A principios de febrero, el Instituto Laico de Estudios Contemporáneos de Argentina (ILEC), una ONG que brega por la separación entre la Iglesia y el Estado, presentó un pedido de acceso a la información pidiendo precisiones sobre la asistencia alimentaria que el Ministerio de Capital Humano, en medio de la puja con las organizaciones sociales, le otorgó a la Alianza de Iglesias Evangélicas (Aciera). Entre otros pedidos, el ILEC requería información sobre la naturaleza del convenio, los comedores que se verían beneficiados y los mecanismos de rendición de cuentas.

A principios de este mes, la cartera que conduce Sandra Pettovello, a los casi 30 puntos planteados en la solicitud, dio una escueta respuesta: “Aún no se encuentra aprobada la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de los Ministros que tienen a su cargo el despacho de los negocios de la Nación; lo cual dificulta la tarea de acceso a la información solicitada”. En el documento, que lleva la firma de un funcionario designado en la anterior administración, el Ministerio informó que haría uso de la prórroga para entregar los datos requeridos.

El oficialismo ha dado sobradas muestras del rumbo que pretende imprimirle a la gestión. Sin embargo, tras cumplir los 100 días de gobierno, por debajo de las primeras y segundas líneas, la maquinaria estatal, tal como se verifica en la respuesta al pedido de la ILEC, luce desguarnecida. Aunque más no sea en el plano formal.

“Es normal al inicio de gestión”, justificaba un colaborador en las primeras semanas frente a la demora en los nombramientos. “Es llamativo”, contrasta por estas horas otro “funcionario” que en la diaria le pone el cuerpo a la gestión pero que no tiene ni aguarda designación alguna.

El esquema de Gobierno tampoco termina de instaurarse. “Mapa del Estado: la página solicitada no se encuentra disponible”, aparece en el sitio de Gobierno ante el intento de consultar los organigramas en 7 de los 8 ministerios. Algo similar ocurre con la Secretaría de la Presidencia. “Estamos trabajando en esta sección”, figura en la web oficial.

El desembarco libertario en el Estado se da en estridente armonía con los lineamientos de gestión. Por un lado, la falta de designaciones camina a la par del recorte del sector público que promueve el oficialismo y hace juego con el mensaje antiestado que emana de la primera magistratura.

Por el otro, la eficiencia del sector público, otro gran objetivo de gestión –incluido en el borrador de la reformulada ley ómnibus–, también se ve afectada por los huecos en la administración, tal como confiesan en una secretaría, cuando afirman que la falta de firmas traba la marcha operativa de algunas “cuestiones”.

Armado: el caso de Capital Humano

La misma página web da un indicio del alcance que el oficialismo busca darle a cada área de Gobierno. Allí se informa que con casi 50 funcionarios, la cartera política que conduce Guillermo Francos es la más poblada en el armado libertario. En segundo lugar, con solo la mitad de los 36 cargos designados, figura el Ministerio de Defensa, conducido por Luis Petri.

El Ministerio de Economía, con Luis Caputo a la cabeza, tiene 35 cargos oficiales; el de Justicia, en manos de Mariano Cuneo Libarona, figura con 15 y la cartera de Seguridad de Patricia Bullrich, descontando las bajas, con 13. Ninguno de estos ministerios exhibe todavía el organigrama interno.

Por su parte, el Ministerio de Salud, dirigido por Mario Russo, figura con 12 nombramientos, los mismos que tiene Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello.

Dentro de esa vasta cartera, restan llenar muchos casilleros. “No hay novedades”, repiten en algunas de las patas que la componen ante la consulta sobre el avance en los nombramientos.

De acuerdo al boletín oficial, en Cultura, la secretaría que comanda Leonardo Cifelli, fueron designados el subsecretario de Gestión y Desarrollo Cultural, Ignacio Lupi, y la subsecretaria de Patrimonio Cultural, Liliana Graciela Barela. Más recientemente se sumaron tres funcionarios; dos recalaron en el Teatro Cervantes y otro al frente de la comisión de bibliotecas populares (Conabip).

A fines de febrero, Carlos Pirovano quedó a cargo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) y nombró a su vez a tres nuevos funcionarios dentro del organismo. En total, por debajo de Cifelli, hubo 9 designaciones oficiales. Ante la consulta de LA NACION, en el área no pudieron precisar los cargos vacantes. “Faltan las designaciones del Centro Cultural Kirchner, del Instituto Nacional de Teatro, por ejemplo. Y varias más”, se limitaron a afirmar.

Maximiliano Keczeli, un ingeniero industrial que tuvo un paso fugaz por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y hoy ocupa el cargo de secretario de coordinación legal dentro de Capital Humano, fue designado como “responsable interino” del Instituto, en lo que sería su tercer nombramiento en tres meses y el décimo dentro de Cultura.

La secretaría de Trabajo, marcada por la salida primero del número dos del área, Horacio Pitrau, y luego por la del secretario, Omar Yasin, tiene cinco designaciones, una de ellas carácter transitorio. La última designación fue la de Julio Cordero, a cargo del área. Con anterioridad, Mariano de los Heros sustituyó al desplazado Osvaldo Giordano al frente de la Anses.

Por debajo de Carlos Torrendell, cabeza de la secretaría de Educación, trabajan cinco funcionarios con cargos oficializados: cuatro subsecretarios y un director. Designados todos en el plazo de una semana.

En Niñez, Adolescencia y Familia, la secretaría que conduce Pablo de la Torre, fueron oficializados tres subsecretarios y un director, la misma cantidad de funcionarios que tiene el Incaa. Allí, anida una porción del exPotenciar Trabajo, el programa social de mayor envergadura. Ante la consulta de este medio, tampoco pudieron precisar los cargos vacantes. Si se toma como parámetro los 40 lugares que entre direcciones y subsecretarías fueron diseñados al inicio de gestión, fue ocupada menos del 8% de la estructura.

Entre los otros organismos que integran la estructura del Ministerio, como el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), la Secretaría de Coordinación Legal, o la Subsecretaria de Protección contra la Violencia de Género (exMinisterio de las Mujeres), suman otras 13 designaciones, algunas de ellas de carácter transitorio.