Esta vez no tuvo que ser Luis Caputo el encargado de marcar el rumbo. La semana pasada, el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, se quitó el saco y se sentó frente a un aula repleta de la Universidad Di Tella (UTDT). En el encuentro, al que no fue invitada la prensa, lo escuchaban atentamente decenas de estudiantes de Finanzas.

Bausili destacó que hay dos pilares en el horizonte: el déficit cero y bajar la inflación. En ese sentido, afirmó que los planes de su exsocio en Anker –la consultora que compartía con Caputo– están pensados sin tener en cuenta al Congreso. Afirmó que las reformas, tanto aquellas en el mega-DNU como en la ley ómnibus, serían una ayuda y que sin ellas todo será más duro. Sin embargo, ratificó: “Los objetivos se mantienen a toda costa”. Para controlar el gasto –incluso el de las provincias– y la emisión, especificó Bausili, no es necesario disponer de diputados, senadores o de gobernadores propios.

El presidente del BCRA dejó dos títulos más: la dolarización se mantendrá en la agenda. Se trata de una decisión del presidente Javier Milei. Luego, como Caputo a los empresarios, negó que en el camino haya una nueva devaluación.

Algunos números oficiales reflejan una realidad que se acompasa a esa mirada. En febrero, el precio de los artículos importados se movió al 2,7%, levemente por encima del crawling peg [microdevaluaciones diarias] de 2% que mantiene el BCRA desde diciembre como ancla cambiaria. A más largo plazo, ya sin piso mínimo, los bancos comenzaron a bajar las tasas de interés. De un mes a dos meses, se paga 71%; de seis meses a un año, 64%, y más allá de un año, la tasa es 55%.

Algunas consultoras privadas son optimistas con el precio de los alimentos, el más sensible, en marzo. Econométrica, que prevé una inflación de 12% para el mes –una desaceleración frente a febrero que proviene, en parte, de pisar aumentos de tarifas–, registró un avance de 1,5% en los alimentos en la segunda semana del mes, por debajo del observado en diciembre, enero y febrero.

Sin embargo, en Economía tienen conciencia de que el precio de los alimentos –que venía siendo actualizado por inflación antes de la devaluación– no desaceleró una vez ajustados los precios relativos. “Pusieron sus precios a un dólar catástrofe”, contó una fuente del Gobierno que participó de las reuniones encabezadas por Caputo con los supermercados y la industria alimentaria. Son encuentros que abrieron una grieta, una presión al sector privado: derivaron en la facilitación de importaciones de más de 2900 posiciones arancelarias (pagos a 30 días) y en la quita de impuestos transitoriamente al producto que llega del exterior.

El costo de la medida

En el Gobierno creen que lo que más enojó a algunos empresarios es el acceso al plazo de pago y confían en que la convergencia de precios a la baja será muy rápida. No más de dos meses. El costo fiscal para el Gobierno es de US$150 millones mensuales. Es bajo frente a lo que costaría, por caso, eliminar los aranceles a las computadoras.

“La presión es creíble”, afirmaron quienes negocian con los empresarios. Enumeran que la gaseosa más popular en el país cuesta más que en España, que la pasta de dientes es más cara que en Francia y que la Argentina tiene “los pañales más caros del mundo”.

Según la última actualización a febrero del informe de Seguridad Alimentaria del Banco Mundial, la Argentina encabeza el ranking de diez países en el que los alimentos más se encarecieron, con un incremento real de 42% interanual. Está por encima incluso de Palestina, hoy zona de guerra en Medio Oriente. Le siguen Zimbabue, Egipto, el mencionado Palestina, Vietnam, Malawi, Haití, Liberia, Malta y Guinea.

A no confundirse. El secretario de Comercio, Pablo Lavigne, participó en los encuentros con Caputo y los empresarios porque el diagnóstico era doble. El problema, además de la variación de precios –la inflación, que deben controlar Economía y el BCRA– era el nivel. Por eso, la decisión fue agregar competencia internacional. No se intervendrá con controles desde esa dependencia, hoy interesada en la facilitación de integración al mundo (eliminaron ya 69 normas) y la defensa a la competencia. De hecho, en la ley ómnibus había una nueva normativa para establecer un tribunal de defensa a la competencia. El plan B, cuentan, es utilizar la vieja ley, “más engorrosa”, pero tener un tribunal independiente sí o sí para fin de año.

En el Gobierno confían en que los precios de los alimentos estén en marzo –un mes en el que volará el rubro educación– por debajo de febrero, cuando marcaron un 11,9%. Aunque son cautos por lo que pueda pasar en carnicerías y verdulerías, los llamados frescos. También por lo que pueda suceder en el interior con el impacto de los aumentos de los regulados. La victoria está lejos de estar asegurada. Es clave para Caputo y Milei mostrar que el sacrificio que hacen jubilados, trabajadores o empresarios, quienes no son casta, tiene resultados inmediatos. Ya lo dijo el ministro de Economía con las empresas estadounidenses: la baja será de shock o no será. La tolerancia social en la Argentina no es como la peruana: la reducción de la inflación no puede durar tres años.

Se entiende así el apuro de Caputo y el enojo por las estrategias comerciales (el 2×1) de los empresarios. ¿El trasfondo? Alimentos pesa 23,4% en el IPC; educación, 3%. Un buen número en alimentos es la clave para mantener las expectativas de desaceleración.

Hay confianza. “La inflación vuelve al nivel de noviembre sin ningún tipo de controles de precios”, escribió Domingo Cavallo en X citando a Alberto Cavallo. “La inflación mensual de la Argentina medida por PriceStats está cerca del 8,5%. Es un nivel muy similar al que tenía en noviembre de 2023″, escribió en esa red social el profesor de Harvard Business School.

Es probable que Caputo presente algunos de estos números en un almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp) el jueves en el segundo puso del Hilton Buenos Aires Hotel.

El peso del ajuste

El ministro de Economía repasará no solo sus resultados con los precios, sino que hará mención al superávit financiero por primera vez desde 2011 en un primer bimestre. Si se compara el gasto de ese primer bimestre de este año con el de igual período de 2023 se ve una disminución de 38% del gasto primario. Unos 13 de esos 38 puntos lo explican la caída en jubilaciones; seis puntos son subsidios; cinco, baja del gasto de capital; otros cinco son transferencias a provincias (corrientes y de capital); cuatro son “ahorro” por salarios y otros gastos de funcionamiento; y cuatro, otras prestaciones sociales. Los recursos se bajaron un 20% real mes a mes.

La recesión divide a los empresarios, sobre todo por el “bastardeo” que algunos ven desde el Gobierno a los hombres de negocios locales. Uno de ellos describe que están quienes hoy “surfean la ola” y los que “escalan la montaña”. Los primeros son mayoría. La recesión les pega y saben que aún no se llegó al final de la curva. “Esto preocupa”, dice uno, crítico de la decisión de abrir importaciones. No fue casual ver un informe con el peso de los impuestos en el precio de los alimentos el fin de semana (son casi el 43%). Los segundos, describen, son los que quieren “colonizar”. Miran principalmente en el terreno de la energía con YPF en medio y Vaca Muerta como destino. Es la nueva joya de la corona.

Otras víctimas son los fiscos. Eso desató la voracidad fiscal de la provincia de Buenos Aires de Axel Kicillof y el llamado a la “rebelión fiscal” de Milei y José Luis Espert.

“No estamos viendo un desplome del cumplimiento y la cobrabilidad. No hay en curso una insurrección civil y una rebelión fiscal a la que Milei y Espert le ponen voz”, dijo Cristian Girard, titular de Arba, al periodista Ramón Indart. En la provincia afirman que buscan disimular el ajuste.

Algún pícaro tomó la declaración jurada pública de Espert y lo cruzó –CUIT mediante–con sus deudas en la provincia. No tiene. “Es un gran contribuyente”, lo chicanearon.