En octubre de 2023, el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, denunció a dos jueces de la Sala 3 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata ante el Jurado de Enjuiciamiento en el marco de la obscena causa Chocolate. Pidió en esa oportunidad la destitución de los magistrados Juan Alberto Benavides y Alejandro Gustavo Villordo y su apartamiento preventivo mientras se sustancia el proceso por su patente mal desempeño y su grosero distanciamiento del orden legal al obstruir la causa contra Julio “Chocolate” Rigau.
La denuncia analiza en profundidad la escandalosa decisión de los camaristas que, sin tener jurisdicción para hacerlo, admitieron y dieron curso a un recurso de habeas corpus y, en ese marco, declararon la nulidad de la actuación policial contra Rigau y todo lo actuado posteriormente en la causa, ordenando que fuera liberado y que le fueran restituidos el dinero secuestrado y las más de 40 tarjetas bancarias de las que no era titular. Cabe señalar que Rigau volvió luego a prisión cuando la Cámara de Casación bonaerense revocó lo actuado.
En el marco del recurso contra la decisión de liberarlo, quedó de manifiesto en la decisión del Tribunal de Casación Penal que los camaristas Benavides y Villordo se habían apartado groseramente de la ley.
En efecto, los jueces María Florencia Budiño y Luis María Mancini entendieron que la resolución de la Cámara debía ser anulada por razones previas al análisis de cualquier fundamentación. Concluyeron que no era necesario adentrarse en los fundamentos de la apelación del fiscal general de La Plata ni del particular damnificado porque la decisión de la los jueces Benavides y Villordo era palmariamente nula.
Afirmaron que ello era así́ porque el tribunal de alzada había actuado “… excediendo los límites normativos que determinan su capacidad material de conocimiento y, por tanto, sin tener habilitada su jurisdicción”.
Destacaron que la Cámara actuó por fuera de su jurisdicción en tanto, según la ley procesal vigente, la orden de detención dictada por el juez competente no resulta impugnable por vía de habeas corpus.
Quedó de manifiesto que los camaristas Benavides y Villordo se habían apartado groseramente de la ley al declarar la nulidad de la actuación policial contra Julio Rigau
Sostuvo el procurador en su denuncia: “La decisión de los jueces Benavides y Villordo se apartó́ abiertamente de las constancias objetivas de la causa. A través de un razonamiento arbitrario –canalizado, además, por una vía improcedente–, el decisorio terminó por provocar un daño de tal trascendencia y gravedad que hiere profundamente a los poderes del Estado, en general, y a la administración de justicia, en particular”.
Afirmó también que “la materia objeto del petitorio tenía vía procesal adecuada en la causa en que se estaba discutiendo la excarcelación”, que “tenía así un juez natural (precisamente juez de garantías) y con la admisibilidad de la vía extraordinaria se terminó́ apartando a dicho juez y sustituyéndoselo por la Sala 3 de la Cámara de Garantías y Apelación”. Conte Grand consideró que la maniobra de sacar la causa de su juez natural es una actitud propia de un fenómeno tristemente difundido, conocido como forum shopping.
Por otro lado, expresó que “la resolución ha generado una gran conmoción en el tejido social, que enfrenta una decisión que terminaría por invertir las responsabilidades, diluyendo aquella que potencialmente podía caberle al detenido para, en definitiva, cargar las culpas sobre el accionar policial”. Ante una causa tan trascendente para la sociedad, la Justicia vuelve a quedar bajo la lupa. Como bien señaló el procurador bonaerense, el proceder de los doctores Benavides y Villordo refuerza “el estado de desconfianza social en la judicatura”.
Impulsada por María Eugenia Talerico, Javier Iguacel y Ricardo López Murphy, se tramita también contra estos jueces una causa penal por el delito de prevaricato ante el Juzgado de Garantías N° 3 de La Plata. En ese marco, mediante la producción de abundante prueba documental y testimonial, se ventilaron los entretelones de la vergonzosa negociación interna entre los jueces y la elaboración de los votos para liberar a Chocolate Rigau. Con esos elementos, el fiscal bonaerense Juan Ignacio Mennucci entendió que se encontraba prima facie acreditada la comisión del delito de prevaricato, por lo que imputó formalmente a Benavides y Villordo, quienes ya fueron notificados.
En junio pasado, el polémico juez Benavides había confirmado el sobreseimiento del exgobernador y actual secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, en una investigación por negociaciones incompatibles con la función pública, tras haber adjudicado obras a un empresario supuestamente afín.
Ahora, para que la causa contra Villordo y Benavides avance con el proceso de destitución, será necesario que se integre el Jurado de Enjuiciamiento con seis legisladores abogados y seis conjueces por ser sorteados. Además de que están protegidos por sus fueros, los jueces que quisieron tapar el escándalo de corrupción en la Legislatura bonaerense, paradójicamente, deberían ser destituidos por la propia Legislatura para que puedan comparecer.
