Tras el anuncio del Gobierno de eliminar el Instituto de Agricultura Familiar Campesina-Indígena y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar (AFCI), la Federación Agraria Argentina (FAA) criticó la medida oficial anunciada por el vocero, Manuel Adorni. Señaló que “sería un error” terminar con el organismo y agregó que, si hubo irregularidades, estas tienen que investigarse, pero no ponerle fin al organismo que depende del ministro de Economía, Luis Caputo.
“Luego de escuchar en la conferencia de prensa del vocero del gobierno nacional que eliminarían el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, y constatar a través de un comunicado de prensa oficial en el que hablan de intervención del mismo, desde FAA queremos expresar que, en el marco del decenio de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (AFCI) sería un error eliminar el área donde Argentina debe discutir políticas públicas específicas. Más allá de comprender la importancia de analizar cómo se venía gestionando dicho instituto, y las necesidades económicas que aquejan al país, que obliga a reducir gastos, sostenemos que los pequeños productores comprendidos en ese universo siguen necesitando del apoyo técnico, asistencia y acompañamiento de parte del Estado Nacional”, dijo la entidad.
“Han sido muchos años de lucha para lograr la sanción de la ley de reparación histórica de la AFCI 27.118, que contempla las especificidades, necesidades y características de miles de productores familiares de nuestro país, y que a la fecha continúa sin ser efectiva, porque ninguno de los gobiernos que estuvieron a cargo desde su sanción la reglamentó íntegramente. Sin embargo, los errores de la política, o los posibles hechos que quieren investigar, no pueden hacernos perder el foco de la discusión: si hubo errores o abusos, deben corregirse; pero no debe eliminarse el área, pues las necesidades son reales, y los productores, allí estamos”, agregó.
FAA cuestionó a “la política” y pidió “no desatender a este grupo social y productivo tan postergado”. Añadió: “Los agricultores familiares no somos ni queremos ser sujetos de asistencialismo. Somos productores, con una escala más pequeña, por lo que queremos seguir siendo tratados como tales, en el ámbito donde corresponde, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, respetando y haciendo efectivas las conquistas que alcanzamos con la ley 27.118, sin abusos de los políticos de turno. En el decenio de la agricultura familiar, reconocido por todos los países del mundo, como país no podemos cometer el error de dar un paso atrás”.
Según señaló esta mañana Adorni, la medida oficial se tomó luego de una “revisión de datos calamitosos y profundamente desoladores”. Afirmó que el organismo, que contaba con 964 empleados y 164 delegaciones, se reducirá a una Dirección con 64 empleados, lo que supondrá un ahorro de 9000 millones de pesos. “El 85% de su presupuesto se dedicaba a pagar sueldos y funcionaba como una agencia de empleo político”, expresó.
Más críticas
En tanto, la Junta Interna de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Agricultura criticó duramente la medida, advirtiendo sobre sus posibles consecuencias. Destacó que esta decisión podría acarrear un “brutal crecimiento de la pobreza”, especialmente en los centros urbanos de las grandes ciudades.
ATE Agricultura emitió un comunicado titulado “Milei y Adorni no la ven: la agricultura familiar no es un videojuego”. Agregó: “El desconocimiento del gobierno nacional respecto de lo que pasa en el interior del país es tan brutal que han nombrado para liquidar al INAFCeI a la psicóloga de la Policía de la Ciudad, Clara Sanz, que en tan solo cuatro días tomó una decisión que afecta al principal sector productivo de nuestro país”.
El gremio indicó que desde diciembre pasado el instituto ha estado sin autoridades formales. Calificó de “incoherencias” las manifestaciones del vocero presidencial y presentó una serie de datos para respaldar su postura.
Según indicaron, el organismo tiene 23 coordinaciones y 106 unidades territoriales en todo el territorio nacional. De esas oficinas solo dos tienen gastos de alquiler (Santiago del Estero y Catamarca), el resto de las oficinas están emplazadas en distintos organismos del Estado nacional y desde allí sus técnicos asisten a más de 200.000 agricultores familiares. Respecto a los vehículos, se aclaró que de los 200 mencionados por las autoridades, 30 han sido dados de baja por desuso, 60 están en reparación y solo 120 están operativos. “Ante estas deficiencias, son las y los mismos trabajadores del Instituto quienes se ocupan de solventar los gastos de movilidad (nafta, viáticos, reparaciones, etc.) para llegar a los territorios”, explicó.
El comunicado subrayó que el cierre del organismo no solo afectaría a la principal productora de alimentos de la economía nacional, sino que también tendría un impacto significativo en la viabilidad económica de las familias que residen en las zonas rurales más remotas del país. “Todos esos organismos y estamentos gubernamentales ven lo que Adorni no: la Agricultura Familiar es la principal productora de alimentos de nuestra economía, generadora de valor agregado y, por sobre todo, una actividad que permite darle viabilidad económica a las familias que hacen patria en los lugares más recónditos del país”, señaló.
Además, desde el gremio alertaron que el supuesto ahorro económico que se pretende lograr con esta medida podría ser contraproducente. “Milei no la ve: El gasto que dicen ahorrar con el cierre del INAFCeI es el que van a tener que multiplicar para garantizar salud, seguridad y educación en las ciudades que recibirán a la población que se desplace desde la agricultura familiar hacia esos centros urbanos”, apuntó.
