reaseguro de la supervivencia de esa cadena de solidaridades. Pero sobre todo de su capacidad de intervenir en los asuntos del Estado sin que medie la autorización de ley alguna.
Horacio Rosatti amenaza esa posición de privilegio. El presidente de la Corte adoptó medidas para limitar la influencia de Ricardo Lorenzetti en el Consejo de la Magistratura, encargado de seleccionar, designar y remover jueces. Resulta difícil que la elección de Lijo para la Corte no sea percibida como una manifestación de resistencia a esos cambios de lo que Javier Milei denomina “la casta”. Es decir, aquello que se ufana de combatir.
El Gobierno no desmintió que Lorenzetti le recomendó al Presidente promover al titular del Juzgado Federal Nº 4. La candidatura de Lijo se oficializó después de la cesantía de una veintena de funcionarios en el Consejo de la Magistratura. Las de Federico Vicent y Sebastián Más fueron las más resonantes. Provenientes de la Corte, su jactancia de contactos en la SIDE es otro antecedente común.
Vicent era director de Recursos Humanos. La Corte desmiente que Más haya sido chofer de uno de sus vocales, como sostienen otras fuentes. Exsuboficial de la Policía Federal, Más fue titular de la oficina de enlace desde 2009. Se lo apartó en 2022 por la participación de Juan y Nahuel Más en el secuestro extorsivo de un narco en La Matanza. Un caso que no habría sido una excepción en los años de apogeo de su padre, Sebastián.
Igual que otros dos hermanos, Juan y Nahuel ingresaron en el Consejo de la Magistratura entre 2014 y 2022. El padre y los hijos ligados al secuestro fueron cesanteados. Juan y Nahuel usaron autos de ese organismo para cometer el delito. El parque automotor dependía de la oficina de enlace. Lo mismo que la custodia externa e interna de los edificios donde funcionan sus dependencias.
Más ganó influencia en la presidencia de Miguel Piedecasas, creador del centro de monitoreo que puso en la órbita de la oficina de enlace. La instalación de cámaras de seguridad se habría aprovechado para diseminar una red de micrófonos capaz de captar conversaciones en pasillos y despachos. Una versión acreditada por el comportamiento de los vocales del Consejo. Alquilan oficinas para evitar el uso de las que tienen asignadas.
Más coordinaba con la Policía Federal la custodia externa de los edificios. La sospecha de que la efectuaban agentes de inteligencia para espiar quedó plasmada en la denuncia presentada en 2017 por Fernando Cinto. El administrador general del Consejo declaró que los guardias que le impidieron pasar a su oficina un sábado por la noche se rehusaron a identificarse. Un protocolo que suelen aplicar los espías para no revelar esa condición.
La causa recayó en Sergio Torres. Hasta que dimitió para ser juez de la Corte bonaerense, el titular del Juzgado Federal Nº 12 no produjo medidas de prueba. A Torres se le endilgan contactos con el espionaje. Lijo subroga ese juzgado desde entonces. Fiel a su estilo, mantiene esa causa abierta. Lijo le pidió al Consejo de la Magistratura información sobre Más cuando se lo apartó de la oficina de enlace.
Se especula con que Lorenzetti podría quedar comprometido si esa investigación avanza. Esa aparente debilidad demostraría que es Lijo quien apadrina a Lorenzetti y no al revés. Una creencia plausible luego del resultado de las últimas elecciones. Sobre todo en la provincia de Buenos Aires. La reelección de Axel Kicillof precipitó el desmoronamiento de la alianza gestada en el gobierno de María Eugenia Vidal y erosionada por el caso de Julio “Chocolate” Rigau.
Un asunto que inquieta a Pro, la UCR, Sergio Massa y Martín Insaurralde. El temor a la acción en su contra de la AFIP y la AFI que Massa confió a sus íntimos y la causa donde el exintendente de Lomas de Zamora es investigado por enriquecimiento ilícito habrían servido a Gustavo Ferrari para persuadir a la exgobernadora de adherir a la postulación de Lijo.
Vidal mantiene una estrecha relación con Horacio Rodríguez Larreta, a quien responde la senadora nacional de Pro en la Capital Guadalupe Tagliaferri. El exministro de Justicia bonaerense fue contratado por el titular de esa cartera en la ciudad, Gabino Tapia, por orden de Mauricio Macri. Lijo tiene la causa del Correo Argentino donde se investiga a la familia del expresidente. No hay, por ahora, ninguna contra Vidal. Pero circula el rumor de que es así por el acuerdo de Ferrari con Massa y Máximo Kirchner.
La reconfiguración del poder en la Legislatura por la fractura de Juntos y los libertarios le facilitó a Kicillof cerrar el paso a Massa en el gobierno bonaerense y limitar la incidencia de Insaurralde. Pablo de Rosa espera que le indiquen a quién debe entregar la renuncia que tiene redactada desde diciembre. De Rosa es secretario del Tribunal de Cuentas y llegó ahí por Insaurralde. Pero antes fue su secretario de Obras Públicas de Lomas de Zamora.
Un área convulsionada por el fraude con el edificio que construye en Chacabuco al 400 de Banfield la firma Portofino. Su dueño, Pablo Bertoldi, se fugó cuando Insaurralde apareció fotografiado en el yate Bandido con Sofía Clérici. Bertoldi habría sobrevendido unidades del edificio. El temor a que “la política le suelte la mano” tras ese escándalo fue confirmado por su madre, Mabel Sáffora, en los chats intercambiados con Norma Kolcevich.
Kolcevich le prestó a Bertoldi un millón de dólares para financiar el edificio a cambio de un interés mensual del 2,5% en esa moneda. Completó ese monto con un departamento puesto en garantía pero del que no cedió la posesión. Cuando intentó acceder a él, se topó con barras del club Los Andes a quienes se lo alquiló Adrián Carnevale.
Carnevale es titular de Terrazas de Lomas SA, que construye un edificio en la avenida Hipólito Yrigoyen al 8000, también en Banfield. Los vecinos que se apersonaron en el inmueble edificado en zona residencial se encontraron con Martín Choren. Quienes hablaron con el jefe del Gabinete municipal, se llevaron la impresión de que era el propietario.
Carnevale es proveedor del municipio de Lomas de Zamora y se lo sindica como testaferro de Insaurralde. El fiscal general, Carlos Baccini, delegó la investigación de Portofino en la fiscal Carla Furingo, que todavía no llamó a Bertoldi a indagatoria. La estafa de Portofino se estima en 20 millones de dólares. Los chats entre Kolcevich y Sáffora están adjuntados a esta causa.
Kolcevich reclama su dinero y el departamento. En una nota enviada a la Procuración General bonaerense expresó su perplejidad porque Baccini no haga intervenir a la Unidad de Delitos Complejos que depende del fiscal general. Mano derecha de Baccini, el fiscal Jorge Griecco es uno de los damnificados por Bertoldi. Pero no sería el único funcionario judicial que compró unidades en el edificio de Chacabuco al 400.
La Procuración General analiza sancionar a Baccini por retacear información al fiscal federal Sergio Mola, que investiga a Insaurralde por enriquecimiento ilícito. ¿Intentaría Lijo frenar esa investigación si llegase a los cimientos de un sistema político al borde del derrumbe? Podría ser la expectativa de varios interesados en que ocupe una silla en la Corte.
