BARCELONA.- La semana pasada España conmemoró el vigésimo aniversario del trágico atentado terrorista del 11 de marzo del 2004 en Madrid, el peor que ha sufrido Europa en el siglo XXI y que se saldó con la muerte de 192 personas. Algunos analistas consideran los hechos posteriores al ataque como el detonante del clima de crispación que hace años envuelve la política española.

Entonces, a tres días de las elecciones, el gobierno de José María Aznar insistió en que la autoría correspondía a la banda armada vasca ETA a pesar de que había indicios que se trataba de Al-Qaeda y estaba relacionado con la participación de España en la guerra de Irak.

La percepción de que el gobierno quería engañar a la ciudadanía en un hecho de tal gravedad provocó la derrota del PP en las urnas, y el ascenso al poder de José Luis Rodríguez Zapatero, un Ejecutivo que los conservadores tacharían de “ilegítimo” por haber llegado a los lomos de un atentado terrorista.

Desde entonces, el tono áspero nunca ha abandonado la política española, si bien ha registrado momentos de mayor y de menor intensidad. Ahora mismo, el termómetro está marcando máximos. Hay varias razones que lo explican. En primer lugar, la frustración que suscitó en el PP y en su líder, Alberto Núñez Feijóo, el hecho de no haber podido formar gobierno a pesar de haber sido el partido más votado en las elecciones del pasado 23 de julio.

Ante la presión que ejerce Vox desde la extrema derecha para captar parte de su electorado, y la expectativa de que la heterogénea coalición que sostiene a Sánchez -incluye hasta a ocho partidos diferentes- podría desmoronarse en cualquier momento, Feijóo optó por una estrategia de acoso y derribo al gobierno. Feijóo llegó a acusar a Sánchez de “llevar España al precipicio”, y de “no ser digno” del cargo que ocupa.

A menudo, estas duras declaraciones han estado vinculadas a su crítica a la amnistía que Sánchez pactó con los partidos independentistas catalanes a cambio de su investidura. De hecho, el PP llegó a participar en varias movilizaciones contra la medida.

Las encuestas muestran que una mayoría de españoles, aunque sea no sea muy amplia, se opone a la amnistía. Pero el rechazo es más contundente entre buena parte de los medios de comunicación y la alta judicatura, muy politizada y alineada con la derecha.

De hecho, algunos jueces parecen haberse conjurado para sabotear la aplicación de la medida de gracia, lo que augura que la batalla de la amnistía no concluirá con su aprobación en el Parlamento. Todo ello, ha contribuido a un inicio movido de la legislatura.

Cambio de tono

Ahora bien, no ha sido hasta el estallido del llamado “caso Koldo” que se ha disparado el tono agresivo del debate político. Durante la pandemia, Koldo García era un cargo de confianza del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos, Secretario de Organización del PSOE y mano derecha de Sánchez.

Según la Fiscalía, García aprovechó su posición para enriquecerse con el cobro de comisiones ilegales a empresas que vendieron al Estado material sanitario, sobre todo mascarillas, a precios astronómicos.

Tras conocerse el escándalo, el PSOE forzó la expulsión de Ábalos del partido con el objetivo de crear un cortafuegos alrededor del presidente Sánchez. Los socialistas hubieran querido que Ábalos entergara su acta de diputado, único cargo que ostenta en la actualidad. Sin embargo, se negó alegando que no está imputado por ningún cargo y ha pasado al grupo mixto.

Estas medidas han resultado insuficientes para el PP, que inisite a vincular directamente a Koldo con el presidente, e incluso se refiere al escándalo como el “caso Sánchez”. Aunque no existe ninguna prueba al respecto, el PP insinúa que las comisiones podrían haber servido para financiar al PSOE.

Pero los casos de fraude no son exclusivos del PSOE. La semana pasada de filtró que la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, Alberto González, defraudó a la Hacienda Pública más de 300.000 euros tras la venta también de mascarillas a precios desorbitados en un momento de extrema necesidad.

Tras lucrarse con este negocio, González compró un auto y un departamento de lujo en el que ahora reside Ayuso. En una estrategia conocida como el “y tú más”, Sánchez pidió hasta tres veces a Feijóo en el Congreso que fuerce la dimisión de Ayuso.

Por si no fuera poco, un frenético calendario electoral no ayuda precisamente a calmar las aguas. La primera cita será con las elecciones regionales vascas, el 21 de abril próximo; luego las catalanas, el 12 de mayo, y por último las elecciones europeas, el 9 de junio.

Tras el batacazo del PSOE en las elecciones gallegas del mes pasado, la expectativa de Feijóo es que unos malos resultados del PSOE en estas contiendas, sobre todo en las europeas, generen una contestación interna al liderazgo de Sánchez y ello desemboque en unas elecciones que le permitan, por fin, llegar a la Moncloa. Así, al menos hasta el verano boreal, la política española permanecerá bajo unas temperaturas tórridas.