Un sindicato criminal coloniza territorios en la región y posicionarse entre narcos argentinos sería la próxima etapa de un avance arrollador que cambia las reglas no escritas del delito en cada enclave conquistado. La avanzada de los movimientos locales del Primer Comando Capital (PCC) puede encontrarse al seguir los pasos del empresario boliviano Jorge Adalid Granier Ruiz, cuyo procesamiento por el tráfico aéreo de cocaína fue confirmado en los últimos días por la Cámara Federal de Salta.
El “señor de los cielos del Mercosur ampliado” había sido capturado el 28 de marzo de 2023 en Brasil y extraditado a nuestro país para afrontar la acusación por el contrabando de casi 400 kilos de cocaína que fueron interceptados, en 2020, en la localidad bonaerense de Ramallo. El lugar del arresto no pasó inadvertido, ya que tras el arresto en un control vial fue detectado su alojamiento en una finca ubicada en el estado de Mato Grosso, muy cercana a una de las mansiones de Gilberto Aparecido Dos Santos, conocido como Fuminho, segundo en la escala de mando del PCC. Antes de ser atrapado en Mozambique, en 2020 se habían identificado ingresos de Fuminho en la Argentina y su hospedaje en un departamento en la ciudad de Buenos Aires, que figura a nombre de Granier Ruiz.
Al ser detenido por policías brasileños, Granier Ruiz presentó documentos que lo identificaban como Jorge Méndez Ardaya. Había usurpado la identidad de un ciudadano boliviano fallecido en 2012. Mientras esperaba la extradición a la Argentina, Granier Ruiz fue condenado a dos años de prisión en Brasil por el uso de esa documentación falsificada. En la sentencia, el juez, luego de advertir que su caso se limitaba a la tenencia de identificaciones adulteradas, consignó: “Destaco que todos los datos presentados inicialmente convergen para que consideremos que el imputado es el propio Fantasma, el narcotraficante más buscado en la Argentina y uno de los jefes operativos de la facción criminal PCC en ese país”.
Ese ciudadano boliviano que tenía la fachada de empresario agropecuario era el coordinador de las avionetas que abastecen de cocaína a las redes del PCC, que ya domina las rutas de tráfico aéreo que cruzan Bolivia y Paraguay. Con esa logística, el cartel narcocriminal originado en los años 90 por un acuerdo entre presos en una cárcel de San Pablo tiene la llave de abastecimiento para los clanes criminales argentinos. Entre sus mejores clientes están las bandas rosarinas.
Esa unión entre un hombre de confianza de la conducción del PCC y los clanes que reparten violencia indiscriminada en Rosario queda expuesta en el procesamiento de Granier Ruiz por la investigación que llevó adelante el juez federal de Salta Julio Bavio, posiblemente el magistrado argentino que más entiende sobre vuelos ilegales, ya que es autor de un libro sobre esa problemática.
La causa se inició en Salta con el seguimiento de la red de avionetas narco y se profundizó en 2020 cuando la Gendarmería interceptó en la localidad bonaerense de Ramallo un convoy de camionetas que transportaban casi 400 kilos de cocaína. Se determinó en la pesquisa que la droga había sido trasladada por una avioneta que despegó en Bolivia y bombardeó el cargamento en los alrededores de la localidad santafesina de Iberlucea, donde se acopió la cocaína hasta que se alistó el transporte terrestre que, finalmente, fue detectado por las fuerzas de seguridad federales.
Al incautarse los teléfonos de quienes fueron sorprendidos en esos vehículos se avanzó en la pesquisa hasta encontrar celulares en los que había comunicaciones directas de Granier Ruiz. “En la imputación a Granier Ruiz, el equipo fiscal liderado por el fiscal general de Salta, Eduardo Villalba y el titular de la Procunar, Diego Iglesias –con la asistencia de Jorge Viltes Monier, Mariana Gamba Cremaschi y Matías Álvarez, como auxiliares fiscales– presentó intervenciones telefónicas donde el acusado reconoce que cobra una suma de 320.000 dólares por el transporte de la droga en aeronaves, con un adelanto de 50.000 dólares, y señalaba que la capacidad de carga de las avionetas rondaba entre los 380 y 400 kilos”, informó en los últimos días el Ministerio Público Fiscal en su portal de noticias.
Eso indica que, más allá de las franquicias criminales, es el PCC quien controla directamente las redes de abastecimiento de cocaína en la Argentina. Y la presencia de ese cartel –el único en la región que tiene similares características de las organizaciones narco colombianas o mexicanas, más cercanas al terrorismo que al delito común– nunca pasa inadvertida en las zonas colonizadas. Su sello es un salto inusitado de la violencia. La zona de Iberlucea, donde se acopió el cargamento de cocaína que habría enviado Granier Ruiz, quedó, casualmente o no, vinculada con una de las peores matanzas narco, con los asesinatos de una pareja y su beba luego de una boda junto a varios clanes de vendedores de drogas.
En nuestro país las organizaciones criminales tienen movimientos singulares. Hay muertes por venganza o conquista de puntos de venta de droga, pero no hay enfrentamientos con las fuerzas policiales. Casi ningún grupo narco local defendió sus zonas de acopio o comercialización a tiros frente a un allanamiento. La costumbre es aceptar el arresto. En general, el armamento narco –incluso en Rosario– se alimenta de pistolas 9 mm y ametralladoras de origen policial que de alguna forma llegan a sus manos. Muy diferente es la característica del PCC, cuyas franquicias no tienen reparos en usar fusiles tácticos militares y ametralladoras pesadas calibre .50 tanto para poner bajo fuego a los uniformados que los persiguen como para arrollar a sus competidores.
En junio de 2016 la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero era escenario de un sangriento cambio en el gerenciamiento delictivo. La banda brasileña ya no se contenía dentro de sus fronteras, incluso hacía tiempo que se había animado a enfrentarse con el carioca Comando Vermelho en cada favela de Río de Janeiro. El emporio criminal de San Pablo quería transformarse en una multinacional del delito. Y Pedro Juan Caballero era la llave para la conquista regional, ya que de allí parten todos los vuelos que llevan marihuana a Brasil, la Argentina y Uruguay. En esa zona mandaba un hacendado paraguayo, Jorge Rafaat. Lo conocían como Sadam. Dicen que, al igual que el sátrapa iraquí, Rafaat era despiadado y tenía su propio ejército urbano. Su camioneta blindada no lo protegió de la emboscada de una calibre .50 montada dentro de una camioneta. En el mundo del hampa se impone quien tiene mayor poder de fuego. Y nadie supera al PCC en ese rubro.
El caso de Granier Ruiz expone que el PCC ya tiene control sobre las rutas de abastecimiento de drogas y quedó posicionado directamente encima de los clanes que distribuyen cocaína y violencia en las calles rosarinas.
