La Justicia de Mendoza, con el apoyo de Gendarmería Nacional Argentina (GNA), rescató a 10 adultos que eran víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral en una finca del departamento mendocino de Junín. En el lugar también encontraron un menor de edad que residía en condiciones sumamente precarias y vulnerables.
Tras una denuncia por una posible trata de personas, el magistrado interviniente del equipo de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Mendoza”, con el apoyo de integrantes del Escuadrón 64 de GNA personal del Programa Nacional de Asistencia a la Víctima, allanaron en la tarde del sábado un precario inmueble ubicado en esa ciudad de Mendoza.
Cuando los funcionarios arribaron al lugar se encontraron con 10 adultos y un menor de edad, todos oriundos de Santiago del Estero, que residían en condiciones precarias. De la inspección y relevamiento realizado, los profesionales detectaron indicios de estar ante una situación de trata de personas con fines de explotación laboral, informó la GNA a través de un comunicado.
Las víctimas fueron puestas a resguardo y se labraron las correspondientes actuaciones contra los propietarios del lugar. Intervienen en la causa el Juzgado Federal Nro. 1 de Mendoza, la Secretaría Penal “A” y la Fiscalía Federal Nro. 1 a cargo de la Dra. Alejandra Obregón.
Más víctimas de explotación laboral en Mendoza
A fines de enero de este año, agentes de la División Unidad Operativa Federal San Rafael de la Policía Federal Argentina (PFA) efectuaron un allanamiento en esa ciudad mendocina donde encontraron a 10 personas en situación de trata con fines de explotación laboral.
La investigación había comenzado en los primeros días de 2024 cuando los agentes recibieron una denuncia que indicaba que en una finca ubicada en el distrito Real del Padre, a 75 kilómetros de San Rafael, existían claros indicios acerca de la comisión de delitos de explotación laboral. La pesquisa permitió establecer que las personas eran transportadas en camiones a diferentes estancias de la zona, donde trabajaban en la recolección de frutas, junto al responsable de efectuar los traslados, se informó entonces de manera oficial.
Fue entonces que el Juzgado Federal de San Rafael, a cargo de Eduardo Ariel Pungiéndolas, ordenó el allanamiento del lugar. En el procedimiento se logró rescatar a 10 personas que se encontraban alojadas en condiciones de hacinamiento en locaciones muy precarias y se detuvo por hecho a un ciudadano boliviano de 26 años. En el operativo se secuestraron 87.000 pesos, dos camiones, tres netbooks, una notebook, un teléfono celular y demás elementos de interés para la causa.
