El presidente Javier Milei ha perdido una magnífica oportunidad para exhibir su compromiso con la calidad institucional y con la búsqueda de independencia del Poder Judicial. Con el anuncio por parte de la Oficina del Presidente de la Nación de que el Poder Ejecutivo impulsará la designación del cuestionadísimo juez federal Ariel Lijo como miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para ocupar el lugar que quedó vacante tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco, se acaba de ofrecer una pésima señal.
Frente a la necesidad de cubrir la citada vacante en el máximo tribunal, se abría para el titular del Poder Ejecutivo una excelente ocasión para demostrar que se encuentra a la altura de la enorme responsabilidad que la Constitución y la ciudadanía le han confiado. Esa oportunidad se vio satisfecha solo a medias: en efecto, debe destacarse la inclusión del doctor Manuel García-Mansilla, jurista con reconocido prestigio académico, para reemplazar en la Corte a Juan Carlos Maqueda, una vez que este deba dejar su cargo a fines de diciembre, cuando cumpla 75 años de edad.
García-Mansilla es un especialista en derecho constitucional con amplia experiencia en derecho empresario y una importante trayectoria profesional y docente, al tiempo que se ha destacado por su posición contraria a la legalización y despenalización del aborto.
La propuesta presidencial de designar a Lijo plantea la fundada sospecha de que el oficialismo haya buscado un acuerdo con la oposición kirchnerista
En cambio, la propuesta presidencial de designar a Lijo en el lugar que dejó vacante la jueza Highton de Nolasco ofende la idea de justicia y plantea la fundada sospecha de que el oficialismo haya buscado un acuerdo con la oposición kirchnerista, que cuenta con el mayor número de bancas en el Senado de la Nación, cuerpo que debe aprobar las designaciones de los jueces con los dos tercios de los votos. Y es inocultable que cualquier entendimiento con el kirchnerismo o con Sergio Massa significa la búsqueda de impunidad.
En la comunicación oficial de su decisión, el gobierno nacional destacó la “prominente carrera judicial” de Lijo. Cabe preguntarse a cuáles hechos de esa “prominente” trayectoria se estará refiriendo. ¿Acaso a su capacidad para administrar los tiempos de las causas judiciales en beneficio de oscuros intereses? ¿O a las múltiples denuncias que ha acumulado en su contra?
A lo largo de su actuación como juez federal en lo criminal y correccional, Lijo fue denunciado en muchas oportunidades, tanto por demoras en el manejo de causas judiciales en las que se debía investigar a funcionarios como por los movimientos de su hermano Alfredo “Freddy” Lijo, a quien se conoce como un operador en el ámbito tribunalicio.
Es inocultable que cualquier entendimiento con el kirchnerismo o con Sergio Massa significa impunidad
En su momento, Lijo fue denunciado por dirigentes de la Coalición Cívica, liderada por Elisa Carrió, por haber “garantizado la impunidad del saqueo de YPF” y por encubrimiento en el caso Siemens, donde indagó a los empresarios, pero no a los funcionarios menemistas, por el pago de coimas para mantener los contratos para la confección del documento nacional de identidad. Junto a las sospechas que provocan su abultada situación patrimonial y su posible involucramiento en maniobras de tráfico de influencias, se encuentra en la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura una denuncia del diputado Juan Manuel López por la intervención del cuestionado juez en los expedientes sobre irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial.
Uno de los episodios más vergonzosos y cuestionables que protagonizó Lijo se asocia con la causa Ciccone. Cuatro años atrás, el juez favoreció al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, al enviar a la Justicia de esa provincia el tramo de aquella causa judicial en el que se debía investigar el pago de 7,6 millones de pesos que, en el año 2010, había efectuado la gobernación formoseña a la consultora The Old Fund, de Alejandro Vandenbroele, testaferro del exvicepresidente Amado Boudou, por gestiones para la renegociación de la deuda pública provincial cuando precisamente Boudou estaba al frente del Ministerio de Economía de la Nación. Esa empresa era tan improvisada que ni siquiera poseía un talonario de facturas hasta antes de prestar sus supuestos servicios al gobierno de Insfrán. Lijo indagó al gobernador formoseño en 2010 y diez años después mandó el caso a la provincia, decretando la virtual muerte de la investigación.
No menos curioso resulta que ante las denuncias que hizo Elisa Carrió contra el juez Lijo, la defensa de este recayera justamente en el abogado Mariano Cúneo Libarona, actual ministro de Justicia del gobierno de Milei.
Si bien no existe una exigencia legal sobre la participación femenina en la Corte Suprema de Justicia y es cierto que el principal requisito para ser juez no es otro que la idoneidad, hubiese sido lógico que para cubrir el cargo que dejó vacante la doctora Highton de Nolasco se propusiera a una mujer
Si bien no existe una exigencia legal sobre la participación femenina en la integración de la Corte Suprema de Justicia y es cierto que el principal requisito para ser juez no es otro que la idoneidad, hubiese sido lógico que para cubrir el cargo que dejó vacante la doctora Highton de Nolasco se propusiera a una mujer. En especial, cuando existen tantas potenciales candidatas con sobrados méritos profesionales, académicos y éticos
En un editorial publicado el 10 de diciembre de 2021, señalamos que en la Argentina abundan muy destacadas e irreprochables juristas mujeres y que si los políticos no eran capaces de encontrarlas era solo porque preferían no hacerlo. Entre las posibles candidatas a cubrir el cargo que ocuparon Carmen Argibay y Highton de Nolasco, aun a riesgo de dejar afuera a muchísimas profesionales aptas, mencionamos en aquella ocasión a Delia Ferreira Rubio, María Angélica Gelli, Laura Monti, Graciela Camaño, María Susana Najurieta, Marta Nercellas, María Gabriela Ábalos, Alejandra Lázzaro, María Claudia Soto, Mónica Patricia Karayan, María Lila Gómez Alonso de Díaz Cordero, Úrsula Basset, Patricia Ziffer, Estela Sacristán, Ivana Bloch y Adelina Loianno.
Una sociedad harta de que se intente violentar el principio de división de poderes demanda una Justicia independiente y magistrados con conductas irreprochables que hagan honor a tan relevante tarea.
Es evidente que la propuesta de designación de Lijo como integrante del más alto tribunal de la Nación ofende la inteligencia de la ciudadanía y desacredita al propio presidente de la República. Sería deseable que el primer mandatario reviera su posición. Todavía está a tiempo de dar marcha atrás.
